El espionaje marroquí en la Unión Europea ha dejado de ser un rumor de pasillo. La advertencia sobre una presunta red de infiltración en las instituciones comunitarias aterriza con siete semanas de retraso respecto al asalto a Ceuta y en plena resaca de la resolución con la que la Eurocámara responsabilizó a España de aquella crisis fronteriza.
Ceuta, la carta de los 22 y una resolución que señala a Madrid
Nada de esto nace de un informe clasificado ni de un expediente de contrainteligencia de ningún Estado miembro. Nace de los pasillos de Estrasburgo y de una constatación que el Diari ARA ha llevado al papel estos días: Rabat mueve hilos en Bruselas y casi nadie quiere pronunciar su nombre. Un eurodiputado de Vox llegó a asegurar, entre risas y sin una sola prueba, que en la propia sala había ‘algún espía de Marruecos’.
El detonante político sigue siendo el 30 de julio. Aquel día, decenas de miles de personas entraron por la fuerza en Ceuta y las cancillerías europeas descubrieron, atónitas, que buena parte de sus asesores no sabía situar la ciudad en el mapa. La respuesta llegó en forma de carta firmada por 22 Estados miembros, impulsada por Giorgia Meloni y por la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen, que vinculaba el asalto a la frontera española con las políticas de regularización del Gobierno de Sánchez. El presidente la calificó de ‘egoísta, polarizadora e ilegal’.
La factura llegó el pasado jueves, cuando el Parlamento Europeo aprobó una resolución que responsabiliza a España de la entrada masiva de inmigrantes. El texto lo presentó el Partido Popular Europeo, con un papel especialmente activo de la delegación española, y lo sostuvieron la derecha y la extrema derecha. Es la foto exacta de un curso político que arranca con la inmigración como eje y con España en el punto de mira.
De la solidaridad retórica al silencio sobre Rabat
Ursula von der Leyen intentó cerrar la herida en el discurso sobre el estado de la Unión: ‘La frontera de Ceuta es una frontera europea porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, repite desde entonces una idea equivalente: las fronteras terrestres del sur importan tanto como las del este. Y el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar reclamó para Ceuta el mismo énfasis con el que Bruselas condena la guerra híbrida rusa contra los países bálticos.
Hasta aquí, la parte cómoda del relato. El problema empieza cuando toca nombrar a Marruecos. Desde el primer minuto, la versión oficial española apuntó a mafias y traficantes; después, en un giro torpe, insinuó una mano rusa. Sobre Rabat, silencio. La Moncloa sostiene que no hay pruebas concluyentes, aunque el informe de la Policía Nacional apunte a un papel marroquí cuando menos relevante. Una fuente de la Comisión Europea citada por el Diari ARA lo resume con una pregunta incómoda: ‘¿Cómo Europa va a acusar a Marruecos si primero no lo hace España?’.
Europa no exige pruebas para endurecer su retórica migratoria, pero reclama certezas absolutas antes de pronunciar la palabra Marruecos.
Marruecos respondió el mismo día con un gesto de fuerza: anunció la ampliación de sus vínculos con Israel y con Estados Unidos mediante un acuerdo para reforzar la cooperación trilateral. Rabat no necesita desmentir nada. Le basta con recordar, cada vez que hay tensión, que controla la llave de la inmigración irregular hacia el sur de Europa.
En clave interna, el pulso ya está en campaña. El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos pide revisar la relación política y comercial con Rabat; su colega de Vox Jorge Buxadé llegó a llamar a Sánchez ‘agente de Marruecos’ mientras exigía elevar la valla de Ceuta. Ambos gestos alimentan un relato que la derecha española quiere llevar a las elecciones generales de 2027. Desde el PSOE se responde que el respeto a Sánchez en la Eurocámara sigue siendo alto.
El Eje del Poder Europeo
La geometría de esta crisis rompe los bloques habituales. Italia y Dinamarca, —Meloni y una primera ministra socialdemócrata— firmaron juntas la carta de los 22, una alianza que descoloca al eje franco-alemán, hoy cómodo en el silencio. Los frugales del norte, siempre sensibles al control migratorio, no ven motivo para defender a Madrid. Visegrado y los bálticos empujan en la dirección contraria a cualquier flexibilidad. Y España, que en la pasada legislatura europea jugó la carta de puente entre el sur y el norte, aparece sola en el asunto que más le duele.
El precedente más útil para entender lo que viene es el pacto migratorio entre la UE y Turquía de marzo de 2016. Entonces Europa aceptó pagar a Ankara —3.000 millones de euros en una primera fase— por contener a los refugiados sirios. El esquema se replica hoy con Rabat, con una diferencia de fondo: Marruecos no es un socio de conveniencia, es vecino, es la puerta de Ceuta y Melilla y es el principal contrapeso migratorio del sur. Ponerlo en el centro del debate obligaría a revisar el acuerdo de asociación, con impacto directo en el sector pesquero andaluz y canario y en la cooperación policial que sostiene el control de fronteras.
La lectura a cinco años es incómoda. Si Bruselas normaliza la doctrina de que las fronteras del sur son europeas solo cuando el discurso del momento lo permite, España acabará pagando dos veces: una por contener en solitario la presión migratoria y otra por no poder nombrar al actor que la instrumenta. El Pacto de Migración y Asilo, ya en aplicación desde junio, no cubre ese vacío. La próxima ventana crítica llega en octubre, con el Consejo Europeo y con la revisión del acuerdo de asociación con Marruecos en el aire. Hasta entonces, la única certeza es que Rabat seguirá en la sala. Aunque casi nadie lo mencione.
