La Generalitat ha abierto 529 expedientes sancionadores por incumplir el tope del alquiler en zonas tensionadas desde que entró en vigor la regulación. El dato, aún provisional, marca un primer balance del despliegue de la Llei pel dret a l’habitatge en Catalunya y abre una pregunta política incómoda: ¿está funcionando el mecanismo o el goteo de incumplimientos demuestra que el control es insuficiente?
Qué dicen los 529 expedientes y por qué importan
El grueso de los expedientes —en torno al 80%— corresponde a contratos que superan el precio máximo permitido en municipios declarados zona de mercado residencial tensionado. El resto se reparte entre incumplimientos formales, cláusulas abusivas trasladadas al inquilino y traspasos de gastos prohibidos por la norma. La Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependiente del Departament de Territori, es quien tramita los procedimientos, con sanciones que pueden ir de los 3.000 a los 90.000 euros según la gravedad.
El número, en sí mismo, admite dos lecturas. La primera, optimista para el Govern: el sistema de control empieza a funcionar y aflora incumplimientos que antes pasaban desapercibidos. La segunda, más crítica: 529 expedientes en un mercado donde se firman cientos de miles de contratos al año en zonas tensionadas suena, sencillamente, a poco. Analizamos esta cifra como una foto fija provisional, no como un veredicto.
La incomodidad política del balance
El expediente abierto no equivale a sanción firme. Buena parte se resolverán con archivo, alegaciones aceptadas o regularización del contrato a la baja, que es precisamente el efecto disuasorio que persigue la norma. Pero el ritmo de tramitación importa, y aquí el Govern tiene un flanco abierto.
La Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tenido que reforzar plantilla para asumir la carga inspectora. Mientras tanto, organizaciones como el Sindicat de Llogateres llevan meses denunciando que muchos contratos por encima del índice ni siquiera llegan a denuncia porque el inquilino teme represalias o, simplemente, no sabe que puede reclamar. Ese gap —entre incumplimientos reales e incumplimientos detectados— es la grieta política del modelo.
En paralelo, el PSC y ERC se atribuyen el mérito de la regulación, aunque con matices. ERC subraya que el tope de precios fue exigencia suya en la negociación de la Ley estatal por el derecho a la vivienda de 2023, cuya aplicación efectiva en Catalunya fue pionera. El PSC, ahora en Palau, se aplica el resultado: es su Govern el que tramita los expedientes. Junts, que votó en contra de la regulación, lleva meses repitiendo que el tope ha contraído la oferta. Los datos del IDESCAT y de los principales portales inmobiliarios apuntan, en efecto, a una caída de la oferta de alquiler convencional en Barcelona y su área metropolitana, aunque el debate sobre la causalidad sigue abierto.
Y ahí está el matiz.
El precedente más cercano, la primera regulación catalana del alquiler aprobada en 2020 y tumbada por el Tribunal Constitucional en 2022, dejó una lección política: sin cobertura legal estatal sólida, cualquier intento autonómico se cae. Esta vez la base es la ley estatal de 2023, lo que da mayor seguridad jurídica al despliegue catalán. Pero también lo ata: si Moncloa modifica el marco —y el ruido en el Congreso sobre revisar el índice de referencia no se ha apagado—, la Generalitat verá tambalear su instrumento principal.
El primer balance del tope no se mide en sanciones cobradas, sino en si el mercado se autorregula sabiendo que la inspección existe; los 529 expedientes son la señal, no el resultado.
Lo que viene: revisión del índice y bilateral con Moncloa
El Departament de Territori tiene previsto presentar en los próximos meses una evaluación del primer ciclo completo de aplicación de la ley, con datos consolidados de expedientes resueltos, sanciones firmes y evolución del índice de referencia. Esa será la prueba real. Si el porcentaje de expedientes que terminan en sanción firme es bajo y el de archivos altos, la oposición tendrá munición. Si los precios efectivos en zona tensionada bajan respecto al índice, el Govern podrá presentar la regulación como un éxito moderado.
En la mesa bilateral Estado-Generalitat, prevista para las próximas semanas, la vivienda figura entre los puntos de orden. El president Illa quiere arrancar a Moncloa el compromiso de no revisar a la baja el marco estatal antes de que Catalunya complete su primer ciclo de evaluación. ERC, socio parlamentario indispensable, lo exige también. La estabilidad del tope al alquiler depende ahora tanto del trabajo inspector como del equilibrio político en Madrid.
Por ahora, 529 expedientes. El resto, cuestión de meses.
