Manuel García-Castellón, juez de Instrucción de la Sala 6 de la Audiencia Nacional (AN), se ha convertido en uno de los principales objetivos del Gobierno de PSOE y Sumar. «Actúa en momentos políticos sensibles», aseguró la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como si el juez esperase la oportunidad de dar a conocer sus decisiones al público. «Siempre apunta en la misma dirección», afirmó en su ataque la también vicepresidenta tercera del Gobierno.
Asimismo, el CGPJ concedió a García-Castellón una prórroga para evitar su jubilación en 2022. El magistrado pidió terminar la investigación y retirarse de la carrera una vez cumplidos los 72 años, fecha que se cumple el próximo mes de junio.
Todo ello, por pedir al Tribunal Supremo investigar la causa de ‘Tsunami Democràtic’ contra Carles Puigdemont, líder de Junts y prófugo de la Justicia, aunque el PSOE le otorga el mismo tratamiento que los independentistas al considerarle un «exiliado», como si de un represaliado y perseguido político se tratara.
Para su descargo, Ribera trató de camuflar sus declaraciones instantes después al recalcar el debido respeto a la separación de poderes en España como «uno de los principios fundamentales de la convivencia y la Constitución». El señalamiento ya estaba hecho y las excusas o justificaciones avivaron el debate posterior, al que se sumaron diputados de Sumar, como Gerardo Pisarello, en la comisión de Justicia de este pasado martes, así como las declaraciones habituales de ERC y Junts, con un Puigdemont desatado.
BRONCA GUBERNAMENTAL POR LAS CRÍTICAS A GARCÍA-CASTELLÓN
El punto álgido de los ataques desde el Ejecutivo a García-Castellón se registró en la Convención Política del PSOE, con un duro enfrentamiento entre Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con Las Cortes; Margarita Robles, ministra de Defensa; y Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, con Teresa Ribera y con la presencia de Pedro Sánchez.
Las declaraciones de la ministra contra García-Castellón, respondidas y criticadas desde la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no tienen fundamento alguno dado que el juez de la Audiencia Nacional ha marcado los plazos durante toda la instrucción. Así lo apuntan los distintos autos y escritos para dar más tiempo al magistrado para poder investigar la causa de ‘Tsunami Democràtic‘ y en la que están imputados por presuntos delitos de terrorismo Carles Puigdemont y el resto de los líderes del procés, como Marta Rovira (ERC), y otros diputados.
GARCÍA-CASTELLÓN Y LA INVESTIGACIÓN DE PUIGDEMONT POR TERRORISMO
El juez García-Castellón pidió una prórroga el pasado mes de julio, antes de la celebración de las elecciones generales del 23-J, para concluir la investigación sobre ‘Tsunami Democràtic‘ en enero de este año. De esta forma, el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar conocía esta situación judicial de la investigación sobre Puigdemont una vez conocido el resultado de las urnas, que encumbraron a Puigdemont como pieza clave para poder mantenerse en La Moncloa.
El juez García-Castellón pidió medio año más para poder practicar las diligencias pendientes, como averiguar el impacto económico de la actividad de los separatistas de ‘Tsunami Democràtic‘ debido a la cancelación de más de 150 vuelos y retrasos durante la tarde noche del 14 de octubre de 2019, tal y como han explicado tanto Aena como Enaire. Además, debe concluirse si la muerte de un ciudadano francés se debió al bloqueo de El Prat al impedir la asistencia sanitaria en ambulancia.
Asimismo, también instó al Ayuntamiento de Barcelona a dar la cifra de daños por los altercados producidos durante la celebración del partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid del 18 de diciembre de 2019. Además, se instó al Consistorio gobernado por Ada Colau y Jaume Collboni a dar las cifras de pagos extras incurridos a raíz de estos alborotos, mientras que a Transportes, entonces en manos de la socialista catalana Raquel Sánchez, se le exigió dar una cifra económica por el perjuicio causado tras la acción realizada por ‘Tsunami Democràtic’ en el aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019.
LAS PESQUISAS PRORROGADAS DE GARCÍA-CASTELLÓN
Además, Raquel Sánchez debía dar buena cuenta del «perjuicio económico producido durante los cortes llevados a cabo entre los días 11 al 13 de noviembre de 2019 en la AP-7». Asimismo, la Guardia Civil tenía que entregar, a su vez, una relación de los daños producidos o como consecuencia de las acciones de la organización ‘Tsunami Democràtic’.
El caso de ‘Tsunami Democràtic’ se abrió en 2019 para conocer quiénes montaron la plataforma tecnológica para organizar los altercados tras la sentencia del Supremo sobre el ‘procés’. Las cuestiones se han centrado los graves disturbios de El Prat, el bloqueo en Sants y los cortes de la AP-7 a la altura de La Jonquera. Además, también se centraron en el asedio a la Jefatura de la Policía de Vía Laietana.
