El presunto «chivatazo» que ocasionó que se adelantase el registro de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en julio de 2020 ha sido archivado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, al no encontrarse al funcionario que habría realizado tal «chivatazo». Hay que recordar que la Guardia Civil detuvo a un empresario afincado en Mallorca, Jesús Díaz, que no tenía nada que ver con ese asunto y a quien se imputó por revelación de secretos.
El archivo se ha producido a petición de la Fiscalía y, como era una pieza separada del Caso Puertos, y no había otras partes personadas, la investigación fue sobreseída.
El auto judicial sostiene que «dicha información alertaba sobre la existencia de la investigación judicial en curso sobre los principales cargos de la APB y sobre la previsión de ejecución de diligencias de entrada y registro. Dicha revelación causó un enorme perjuicio para la instrucción de dicha causa judicial pues obligó a la fuerza actuante a anticipar la solicitud de diligencias de entrada y registro sin esperar al momento que la investigación estaba revelando como idóneo y más adecuado para la finalidad de dicha medida y a hacerlo organizando la ingente logística que ello suponía con una antelación de sólo 24 horas».
Y añade la juez Martina Mora que «esta circunstancia impidió que la diligencia de investigación estuviera dotada de los medios de ejecución necesarios para optimizar su resultado. Por otro lado, esa revelación y consiguiente anticipación de las diligencias judiciales afectó a la perpetración de otros delitos contra la Administración que se estaban cometiendo en ese momento temporal, que habían sido detectados en las intervenciones telefónicas de forma simultánea a su ejecución y que, al ejecutar los registros en esa fecha, no llegaron a consumarse. La referida información de alguna forma que, hasta el momento, no ha podido ser esclarecida, llegó hasta el investigado en la presente pieza separada quien consta en las intervenciones telefónicas acordadas como conocedor de dicha información y transmisor de la misma».
Pero, a pesar de todo esto, «se han practicado numerosas diligencias de investigación sin que se haya podido esclarecer la identidad de la persona o personas autores de dicha revelación al investigado. A la vista de lo anterior, el Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento del procedimiento por lo que, no habiendo otras partes acusadoras personadas en el presente procedimiento, procede acordar el sobreseimiento provisional de la presente causa al amparo del art. 641.2 LECrim».
Es decir, la resolución judicial, dictada por la magistrada Martina Mora, dice que la filtración sí existió en julio de 2020 y que provocó graves consecuencias para la investigación judicial. Sin embargo, tras las diligencias practicadas, el juzgado concluye que no ha sido posible determinar quién fue el autor de la revelación de información reservada relativa a la causa que investigó presuntas irregularidades en concesiones portuarias, que no fue el empresario investigado.
La Guardia Civil detuvo al citado empresario, al constatar en las intervenciones telefónicas que conocía la existencia de la investigación y la previsión de registros, aunque en realidad, el empresario explicó que era «un farol» en una conversación privada. Pero la mala suerte hizo que esta llamada se produjese poco antes de tener previstos lo registros. Día quedó en libertad tras declarar en el juzgado en 2020 y, con el sobreseimiento acordado ahora, deja de ser investigado.
Esta decisión se suma a otras peticiones recientes de archivo en piezas derivadas del llamado caso Puertos. La Fiscalía solicitó también recientemente el sobreseimiento de otra línea de investigación relativa a un posible delito de tráfico de influencias atribuido a una asesora jurídica de la Autoridad Portuaria de Baleares.
Hasta la fecha, la única parte del procedimiento que ha derivado en acusación formal es la referida al supuesto amaño de concesiones portuarias en Menorca e Ibiza. En esa causa, la juez de Instrucción 3 de Palma de Mallorca transformó la investigación que afectaba al entonces presidente de Puertos de Baleares y otras diez personas en procedimiento abreviado para dar por concluida la investigación en procedimiento como paso previo para llegar a la celebración de juicio.
La juez acusó a Joan Gual de Torrella Guasp, entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de «varios delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración, tráfico de influencias y un delito instrumental de cohecho», todo ello dentro de la adjudicación para la explotación del Puerto de Ibiza.
Junto a Joan Gual también fue acusado de cohecho el ex vicepresidente de la APB Miguel Puigserver. La juez acusa también de prevaricación y fraude, al alcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz, y al ex director de la APB de prevaricación y fraude, Juan Carlos Plaza.
El Caso Puertos se inició en 2020
El proceso se inició en 2020 cuando la Fiscalía Anticorrupción de Baleares presentó una querella por las irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación de explotación de la dársena del puerto de Ibiza al Centro Náutico de Ibiza (CNI), la misma empresa que lo explota desde el año 1927.
Según el auto de la juez de fecha 17 de junio de 2024 el Consejo de Administración de la APB «dictó varias resoluciones arbitrarias e injustas para favorecer ilegal y deliberadamente al CNI en ejecución de la voluntad arbitraria del entonces presidente Gual de Torrella». La juez instructora enumera al menos tres resoluciones en 2016, 2017 y 2018 para conceder «la adjudicación de dos títulos de explotación del dominio público portuario apartándose para ello de los criterios de legalidad, transparencia, objetividad y concurrencia».
Para conseguir el dictado de las resoluciones «arbitrarias e injustas participaron de forma necesaria y determinante, los técnicos de la APB Armando Parada y Fernando Berenguer. En el caso de la adjudicación a favor del CNI participó también del concierto el técnico Jorge Martín», seguía el auto. Todos ellos también están acusados de varios delitos relacionados con la corrupción dentro de la causa.
