El juez Manuel García Castellón insiste en procesar a Carles Puigdemont y a la presunta cúpula de Tsunami Democràtic por terrorismo. El magistrado, en la diana de los grupos separatistas, Sumar y el PSOE, vuelve a tumbar los argumentos en el caso y propina un fuerte tirón a la Fiscalía por no recurrir los autos en los que se acusa a los separatistas de cometer presuntamente delitos de terrorismo.
A juicio del magistrado de la Audiencia Nacional, la plataforma independentista tuvo un destacado papel en los disturbios y acciones posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’. Para sostener su acusación por terrorismo, el juez ha pedido a la Guardia Civil la localización del diputado de ERC Ruben Wagensberg, huido a Suiza la pasada semana.
En este sentido, ha considerado imprescindible asegurar la disponibilidad ante el órgano de instrucción para los fines de la investigación y señala que el investigado «pudiera haber tratado de abstraerse de la acción judicial». En este sentido, ha ordenado a la Benemérita realizar «las comprobaciones pertinentes para asegurar si el investigado se encuentra en su domicilio y si acude a su lugar de trabajo habitual».
AESA Y PUENTE, CLAVES EN LA ACUSACIÓN DE TERRORISMO SOBRE PUIGDEMONT
Asimismo, para sostener la acusación de terrorismo sobre Puigdemont y los acusados por los actos del bloqueo del aeropuerto de El Prat en octubre de 2019, el juez García Castellón ha instado a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), dirigida por la aeronáutica y con 21 años de experiencia en el sector, Montserrat Mestres, quien aterrizó en la entidad en mayo de 2022 tras sustituir a Isabel Maestre. Cabe señalar que la entidad pública depende directamente del Ministerio de Transportes, en manos de Óscar Puente, uno de los mamporreros y fiel escudero del PSOE de Pedro Sánchez.
AESA deberá trasladar toda la información relativa a los graves disturbios y sus consecuencias al juez, al mismo tiempo deberá informar de los mismos a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) con el fin de acreditar si se ha realizado alguna actuación al respecto.
De hecho, el juez García Castellón recuerda que AESA se encarga de velar por el cumplimiento de las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España y que tiene entre sus funciones la de Supervisión e Inspección del Transporte Aéreo, la Navegación Aérea y la Seguridad Aeroportuaria. Además, evalúa los riesgos en la seguridad del transporte y tiene potestad sancionadora ante las infracciones de las normas de aviación civil.
EL FEROZ ATAQUE CONTRA GARCÍA CASTELLÓN
García Castellón no ha modificado la acusación en la causa de Tsunami Democràtic en ningún momento, como ha constatado en el auto de este lunes. No obstante, la Fiscalía sí ha cambiado de criterio, hasta el punto de no recurrir en ninguna ocasión cada vez que se ha vinculado el delito terrorismo a Puigdemont.
De hecho, el magistrado señala que el auto del 6 de noviembre de 2023 no era una acusación novedosa, como así lo intentan disfrazar desde el PSOE, Sumar, Junts y ERC, quienes han señalado directamente al juez de practicar la política desde el sillón de la Audiencia Nacional. Las acusaciones de prevaricación, además, se repiten hasta el punto de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han exigido el máximo respeto a la labor de los jueces.
En este sentido, el juez desliza que la mala negociación de la amnistía por parte de Junts a la hora de abordar la normativa con los socialistas. La acusación «no resultaba ni mucho menos novedosa» ni tampoco «sorpresiva o acomodada a circunstancias ajenas a la investigación». De esta forma, tumba el relato del ‘lawfare’, que tanto se ha propagado entre las filas del separatismo como entre las populistas de Sumar y que el PSOE de Pedro Sánchez ha atacado con dureza.
Asimismo, el auto del juez de la Audiencia Nacional se da a conocer un día después de que la Fiscalía del Supremo, encargada de estudiar la exposición razonada elevada por García Castellón, no ve delito de terrorismo ni que se haya investigado lo suficiente para poder encausar a Puigdemont por este delito.
LA ALTERACIÓN GRAVE DE LA PAZ, DELITO DE TERRORISMO
No obstante, el juez recuerda que la investigación se inició por la grave alteración de la paz pública, es decir, una de las bases que constantan el delito de terrorismo según el artículo 573 del Código Penal. El juez así lo dispuso en sendos autos fechados entre octubre y noviembre de 2019, una vez iniciadas las primeras pesquisas.
Ninguna de las partes recurrió tal decisión, tampoco la fiscalía. De hecho, el único escrito del Ministerio Público que cambia el criterio se presentó el 26 de julio, tres días después de las elecciones generales y una vez que se desveló que Junts y sus siete diputados eran decisivos para poder formar Gobierno.
