La escasez de misiles estadounidense retrasará hasta cinco años las entregas a los aliados europeos, según el aviso que Washington ha trasladado a la OTAN.
Qué se retrasa exactamente y hasta cuándo
El primer destinatario del aviso ha sido Berlín. Alemania pidió a la Casa Blanca que acelerase la entrega de misiles de crucero Tomahawk y de lanzadores terrestres Typhon, el sistema que dispara SM-6 y Tomahawk desde plataformas móviles en tierra. Raytheon, el fabricante, difícilmente cumplirá el pedido dentro de los próximos cinco años. El problema no es de ingeniería, sino de estantería: no hay unidades que apartar.
Lo admite el propio Pentágono por escrito. El informe del inspector general del Departamento de Defensa, publicado en los últimos días, sostiene que el gasto en la campaña contra Irán ‘ha derivado en carencias de inventario estratégico y ha revelado cuellos de botella en la base industrial para el reabastecimiento de municiones’. La traducción es sencilla: se ha disparado más de lo que la industria puede fabricar.
La evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso es todavía más incómoda. Este organismo calcula que Estados Unidos ha consumido entre la mitad y dos tercios de sus existencias de determinados interceptores antimisil desde junio de 2025. Reconstruir esos niveles exigiría al menos cinco años, incluso con la producción a pleno rendimiento.
El coste directo de la guerra, según el mando central estadounidense (CENTCOM), asciende a 43.600 millones de dólares con cierre contable del 3 de septiembre. La cifra es contable y se queda corta. No mide el tiempo que la cadena de suministro necesita para reponer lo ya disparado, ni el hueco que ese tiempo abre en los arsenales de terceros países.
Un misil lanzado sobre Ormuz es un interceptor que no estará disponible para defender el flanco este de la OTAN.
Ucrania paga la factura de Ormuz
Quien peor lo nota es Kiev. Cada batería Patriot desplegada en Ucrania depende de los interceptores PAC-3, y el Washington Post informó en mayo de que el país estaba ‘casi por completo’ sin existencias de ese modelo. Para una defensa aérea construida sobre ese sistema, quedarse sin PAC-3 significa dejar pasar misiles rusos que antes se derribaban.
Volodímir Zelenski admitió el mes pasado que sus socios habían entregado en 2026 alrededor de un tercio de los misiles antiaéreos que enviaron en el mismo periodo de 2025. A eso se suma un detalle que el Estado Mayor ucraniano ha reconocido en varias ocasiones: noches enteras sin derribar un solo misil ruso.
En Bruselas, la respuesta tiene dos velocidades. La primera es política: los líderes europeos tienen previsto reclamar a Trump más baterías Patriot para Ucrania durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, que arranca en Nueva York en los próximos días. La segunda es industrial: la Comisión Europea busca licencias estadounidenses que permitan fabricar Patriot en suelo europeo. Sin esas licencias, la dependencia se hereda década tras década.
Equilibrio de Poder
Washington ha reordenado prioridades sin decirlo en voz alta. La administración Trump rechaza en público que la campaña contra Irán haya dejado al Ejército estadounidense corto de munición; el inspector general, la Oficina de Presupuesto del Congreso y los calendarios de Raytheon apuntan en la dirección contraria. Para Moscú, la ecuación es sencilla: cada retraso occidental es un margen más para sostener la presión sobre Ucrania. Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, lo formuló a comienzos de mes con una franqueza poco habitual al sugerir que Washington podría acortar el conflicto si ‘deja de prestar cualquier asistencia a Kiev’.
Para España el problema no es teórico. La Armada mantiene cuatro destructores AEGIS en Rota, el mayor despliegue antimisiles permanente de Estados Unidos en Europa, y esos buques dependen de una cadena de repuestos que ahora compite con Ucrania, con Israel, y con el Indo-Pacífico por las mismas líneas de producción. España no opera baterías Patriot: su defensa aérea de campaña se apoya en sistemas NASAMS y HAWK. Las alternativas europeas —el SAMP/T franco-italiano y el futuro FCAS— no estarán maduras antes de la próxima década. Madrid gasta más en defensa sin garantía de recibir lo que compra, y el compromiso del 2% del PIB para 2029 se negoció en un mercado de proveedores que ha dejado de ser fiable.
La raíz del problema es histórica. El dividendo de la paz de los años noventa desmanteló en Europa y en Estados Unidos las líneas de producción que ahora hacen falta; cuando en 2022 arrancaron los envíos masivos a Ucrania, la industria llevaba tres décadas produciendo al ritmo de la paz. Reponer ese tejido no se decreta. Exige contratos plurianuales, licencias cruzadas y una base industrial europea que hoy existe, sobre todo, en proyectos.
El próximo examen llega en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN prevista para octubre, donde Bruselas quiere arrancar a Washington compromisos de entrega por escrito. La pregunta que España debería llevar a esa mesa no es cuánto gastar, sino qué puede comprarse con ese dinero y cuándo llegará. La escasez de misiles ha dejado de ser un problema logístico para convertirse en una cuestión de soberanía.
