La morosidad en la Unión Europea es un problema. Por este motivo, los Veintisiete se han propuesto acabar con el problema de la morosidad empresarial, que ve como una piedra en el camino para que el tejido productivo disponga de recursos para poder subsistir. La Comisión Europea incluso maneja datos del efecto de esa morosidad al señalar con el dedo a las deudas comerciales como responsables de una de cada cuatro quiebras que se producen entre las empresas.
El texto del borrador del futuro reglamento contra la morosidad con el que trabaja la Comisión Europea se encuentra en fase de negociación. En la misma participan los grupos políticos y agentes sociales europeos (sindicatos y patronales), que podrán presentar las enmiendas que consideren oportunas. El documento inicial incluso incluye el régimen sancionador para las empresas morosas.
La siguiente fase será incorporar las enmiendas que el Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos consideren que mejoran el texto para luego ser votado por las Cámaras para su aprobación definitiva. Pero dados los tiempos con los que se trabaja en la Unión Europea para la elaboración de los reglamentos, no es de esperar que el documento llegue a ser aprobado en la presente legislatura, que ya tiene fecha de caducidad: el 9 de junio se celebrarán las elecciones europeas de las que saldrán los nuevos representantes de todos los partidos de los veintisiete países que integran la Unión. Por tanto, en Bruselas calculan que el reglamento no se va a poder aplicar prácticamente hasta finales de año.
En el sector empresarial ha surgido la preocupación por la elaboración de este reglamento, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas, así como entre los trabajadores autónomos. Son precisamente estas empresas las que más se ven afectadas por el retraso de los pagos por parte de las grandes empresas. El origen de esta demora es la subcontratación de la prestación de bienes y servicios por parte de las grandes empresas. A ello se suman los retrasos de pagos de las propias Administraciones Públicas, fundamentalmente con estas grandes empresas, que al subcontratar los servicios de otras más pequeñas hacen repercutir los retrasos en ellas.
LA UE PRETENDE REDUCIR DE 60 A 30 DÍAS LA MOROSIDAD
Así las cosas, el borrador del futuro reglamento europeo contra la morosidad de las empresas se ha fijado como objetivo reducir de 60 a 30 días el periodo de pago a proveedores, con independencia del tipo de sociedad que sea la empresa, su número de trabajadores o si es un autónomo. Ni que decir tiene que la patronal española no está de acuerdo, ya que se quiere poner en la misma situación a una gran empresa que a un trabajador autónomo.
El presidente de AECIM y del Observatorio de la Morosidad de Cepyme, Luis Collado, celebra que el nuevo reglamento europeo facilita su implantación de forma simultánea y rápida en todos los países de la Unión Europea, pero recalca que aún queda mucho camino que recorrer. En su opinión, el reglamente es «un paso importante en la dirección correcta» y destaca como positivos algunos puntos del reglamento para luchar contra la morosidad: Establecimiento de plazos de pago razonables (30 días); Intereses de demora automáticos; Compensación por costes de recuperación; Transparencia y protección de las pymes; Promoción de herramientas digitales y formación financiera.
Pese a la presión que las pymes y los autónomos ven sobre ellos con el nuevo reglamento europeo contra la morosidad, algunas patronales como la catalana Pimec consideran que las nuevas normas «frenarán el abuso» hacia las pymes y mejorará la competitividad. Así lo ha asegurado al conocer el borrador el presidente de Pimec y de la Plataforma Multisectirral contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete.
Cañete explicó en Bruselas que la actual situación de los plazos de pagos en España, donde «hace tiempo que no se cumplen los límites marcados por la ley, lo que crea es una situación de abuso por parte de las grandes empresas y de la Administración Pública hacia las pymes». Y puso como ejemplo una factura de una empresa por importe de 2.000 euros, que no se pagaron hasta 210 días después, «muy por encima del plazo legal».
También el jefe de la Unidad de Pequeñas y Medianas Empresas de la Comisión Europea, Bonifacio García-Porras, ha explicado que «el hecho de que sea un reglamento y no una directiva garantiza su rápida aplicación y de forma armonizada en cualquier parte de la Unión Europea».
CEPYME ASEGURA QUE LA DEUDA CON LAS PYMES ALCANZÓ LOS 2.700 MILLONES DE EUROS EN 2023
Los datos que manejan las patronales españolas (CEOE-Cepyme) cifraron en 2.700 millones de euros la deuda comercial de las pymes españolas en 2023, una cuantía de deuda que es la mayor registrada desde 2009, en la anterior crisis económica. En parte, reconocen en Cepyme, ese montante obedece a que 1.400 millones se corresponden con el esfuerzo realizado por las pequeñas y medianas empresas para financiar las ventas que se cobran dentro de los plazos acordaos, mientras que los 1.300 millones restantes son ventas que se cobran después de los 60 días.
Ante el problema que se les avecina a los autónomos, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, considera que el reglamento debería diferenciar a los autónomos del resto de las empresas. En este sentido, argumenta que si ya con la actual normativa los autónomos tienen serios problemas para atender sus pagos (tienen un plazo máximo de 60 días para pagar a sus proveedores), si ese plazo se reduce a la mitad, 30 días, las dificultades aumentarían el doble, y no supondría un mejor funcionamiento del sistema de pagos. Esta es la razón por la que Amor pide que se fijen «excepciones» para los autónomos y las pymes porque «los grandes perdedores y paganos del reglamento tal y como está a día de hoy son los autónomos».
Amor también aprovecha parar señalar a las Administraciones Públicas como las peores pagadoras, y propone que las empresas y autónomos afectados por esos impagos puedan liquidarlos con la reducción del pago de sus impuestos.
LOS EMPRESARIOS PREFIEREN UNA REDUCCIÓN GRADUAL Y DIFERENCIAR SECTORES Y TAMAÑOS
Por su parte, CEOE confirma que la propuesta de la Comisión Europea que les ha llegado es la reducción progresiva de los plazos de pago hasta alcanzar los 30 días. Con esta progresividad se reduciría el impacto financiero entre las empresas con una situación financiera peor, que en algunos casos podría obligarlas al cierre definitivo.
De no establecer un periodo transitorio para la reducción gradual de los plazos, la patronal española defiende que se fijen marcos diferenciados, según los sectores y el tamaño de las empresas.
La organización presidida por Gerardo Cuerva (presidente de Cepyme) considera que es posible que se establezca un reglamento, porque así todas las empresas tendrán las mismas reglas de juego, pero si esas reglas se incumplen significa que el listón que se ha establecido es muy alto para que nadie lo pueda pasar. Si se establecen plazos asumibles, las pequeñas y medianas empresas podrían soportar que se establecieran recargos automáticos sobre el pago, de forma que el que incumpla el plazo tenga que pagar intereses según los días de demora.
