EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea propuso en febrero prohibir los servicios marítimos a los petroleros rusos, pero la medida sigue bloqueada por el veto de Grecia y Malta y la falta de respaldo del G7. Se adoptó en principio en abril, pero su activación quedó suspendida.
- ¿Quién está detrás? Grecia y Malta, con el respaldo tácito de Chipre, temen perder su negocio naviero. Estados Unidos, con la vuelta de Trump, no apoya la prohibición. El Reino Unido, clave en los seguros marítimos, guarda silencio.
- ¿Qué impacto tiene? La UE reorienta su estrategia hacia el tope al precio del petróleo, más laxo. Para España, se evita una escalada del crudo, pero Bruselas exhibe fisuras en su política de sanciones y la flota en la sombra rusa sigue ingresando miles de millones.
Bruselas mantiene en el limbo la prohibición de servicios marítimos a los petroleros rusos que la Comisión Europea propuso en febrero. El plan de Ursula von der Leyen para hundir el comercio energético del Kremlin se topó con una tormenta perfecta de intereses nacionales, virajes geopolíticos y un G7 que miró hacia otro lado.
La iniciativa formaba parte del vigésimo paquete de sanciones contra Moscú. Prohibir los servicios marítimos —desde los seguros hasta el abanderamiento— a los buques que transportaran crudo ruso era, en palabras de la presidenta, la herramienta para «recortar aún más los ingresos energéticos de Rusia». Bruselas llevaba dos años intentando cerrar esa brecha: ya en 2022, al calor de la invasión, se había planteado un veto total, pero las presiones de la Administración Biden para evitar una crisis de precios acabaron en el actual tope de 60 dólares por barril.
Sin embargo, von der Leyen condicionó explícitamente la nueva prohibición a una «coordinación con socios afines tras una decisión del G7». Ese detalle, que pretendía blindar la medida, fue el primer clavo en su ataúd. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca vació de contenido cualquier consenso transatlántico: la actual Administración ha mostrado un desdén manifiesto por las sanciones energéticas heredadas de Biden.
El segundo golpe llegó por Oriente Medio. A finales de febrero, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz dispararon el precio del petróleo. De súbito, meter mano a los servicios marítimos rusos se convirtió en un tiro en el pie para la economía europea.
Grecia y Malta, con las mayores navieras del bloque, se plantaron. Durante las negociaciones del paquete, dejaron claro que sin un acuerdo en el G7 —y sobre todo sin el conocimiento de carga del Reino Unido en los seguros P&I— bloquearían la sanción. Chipre, que entonces ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo, se mantuvo neutral para no enconar el debate. El trío mediterráneo temía perder miles de millones de euros mientras sus competidores asiáticos tomaban el relevo.
Cuando el vigésimo paquete se aprobó en abril, la prohibición de los servicios marítimos quedó recogida solo «en principio» y su activación se supeditó indefinidamente a la tan esquiva coordinación del G7. La Comisión insistió en que la puerta seguía abierta, pero la mayoría de los Estados miembros estaba de acuerdo en que la palanca política se había roto.
La sanción quedó en un estado de hibernación estratégica: aprobada pero inerte, rehén de un consenso que nunca llegó.
En junio, la propia von der Leyen presentó el vigesimoprimer paquete sin mencionar la prohibición. Volvió a hablar del tope al precio, aquel que meses antes quería sustituir. En la cumbre del G7 de Évian, el asunto ni siquiera entró en la agenda.
Isaac Levi, analista sénior del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, lo resume con crudeza: «Una prohibición bien calibrada elevaría los costes del transporte ruso, pero un recorte abrupto podría disparar los precios mundiales del petróleo y compensar la caída de ingresos del Kremlin». Su recomendación es que la UE se centre en hacer cumplir el tope, que hoy opera sin cámaras ni multas.
Los escoltos que frenaron el abordaje: intereses marítimos y realpolitik
Suecia, Finlandia, los países bálticos, Polonia, Dinamarca y los Países Bajos siguen presionando para activar la prohibición. «Una prohibición total aumentaría sustancialmente los costes de transporte y garantizaría que ninguna entidad de la UE apoye el comercio de petróleo ruso», declaró la ministra sueca de Exteriores. Pero el eje mediterráneo se ha atrincherado.
Atenas ha demostrado lo lejos que está dispuesta a llegar. Durante las negociaciones del vigesimoprimer paquete, Grecia ejerció su derecho de veto hasta conseguir una exención para seguir transportando gas natural licuado ruso más allá de 2027. El foco cayó sobre Dynagas y su fundador, el magnate George Prokopiou, que también controla Dynacom, uno de los mayores proveedores de petroleros del comercio ruso. Según el Financial Times, las navieras griegas han ganado al menos 3.800 millones de dólares (unos 3.350 millones de euros) transportando petróleo ruso en los últimos tres años.
La Comisión Europea observa el conflicto con el freno echado. Sabe que el impulso se ha desvanecido y que las reservas de Grecia y Malta, unidas a la indiferencia de Estados Unidos y el silencio del Reino Unido, convierten la sanción en políticamente tóxica. Moscú, mientras tanto, sigue esquivando las restricciones con su envejecida flota en la sombra.
El Eje del Poder Europeo
La fractura en las sanciones energéticas dibuja un nuevo mapa de fuerzas dentro de la UE. El bloque nórdico-báltico, secundado por Varsovia y La Haya, quiere cerrar todos los grifos del Kremlin porque considera que cada euro en ingresos energéticos prolonga la guerra. Frente a ellos, los Estados marítimos del sur —Grecia, Malta y, en la penumbra, Chipre— anteponen la defensa de su industria a un embargo total, y su capacidad de veto en un terreno donde aún se requiere unanimidad les da una ventaja táctica que explotan sin disimulo.
Para España, esta disputa tiene una lectura bifronte. Como gran importador de hidrocarburos, cualquier restricción brusca que dispare los precios le resultaría dolorosa, especialmente en un año de desaceleración. Pero Madrid tampoco quiere aparecer entre los que rebajan la presión sobre Putin. La postura del Gobierno ha consistido en guardar un discreto segundo plano, alineándose con la línea general del Consejo sin levantar bandera propia. En la práctica, el statu quo le conviene: la flota en la sombra rusa sigue transportando crudo, pero el tope de precios atenúa los costes. El riesgo es que, si las tensiones energéticas se recrudecen, los halcones del norte exijan mayores sacrificios y España se vea arrastrada a elegir bando.
La lección de este episodio es amarga para la Comisión. Cualquier sanción que requiera consenso externo —sea el G7 o un socio indispensable como el Reino Unido— queda expuesta a los bandazos de la política internacional. Mientras Bruselas no sea capaz de construir una mayoría cualificada que deje atrás la necesidad de unanimidad, los vetos de países con intereses muy concretos seguirán secuestrando el calendario de sanciones. La fallida prohibición de los servicios marítimos es, en ese sentido, el síntoma y no la enfermedad.
El vigésimo primer paquete, con su repliegue táctico hacia el tope al precio, confirma que la palanca marítima está por ahora fuera del arsenal comunitario. Pero el debate no ha muerto: Suecia y Finlandia ya prometen retomarlo ante la próxima cumbre del Consejo Europeo. Mientras el crudo siga fluyendo hacia la maquinaria bélica rusa, la pregunta seguirá en el aire.