«No consta recurso alguno ni por la Fiscalía, ni por ninguna de las defensas ya personadas en aquel momento, contra el auto de este magistrado del 19 de julio de 2023, en el que ya se calificaba el hecho como delito de terrorismo», recuerda el magistrado en el auto.
Además, no era la primera vez que García Castellón hizo hincapié en estos hechos, como en el auto del 4 de mayo y del 21 de julio del pasado año. De hecho, el 19 de julio, la propia Fiscalía consideró que los hechos eran susceptibles de perseguirse por supuestos delito de terrorismo. «Los hechos objeto de la presente causa son susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo de los artículos 571 y siguientes del Código Penal…», señaló la Fiscalía, según recoge García Castellón en ese auto.
Poco después, la propia Fiscalía razonaba que esta acusación se debió a un error, ya que el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, estaba de vacaciones y fue su sustituto quien consideró los hechos como delitos de terrorismo. Dos visiones de la propia fiscalía para unos hechos del que se tienen abundantes pruebas gráficas, así como sus consecuencias, como más de 150 vuelos cancelados y decenas obligados a aterrizar ante la imposibilidad de controlar y garantizar la seguridad del espacio aéreo.
El magistrado recuerda, además, que las comisiones rogatorias internacionales remitidas a Suiza y EE UU se refieren a actuaciones para investigar «un presunto delito de terrorismo». En la de EE UU se incide directamente en este delito, tal y como se ha asegurado en los distintos autos.
AENA Y ENAIRE MOSTRARON CON CIFRAS EL BLOQUEO DE EL PRAT
El juez, además, apoya su acusación en la documentación de Aena y Enaire, que apuntan a los vuelos afectados y a la imposibilidad de realizar el cambio de turno en la torre de control de Gavá y El Prat. De hecho, García Castellón entiende que se pudieron romper tres convenios internacionales firmados por España para proteger la seguridad aérea, como el de Montreal (1971); el Protocolo adicional de 1988, y el Convenio 196 del Consejo de Europa.
Por este motivo ha pedido a EASA, dirigida por Montserrat Mestres, un informe sobre lo sucedido en octubre de 2019 en El Prat. Y es que, según estos convenios, cometen delitos terroristas quien «destruya o dañe las instalaciones o servicios de la navegación aérea o perturbe su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo». El intento de la comisión de estas acciones también abarca este ilícito penal, según el apartado 2 del Convenio.
En el Protocolo adicional se estipula que «comete delito toda persona que ilícita e intencionadamente, utilizando cualquier artefacto, sustancia o arma», o bien «destruya o cause graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que preste servicios a la aviación civil internacional (…) o perturbe los servicios del aeropuerto, si este acto pone en peligro o puede poner en peligro la seguridad del aeropuerto». En aquellos altercados murió un ciudadano francés, presuntamente por la tardanza de la ambulancia debido al bloqueo.
GARCÍA CASTELLÓN Y COMISIONES ROGATORIAS
García Castellón, por otro lado, ha acordado ampliar la comisión rogatoria para incluir el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo formalizado en Nueva York el 9 de diciembre de 1999 y que, al igual que los otros, fue ratificado por España y Suiza. En este sentido, ha señalado que deberá ir acompañada por el oficio de la Guardia Civil de junio de 2022, cuando se detectó la intervención de uno de los imputados de Tsunami Democràtic, Nicola Flavio Giulio Foglia, por realizar un ingreso a la cuenta corriente de la plataforma independentista a nombre de Jaume Cabani con la finalidad de hacerla llegar directamente a la plataforma.
Asimismo, trata de indagar en todos los movimientos financieros de Marta Rovira, dirigente de ERC, como tarjetas de crédito, productos financieros suscritos y resto de productos bancarios asociados a la codificación bancaria anterior; información sobre titulares, personas autorizadas y vinculaciones, así como documentos de identidad de los anteriores que por normativa se hayan aportado a la cuenta bancaria; movimientos de la cuenta desde su creación hasta el mes de junio del año 2020; e información sobre las transferencias recibidas y emitidas, así como datos relativos a movimientos financieros cualesquiera que sea su naturaleza.
También incide en los cheques emitidos y recibidos, así como los préstamos suscritos con vinculación a la cuenta bancaria, así como cualquier información en cuanto a la identidad. Todo ello con el fin de conocer la financiación de Tsunami Democràtic «para materializar sus acciones». En todas estas comisiones rogatorias se dejó claro la naturaleza terrorista de las infracciones atribuidas a Tsunami Democràtic.
