El Ministerio de Sanidad, bajo el liderazgo de Mónica García, ha dado un paso significativo hacia la integración de datos socioeconómicos en el historial clínico del paciente, también conocido como Historia de Salud Digital. En colaboración con las Comunidades Autónomas, se ha consensuado la recopilación de información personal, abarcando aspectos económicos, sociales y familiares, con el objetivo de enriquecer el abordaje de la salud desde una perspectiva más completa.
La inclusión de estos datos busca proporcionar una visión más integral de los «condicionantes» socioeconómicos que impactan en la salud de la población. Este enfoque permitirá al Ministerio de Sanidad identificar de manera más precisa los factores externos que pueden influir en la salud de un individuo, abriendo la puerta a un abordaje más efectivo y personalizado de las necesidades de cada paciente.
La iniciativa responde a la necesidad de comprender y gestionar los aspectos biopsicosociales que afectan la salud de la población. La recogida uniforme de datos permitirá a los profesionales de la salud tener acceso a información relevante sobre el contexto económico, social y familiar de los pacientes, mejorando así la calidad de la atención médica.
No obstante, hay algunas preguntas en el informe elaborado por el Ministerio de Sanidad que plantean serías dudas sobre su legalidad o no, más allá de si es para el beneficio personal del paciente.
SANIDAD PRETENDE MEJORAR LA BASE DE DATOS DE LOS HISTORIALES CLÍNICOS
En un esfuerzo por abordar de manera más efectiva las complejidades que rodean la salud de las personas, el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha elaborado un documento que destaca la necesidad de reformar la historia clínica para incluir de manera sencilla los condicionantes sociales y familiares que influyen en la salud de la población.
Según el informe emitido por el Ministerio, la actual historia clínica no permite registrar y actualizar fácilmente los principales factores sociales y familiares que pueden impactar en la salud de las personas. Esta limitación, según el ministerio, dificulta la evaluación de la influencia de estas variables en la salud y contribuye a la invisibilización de su importancia.
El informe señala que esta falta de información dificulta la detección de grupos de personas en situación de vulnerabilidad y obstaculiza la orientación de las políticas de salud según las necesidades reales de la población. En este sentido, el protocolo de actuación propuesto por el Ministerio de Sanidad se basa en la premisa de que la salud está estrechamente vinculada a las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales en las que las personas viven, trabajan y envejecen.
Los determinantes sociales de la salud, distribuidos de manera desigual en la población, generan desigualdades sociales en la salud. Para abordar este problema, el Ministerio sostiene que es esencial contextualizar y entender las circunstancias de vida de las personas para realizar un abordaje biopsicosocial.
Mónica García ha expresado su objetivo de incluir estos datos en la historia clínica de los pacientes, permitiendo que los equipos profesionales consideren las condiciones de vida de cada individuo al realizar diagnósticos, recomendaciones, seguimientos o propuestas de manejo y cuidados. Además, según el ministerio, el registro de estos condicionantes puede favorecer la implementación de la vigilancia de los determinantes sociales de la salud y sus desigualdades, contribuyendo así a alcanzar la equidad en la atención sanitaria. Este enfoque, que busca una atención más integral y personalizada, marca un paso importante hacia la mejora de la salud pública en España.
PREGUNTAS MUY PERSONALES EN EL CUESTIONARIO QUE BUSCA IMPULSAR SANIDAD
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha propuesto un cuestionario socioeconómico que, aunque inicialmente es recomendado y opcional para los pacientes, podría suscitar cuestionamientos sobre la protección de datos si se convierte en obligatorio. La información recopilada, según el Ministerio, busca entender mejor los condicionantes sociales que influyen en la salud de las personas, aunque se reconoce la delicadeza de las preguntas.
La Atención Primaria de cada Comunidad Autónoma será la encargada de solicitar a los pacientes estos datos a través de un cuestionario. Entre las preguntas, se incluyen aspectos personales como edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, migración y origen, clase social, lugar de residencia, discapacidad y dependencia, así como el contexto social y familiar.
En el apartado de «clase social», el Ministerio vinculará los datos de la siguiente manera:
Nivel de renta: Se sugiere recoger tramos de nivel de renta para discriminar la clase social. Los tramos propuestos, basados en los del Ministerio de Hacienda para el cálculo del IRPF en 2023, incluyen desde ingresos hasta 12.450 € hasta más de 300.000 €.
Situación laboral actual: Se indaga sobre si el paciente está activo/a, no activo/a, pensionista, desempleado/a u otras situaciones.
Clase social ocupacional: Se pregunta por la ocupación laboral actual o la última ocupación para aquellos que no trabajan actualmente, utilizando categorías que van desde directores/as y gerentes hasta trabajadores/as no cualificados/as.
Cribado de pobreza: Se consulta si, en el último año, el paciente ha experimentado dificultades para llegar a fin de mes.
El documento indica que no se debe registrar la etnia o pertenencia a grupo minoritario, ni exponer a la persona a prejuicios y visiones preconcebidas
Es fundamental destacar que la recopilación de estos datos en la historia clínica será realizada con el consentimiento del paciente, según dicta el documento elaborado por el ministerio de Mónica García, quien también decidirá qué profesional sanitario podrá acceder a dicha información. Además, el personal sanitario encargado de realizar la encuesta deberá explicar el propósito de la recogida de datos, cómo se utilizarán y cómo se puede revocar el consentimiento.
Asimismo, subraya que no se debe registrar la etnia o pertenencia a grupo minoritario, ni datos que puedan exponer a la persona a prejuicios y visiones preconcebidas. La iniciativa busca avanzar hacia una atención más personalizada, aunque se plantean interrogantes sobre la gestión de la privacidad y la protección de datos en caso de que este cuestionario se torne obligatorio en el futuro.
POLÉMICA EN REDES SOCIALES
La propuesta de Sanidad ha generado cierta controversia en las redes sociales. Usuarios de X (antes conocido como Twitter) se han quedado impresionados con las medidas que propone el ministerio. La usuaria @IreneRAlda comentó su incredulidad ante todos los datos que recomienda el ministerio para conocer la situación de los pacientes.
Sin embargo, Sanidad no solo ha despertado las críticas de los ciudadanos de a pie. La secretaria ejecutiva de Sanidad del Partido Popular, Ana Pastor, mostró su sorpresa en X. «Espero que no sea cierto. Sería lamentable!!», escribió en sus redes.
