La Generalitat ha abierto 529 expedientes sancionadores por incumplir la ley de alquileres en Catalunya desde su entrada en vigor, una cifra que dibuja por primera vez el alcance real de la aplicación de la norma y que llega en un momento delicado para el Govern de Salvador Illa. El dato, conocido esta semana, sirve para medir hasta dónde llega el músculo inspector del Departament de Territori y, sobre todo, para responder a la pregunta que sobrevuela el Parlament desde hace meses: ¿está funcionando el tope de precios o es papel mojado?
Qué hay detrás de los 529 expedientes
La cifra corresponde a los procedimientos abiertos por la Agència Catalana de l’Habitatge contra propietarios y, en algunos casos, intermediarios inmobiliarios que habrían fijado rentas por encima del índice de referencia. La mayoría se concentra en los municipios declarados zonas tensionadas, donde el límite de precios es de aplicación obligatoria desde la entrada en vigor del régimen estatal y la posterior adaptación catalana.
Observamos un patrón geográfico nítido: Barcelona, L’Hospitalet, Badalona, Terrassa y Girona concentran el grueso de los expedientes, según las cifras manejadas por el Departament. No sorprende. Son las plazas donde la presión sobre el alquiler es mayor y donde el contraste entre el índice oficial y el precio real del mercado resulta más evidente.
Las sanciones previstas oscilan entre los 3.000 y los 90.000 euros, en función de la gravedad y la reincidencia. La pregunta es cuántos de esos 529 expedientes acabarán en multa firme. Por ahora, pocos. La tramitación es lenta, los recursos son sistemáticos y la litigiosidad sobre la propia constitucionalidad del marco sigue abierta. La calle dice otra cosa.
Por qué el dato incomoda al Govern más de lo que parece
En esta redacción entendemos que la cifra tiene dos lecturas. La primera, la que ofrecerá el Govern: 529 expedientes son la prueba de que la ley se aplica y de que la Generalitat no mira hacia otro lado. La segunda, la que circula entre los grupos parlamentarios y que el PSC preferiría no tener que explicar antes del próximo pleno: 529 expedientes en muchos meses, sobre un mercado de cientos de miles de contratos firmados en el periodo, es una proporción modesta.
Los Comuns, socios preferentes del Govern en materia de vivienda, ya han avisado de que pedirán comparecencia de la consejera para detallar cuántos expedientes han terminado en sanción efectiva, cuántos están paralizados por recursos y cuántos han prescrito. ERC, que arrastra una posición incómoda desde que dejó la Generalitat, presiona en la misma dirección con un matiz: reclama que se publique el desglose por municipio y por tramo de precio.
A eso se suma la batalla judicial. Varias asociaciones de propietarios mantienen recursos abiertos contra la metodología del índice de referencia y contra el propio decreto de zonas tensionadas. Si alguno prospera, parte de los 529 expedientes podría quedar en suspenso. El Govern no tiene plan B públicamente articulado para ese escenario.
Lo que esta cifra revela del modelo catalán de vivienda
Conviene mirar el dato con perspectiva. Catalunya fue la primera comunidad en aplicar la declaración de zonas tensionadas tras la aprobación de la ley estatal de vivienda en 2023, y lo hizo con ambición: la Agència Catalana de l’Habitatge incorporó 140 municipios al primer paquete y amplió la lista en revisiones posteriores. Era una apuesta política nítida del Govern, primero con ERC y después con el PSC, por marcar diferencia con comunidades como Madrid o Andalucía, que rechazaron de plano la herramienta.
Los datos del IDESCAT sitúan la subida del precio del alquiler en Barcelona por debajo de la media española en el último año, un argumento que el Govern utiliza para defender que el modelo funciona. La oposición responde que la moderación del precio coincide con una caída de la oferta en el mercado regulado, una dinámica que también recogen los estudios sobre la aplicación de la ley estatal de vivienda.
529 expedientes son, a la vez, la prueba de que la ley existe y la confirmación de que su capacidad de disciplinar el mercado todavía está por demostrar.
El precedente más relevante está dentro de la propia Catalunya. La primera ley catalana de contención de rentas, aprobada en 2020 y tumbada por el Tribunal Constitucional en 2022, generó en su año largo de vigencia menos expedientes sancionadores que el régimen actual, pero sí un volumen comparable de contratos por debajo del índice. La pregunta que el Parlament tendrá que responder es si esta vez el efecto sobre los precios será sostenible o si, como entonces, dependerá de la estabilidad jurídica del marco.
El próximo Consell Executiu deberá decidir si refuerza el cuerpo de inspectores —insuficiente, según reconocen fuentes del propio Departament consultadas por Moncloa.com— o si confía en que el efecto disuasorio de los 529 expedientes basta para corregir el comportamiento del mercado. La comparecencia parlamentaria pedida por los Comuns marcará el calendario. Por ahora, nada.
