Yolanda Díaz lleva unas semanas de capa caída. Desde que Podemos echó abajo su reforma del subsidio de desempleo, después de lo que le había costado convencer a Nadia Calviño, que entonces todavía era vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía. Superado el sinsabor, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo vuelve a la carga. Su objetivo es reformar el subsidio; estaba en su programa electoral, y por si fuera poco, lo exige Bruselas. Para lograrlo busca la complicidad de CCOO y UGT. A la reunión también ha invitado a CEOE-Cepyme a negociar.
Díaz, que en su anterior intento había ignorado el diálogo social con empresarios y sindicatos para realizar la reforma del subsidio, esta vez ha tenido que bajar a la arena para abordar la reforma. Con el paraguas de que quiere mejorar con las aportaciones que le hagan los agentes sociales a su propuesta decaída en el Congreso.
Precisamente, el punto de partida de la negociación ha sido el propio texto rechazado por el Congreso de los Diputados. En dicho decreto ley se extendía el subsidio a colectivos que hasta ahora no tenían derecho a percibirlo. Este es el caso de los menores de 45 años sin cargas familiares. Pero, sobre todo, elevaba su cuantía a 570 euros de los 480 euros actuales. Lo único, ante las presiones de Calviño, que esa cuantía se irá reduciendo cada seis meses de cobrarlo hasta los 540 euros. No obstante, su cobro es compatible con tener una remuneración por trabajo durante 180 días. Al fracasar en el Congreso la reforma, los beneficiarios siguen cobrando 480 euros.
DÍAZ INTENTARÁ NEGOCIAR CON LOS AGENTES SOCIALES LA SOBRECOTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SUBSIDIO
El problema que utilizó Podemos para votar en contra fue que la reforma también reducía la sobrecotización a la Seguridad Social de los mayores 52 años, que fue aplicada en 2019 para mejorar la pensión de los beneficiarios. Díaz argumentaba que la mejora de la prestación y que se intentaba igualar las cuotas del sistema público de las pensiones para que igualar a todos en las mismas tablas, obligaban a quitar esa sobrecotización.
Díaz también recuerda los meses de negociación con Calviño, con sus tiras y aflojas. Economía ponía el énfasis de esta reforma del subsidio en hacer un mayor seguimiento de los beneficiarios y retirarles la ayuda si rechazaban una oferta de empleo ofrecida por el SEPE. Finalmente, se acordó trabajar con estos beneficiarios para ayudarles y formarles.
Fijar «plazos rígidos» a la negociación perjudica al diálogo social, aunque la reforma deberá estar acordada en marzo
De momento, la consigna de Trabajo es alcanzar un acuerdo, se tarde lo que se tarde. El propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido que no hay plazos prefijados, aunque sí apuesta porque la negociación sea «ágil y no demorarse demasiado» puesto que el texto sobre el que trabajar ya está elaborado. Lo único que haría falta es incorporar las aportaciones que hagan empresarios y sindicatos. Pérez Rey reconoce por experiencia que fijar «plazos rígidos» a la negociación perjudica al diálogo social.
En tono conciliador, Pérez Rey ha dejado abierta la posibilidad en la reunión a revisar el aumento de la cuantía para los mayores de 52 años que cobran el subsidio por desempleo. El secretario de Estado ha explicado a empresarios y sindicatos que Trabajo está dispuesto a «explorar» todas las medidas qe contribuyan a que los agentes sociales «respalden el subsidio de paro».
No obstante, sobre la sobrecotización de estos trabajadores el secretario de Estado ha reconocido que los sindicatos han propuesto «discutir alternativas distintas» a la bajada de la cotización. En este sentido, cabe recordar que Podemos propuso una rebaja progresiva de la cotización, aunque aseguró que esa rebaja iba a suponer un recorte en las pensiones de los afectados.
Pérez Rey también ha asegurado que los sindicatos no están en contra de esa rebaja ya que reconocen que dan la razón a Trabajo puesto que «no se puede tratar de la misma manera» esas sobrecotizaciones con un salario mínimo de 700 euros (el que existía en 2019) que con uno que ahora está por encima de los 1.100 euros mensuales.
Siguiendo esta lógica, el secretario de Estado ha explicado a los agentes sociales que la reducción en la cotización de los mayores de 52 años es consecuencia de la revalorización del 54% del SMI en seis años. Para Pérez Rey lo que se hizo en 2019 (elevar al 125% la cotización) fue un «parche» para que esos trabajadores no fueran penalizados.
LOS SINDICATOS PIDEN VINCULAR EL SUBSIDIO AL UMBRAL DE POBREZA
Pese a que Díaz esperaba que fuera un encuentro sin muchos sobresaltos y poca negociación, lo cierto es que los representantes de CCOO y UGT han llegado a la mesa con propuestas significativas. En primer lugar, han reclamado que el subsidio de desempleo se vincule al umbral de pobreza y no, como se hace ahora, al IPREM (Indicador de Renta de Efectos Múltiples).
En concreto, el ugetista Fernando Luján ha destacado tras la reunión que las cuantías del subsidio «se han alejado demasiado de los umbrales de pobreza», por lo que en opinión de UGT, debe desaparecer el IPREM hacia un nuevo parámetro, como es el umbral de pobreza, lo mismo que se ha hecho con las pensiones mínimas. De esta forma, los sindicatos consideran que sería «la vía adecuada para fijar unas cuantías que fueran suficientemente dignas».
Otras propuestas de los sindicatos se refieren a la mejora de la protección a los trabajadores a tiempo parcial; fijar cambios en el tránsito del subsidio al ingreso mínimo vital y el reconocimiento de la prestación a las trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla.
Por último, los representantes de CEOE-Cepyme han mostrado a Pérez Rey su disconformidad con toda la reforma, y han pedido a Trabajo que se revise la ley de empleo en el punto que obliga a los empresarios a ofrecer un «trabajo de calidad, indefinido y con garantías» a un parado. Una petición que no ha gustado al responsable de Empleo del ministerio: «No estamos dispuestos a revisar una de las garantías del acuerdo de actividad que está en la ley de empleo y que nos parece fundamental.
DÍAZ SABE QUE SE TIENE QUE DAR PRISA EN CERRAR LA REFORMA PARA QUE ESPAÑA PUEDA RECIBIR LOS FONDOS EUROPEOS
Sin embargo, pese a las palabras del número dos del Ministerio de Trabajo, lo cierto es que Yolanda Díaz debe cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. Precisamente, esa había sido la excusa para no convocar a empresarios y sindicatos para negociar con ellos también la reforma, aunque sí hubo conversaciones e intercambios de información y propuestas.
Yolanda Díaz tiene hasta marzo para presentar su reforma del subsidio de desempleo en Bruselas. Es una de las condiciones para que España reciba el cuarto desembolso de los fondos de recuperación europeos por 10.021 millones de euros. Si se supera esa fecha, el pago de ese último tramo de esta fase de los fondos se podría poner en peligro.
La reforma del subsidio por desempleo, según ha concretado Pérez Rey, es el último de los hitos del componente 23 del Plan de Recuperación que le queda a Trabajo por cumplir y está ligado al desembolso del cuarto pago de los fondos europeos, una cuantía que asciende a unos 10.000 millones de euros.
