EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los más de 600 internos y al personal del centro penitenciario Puig de les Basses, en Figueres, y por extensión al conjunto del sistema carcelario catalán.
- ¿Cuándo ocurre? El cese se ha hecho efectivo esta semana, después de tres suicidios registrados en pocos meses dentro del módulo gerundense.
- ¿Qué cambia hoy? Justícia abre una sustitución inmediata en la dirección y refuerza los protocolos de prevención del suicidio en todos los centros catalanes.
El Departament de Justícia ha destituido al director del centro penitenciario Puig de les Basses cesa a su director tras tres suicidios en pocos meses, en una decisión que llega con la presión sindical desbordada y con el sistema carcelario catalán bajo escrutinio. La salida es fulminante.
Qué ha pasado en Puig de les Basses y por qué la Generalitat reacciona ahora
El centro de Figueres, inaugurado en 2014, acumula tres muertes por suicidio en los últimos meses, según la información manejada por el Departament de Justícia de la Generalitat. Cada caso ha disparado las alertas internas. La acumulación, no.
La decisión llega después de semanas de denuncias por parte de los sindicatos penitenciarios, que vienen avisando de la falta de personal sanitario y de la sobrecarga de los equipos de tratamiento. El cese del director es la respuesta política a una crisis que se ha hecho insostenible, según fuentes del propio Departament consultadas para esta información. La sustitución se activa de inmediato y, en paralelo, Justícia anuncia una revisión de los protocolos de prevención del suicidio que se aplican en los nueve centros penitenciarios catalanes.
El director cesado ocupaba el cargo desde hace varios años y había sido respaldado anteriormente por la consejería. La situación cambió cuando el tercer caso, registrado en abril, encendió la alarma roja en el Palau y forzó una reunión urgente con la Secretaria de Mesures Penals. Hasta ese momento, la consigna era contener.
El sistema penitenciario catalán, en el peor momento de la última década
La crisis de Puig de les Basses no es un episodio aislado. Cataluña es la única comunidad autónoma con competencias plenas en política penitenciaria, y los datos del propio Departament reconocen un repunte de los suicidios en cárceles catalanas durante el último ejercicio. El asesinato de una cocinera en el centro de Mas d’Enric, en Tarragona, marcó el inicio de la actual ola de protestas sindicales y obligó al Govern a abrir una mesa de negociación que sigue sin cerrarse.
A eso se suma el déficit estructural de funcionarios. Los sindicatos cifran en más de 700 las plazas sin cubrir en el conjunto del sistema, una cifra que, contextualizada, equivale aproximadamente al 15% de la plantilla operativa. La consejera ha prometido un plan de choque, pero el calendario de incorporaciones se solapa con las jubilaciones previstas para los próximos meses. La cuenta no sale.
Los Mossos d’Esquadra investigan cada caso de manera individual, mientras el Síndic de Greuges ha abierto actuaciones de oficio para esclarecer si los protocolos de prevención se aplicaron correctamente en los tres suicidios de Figueres. La institución de garantía catalana ya alertó en su último informe anual sobre las carencias en salud mental dentro de los centros penitenciarios.
La destitución del director de Puig de les Basses es la primera cabeza que rueda en una crisis que la Generalitat lleva meses tratando de contener sin éxito desde los despachos.
Lo que la Generalitat se juega con esta decisión
El cese tiene una lectura política doble. Hacia dentro, Justícia escenifica que asume responsabilidades cuando la presión es máxima, una imagen que el Govern necesita después de meses de huelgas y movilizaciones del personal penitenciario. Hacia fuera, sirve para ganar tiempo frente a una oposición que en el Parlament ya ha registrado preguntas y comparecencias urgentes.
En esta redacción observamos un patrón conocido. Cada vez que un centro catalán acumula incidentes graves, la respuesta institucional pasa por una destitución y un anuncio de refuerzo de protocolos. La pregunta es si esta vez vendrá acompañada de medidas estructurales, especialmente en salud mental penitenciaria, donde Cataluña arrastra un déficit que el propio Síndic ha calificado de crónico. Los precedentes invitan al escepticismo: tras la crisis de Brians 1 en 2022, también hubo cese y compromiso de revisión, y el problema de fondo no se resolvió.
El próximo pleno del Parlament tiene la cuestión penitenciaria en el orden del día, y la consejera ha aceptado comparecer. Será la primera prueba de que el cese de Figueres no se queda en gesto. El Govern necesita demostrar que Puig de les Basses marca un punto de inflexión y no un nuevo capítulo de la misma película. La nueva dirección del centro tomará posesión en los próximos días y heredará un equipo agotado, una plantilla mermada y una población reclusa que ha visto morir a tres compañeros en su mismo módulo. El reto es mayúsculo. El margen, escaso.
