Tras el viaje que hizo la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la base militar de Cerro Muriano, sede de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X el pasado 4 de enero, donde pidió a los soldados que contaran todo lo que supiera del trágico fallecimiento por ahogamiento de dos militares de tropa del Regimiento de Infantería La Reina 2, Carlos León y Miguel Ángel Jiménez, para llegar hasta el final del caso, ha habido novedades importantes.
El abogado del soldado Carlos León, Luis Romero, ha informado que la denuncia por homicidio doloso va a ser ampliada para que se investigue no solo al capitán Zúñiga, que fue rápidamente apartado, sino también al coronel, al teniente coronel y al general de brigada, toda la cadena de mando por encima, así como al Ministerio de Defensa que es responsable civil subsidiario de los hechos, el ejercicio de instrucción donde murieron dos militares y otros seis resultaron heridos. Y no descarta que se pueda derivar alguna responsabilidad también para los mandos inferiores que actuaron a instancias del capitán.
POLÉMICA POR OTRO VIDEO DEL CAPITÁN ZÚÑIGA
El capitán Zúñiga ha salido a la palestra esta semana por otro video que se ha filtrado y que supuestamente grabó él mismo en el año 2018 en el cuartel de Cerro Muriano. En dichas imágenes se ve a un grupo de militares entrando a un refugio y se escucha: «¡Vamos, hasta el fondo!, ¡Limpiad bien!», justo antes de volver a ver salir a esos soldados tosiendo y con dificultades respiratorias por culpa de unos gases lacrimógenos, material que está prohibido utilizar en este tipo de prácticas, cuando los soldados aún no tienen demasiada experiencia.
grave negligencia y falta de diligencia, según luis romero
Tras la tragedia ocurrida el pasado 21 de diciembre, la defensa de las víctimas le solicitan prisión provisional para que sea investigado por homicidio doloso, porque el ejercicio se hizo en ausencia de cualquier previsión de riesgos. Luis Romero lo califica como «grave negligencia y falta de diligencia que pusieron en peligro la vida de los militares». Días después salió a la luz la llamada al 112 del capitán pidiendo ayuda con cierto desespero porque uno de sus militares se ahogaba, pero no era solo uno, sino que fueron dos y varios más resultaron heridos.
EL EJERCICIO MILITAR EN CERRO MURIANO
Según ha dado a conocer el letrado en una rueda de prensa, el ejercicio lo realizaron «sin dormir, casi congelados, sin médicos ni plan de riesgo». Tampoco había una línea de vida, sino una cuerda en la que no podían agarrarse por orden expresa a los soldados «salvo en caso de vida o muerte».
La cuerda era una especie de guía que marcaba el camino a seguir, atada a dos encinas que perdió tensión y se vino abajo en cuanto los soldados en formación se asieron a ella al temer por su vida. La cuerda dividía el lago, de tres metros de profundidad, donde no hacían pie los soldados.
Los soldados entraron en el agua con uniforme, caso, mochila y fusil, y el soldado Carlos León llevaba en la mochila un lastre de castigo de 12 kilos. La mochila no era estanca y no flotaba, y la temperatura hacía que se bloqueara la mandíbula, no podían ni hablar. Además, «el capitán no se tiró al agua para ayudar a los que se ahogaban».
LAS FAMILIAS PREFIEREN JUSTICIA CIVIL A LA MILITAR
El juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba se ha inhibido en favor de la justicia militar, por lo que el caso ha pasado al Togado Militar 21 de Sevilla, al ser de su competencia. Las familias de los soldados fallecidos, tanto de Carlos León como Miguel Ángel Jiménez, querían que el caso siguiera en manos de un juzgado civil, así que recurrirán esta decisión ante la Audiencia de Córdoba porque no quieren que sea un tribunal militar el que lleve la investigación, es la justicia civil la que ostenta la competencia para iniciar las actuaciones y a ella debe someterse la Policía Judicial.
Los letrados de Miguel Ángel Jiménez –Francisco Pérez (por parte de los padres) y Antonio Granados (por su viuda)– argumentan que lo relevante es conocer lo que se informó en su momento a las autoridades sobre las maniobras y quien dio el visto bueno para realizar los ejercicios militares, aspectos todos ellos que los abogados quieren aclarar en la jurisdicción civil, por considerarla más garantista.
LOS ABOGADOS DE LAS VÍCTIMAS CONSIDERAN LA JURISDICCIÓN CIVIL MÁS GARANTISTA
El pasado lunes 22 de enero presentaron un recurso contra el extemporáneo auto de imputación de la justicia militar por entender que se extralimitó en sus competencias y se infralimitó en sus acusaciones y la inhibición del juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, después de que el juez Rodríguez Lainz, titular del juzgado cordobés, dejara el caso en manos de la jurisdicción militar.
Lo que pretenden es que se incluya en la causa la formación inadecuada de los instructores a la hora de dirigir los ejercicios militares. Y es que el sargento que habitualmente se encargaba de las medidas de seguridad para este tipo de ejercicios faltó ese día por enfermedad. A esto se suma que el lugar elegido para cruzar el lago no fue el paso habitual y el sargento encargado no tenía la formación. Un detalle que podría ampliar el número de presuntos responsables.
Las acusaciones particulares tienen de plazo hasta el siguiente miércoles para presentar por un lado apelación contra el auto del juzgado militar con el fin de que la causa se devuelva a la justicia ordinaria o presentar recurso contra el mismo.
El juzgado militar imputa a los señalados por un presunto delito contra la «eficacia del servicio» en su artículo 77 que será castigado con las penas privativas de libertad señaladas en el Código Penal para el homicidio o lesiones imprudentes. Para dicho delito el Código Penal contempla penas de privación de libertad entre 10 y 15 años.