En este caso, además, se investiga la causa secreta del caso Voloh, investigado por el juez de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. El quid de este proceso se centra en el desvío de fondos públicos para la organización de los actos de ‘Tsunami Democràtic’. En ambas investigaciones se ha investigado a Xavier Vendrell, exconsejero de la Generalitat y a quien se le atribuye la dirección y participación directa con la aplicación tecnológica. García-Castellón considera que es Puigdemont el presunto líder a raíz de las conversaciones de los distintos investigados.
LOS CAMBIOS DE CRITERIO DE LA FISCALÍA TRAS EL 23-J
El papel de García-Castellón, además, se ha realizado con cambios de opinión de la Fiscalía, que ha pasado de ver delito de terrorismo en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ a «desórdenes públicos», un cambio de criterio que podría explicarse por la necesidad del PSOE para obtener garantizados, en la medida de lo posible, los votos de Junts.
El juez señala que habría que seguir las pesquisas por el derecho comunitario y no por la legislación española. De hecho, esta imputación ha obligado al PSOE de Pedro Sánchez a pactar con Junts y ERC la reforma de la amnistía para incluir supuestos delitos de terrorismo para poder aplicar la amnistía al «exiliado» Carles Puigdemont.
Los socialistas asumen así el lenguaje de Junts para tratar de captar los votos de los separatistas de cara a las elecciones catalanas, aun sin fecha, y mantener el poder desde La Moncloa con el apoyo de los separatistas.
El nuevo movimiento se tramitará con una serie de enmiendas transaccionales, que han entrado ‘in extremis’ en la Comisión de Justicia que se celebra este martes en el Congreso de los Diputados para amplificar el impacto de la ley de amnistía.
OCULTAR LAS ENMIENDAS TRANSACCIONALES PARA FINTAR A GARCÍA-CASTELLÓN
Las enmiendas transaccionales se han ocultado hasta última hora a la oposición, con el PP y Vox como principales protagonistas, y tienen como objetivo una reforma de los delitos de terrorismo. Como ya ocurrió con el delito de malversación y sedición, el Ejecutivo moverá ahora ficha para proponer los cambios en la norma, como ya hizo en la anterior legislatura.
Asimismo, el Gobierno de coalición ha movido su propia ficha para movilizar a sus referentes mediáticos y tratar de desprestigiar el trabajo realizado por García-Castellón. «Lo que dijo Teresa Ribera es lo que piensa todo el Gobierno en privado», afirma Carlos E.Cué, periodista de El País.
«El error es decirlo en público, porque evidentemente se le volvió en contra rápidamente, y de hecho en las primeras horas, ya vimos que había fuentes del Gobierno suavizando la posición porque hay un intento del Gobierno de suavizar su batalla con los jueces», destacó. Según su opinión, «la idea es bajar la tensión con los jueces porque ésta no beneficia al Gobierno sino que le perjudica porque una parte de los jueces están en contra de la amnistía y si encima hay tensión, mucho más».
LOS SATÉLITES MEDIÁTICOS DEL PSOE Y SUMAR, CONTRA GARCÍA-CASTELLÓN
«García-Castellón, que funciona de facto como el diputado 138 de Feijóo, tiene pocos escrúpulos y actúa siendo consciente de la carga política de sus decisiones», destaca Antonio Maestre, columnista ahora en La Sexta.
«En el auto en el que el juez Manuel García-Castellón imputaba a Marta Rovira e incluye para que se impute a Carles Puigdemont por terrorismo establece que, cuatro años después, se produzca la posibilidad de que la Guardia Civil investigue la muerte de un ciudadano francés que murió de un infarto en El Prat», indica. El juez no investiga, como asegura Maestre, la muerte en sí, sino si el bloqueo impidió que se le diera asistencia sanitaria antes de que fuera demasiado tarde.
Según Maestre, «el juez incluye esa muerte por causa natural para vincularlo al bloqueo de El Prat y poder acusar a los manifestantes de esa muerte y después elevarlo a los organizadores del ‘procés’».
JUNTS TILDA DE ULTRA A GARCÍA-CASTELLÓN
«La intención del juez es que la causa se declare inamnistiable al tratarse de un delito de terrorismo con causa de muerte, lo que sería un delito de lesa humanidad, y por lo tanto sin posibilidad de que salga adelante por la legislación europea», afirma.
Ambos ataques son prácticamente parecidos a los realizados por Junts, que ha tildado ahora de «ultra» a García-Castellón, sin llegar a citar al juez. La diputada en el Congreso Marta Madrenas ha asegurado que durante esos altercado «no se tiró ni un papel al suelo», pese a los vídeos e imágenes que aún circulan por redes sociales.
