EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento Europeo ha propuesto recortar de 36 a 24 meses el plazo para que las empresas europeas retiren de sus infraestructuras los equipos de proveedores declarados de alto riesgo, un año menos de lo que planteaba la Comisión Europea.
- ¿Quién está detrás? La eurodiputada checa Markéta Gregorová firma un documento que endurece la futura Cybersecurity Act 2; los socialistas pedían 12 meses y el Consejo todavía no ha cerrado su posición.
- ¿Qué impacto tiene? La patronal Connect cifra entre 30.000 y 40.000 millones de euros el desmantelamiento acelerado, y España se queda como uno de los pocos Estados que defiende plazos de 48 meses para no romper con Pekín.
El Parlamento Europeo quiere retirar a los proveedores chinos de la UE en 24 meses, un año menos de lo que propone la Comisión Europea. La Eurocámara ha remitido esta semana al Ejecutivo comunitario su posición sobre la actualización de la ley de ciberseguridad, la Cybersecurity Act 2, y en ella recorta de 36 a 24 meses el calendario que tienen las empresas para desmontar de sus redes cualquier equipo firmado por un suministrador declarado de alto riesgo.
Dos años en lugar de tres: el calendario que la Eurocámara quiere imponer
El documento lleva la firma de la eurodiputada checa Markéta Gregorová y es, en varios puntos, más restrictivo que el borrador que maneja Bruselas. El alcance no se limita a las antenas de telefonía: la norma cubre centros de datos, cables submarinos, redes eléctricas, y el resto de infraestructuras que la UE considera críticas. En el punto de mira siguen Huawei y ZTE. Si un país o una empresa entran en la lista de alto riesgo, sus equipos tienen que salir de las cadenas de suministro europeas.
El cambio de método importa tanto como el plazo. El Parlamento sustituye la declaración genérica por países por una evaluación técnica apoyada en una matriz de criterios objetivos sobre propiedad, control y gobernanza de cada proveedor. Ese era uno de los nudos de la negociación: la Comisión prefería señalar a China y a países ajenos a la OTAN, mientras los Estados miembros se inclinaban por identificar empresas concretas. El texto añade además un punto de entrada único gestionado por la agencia europea de ciberseguridad para notificar incidentes, un servicio de asistencia contra el ransomware, la promoción del software de código abierto y un sistema de certificación obligatoria por niveles de seguridad.
El calendario aprieta. La propuesta del Parlamento, el mandato del Consejo (donde se sientan los Gobiernos) y el texto de la Comisión deben confluir en un acuerdo antes de que termine el año. Los socialistas europeos (S&D) habían pedido ir mucho más lejos, hasta los doce meses, y el resultado final dependerá de cuánto aguante el Consejo. Cada semana que pasa reduce el margen de maniobra de las operadoras. El marco vigente, que puede consultarse en el reglamento europeo de ciberseguridad de 2019, queda así a un paso de ser reescrito.
Telefónica, Orange y Vodafone avisan: la factura llega a los 40.000 millones
La patronal europea Connect, que representa a Telefónica, Orange, Vodafone y Deutsche Telekom, sostiene que un desmantelamiento en tres años costaría entre 30.000 y 40.000 millones de euros. En su último informe asegura que sacar a proveedores de alto riesgo como Huawei en menos de siete años es financieramente inviable y generaría cuellos de botella en la infraestructura del continente. Los consejeros delegados de estas compañías enviaron en las últimas semanas una carta a la Comisión para reclamar una reforma urgente de la política tecnológica europea, con críticas también a la futura ley de redes digitales (DNA).
Recortar un año el calendario no acelera la seguridad europea: solo traslada la factura a las operadoras y concentra el mercado en dos fabricantes.
El aviso tiene un destinatario claro. Connect alerta de que el mercado europeo quedaría reducido a un duopolio formado por la finlandesa Nokia y la sueca Ericsson, con la consiguiente pérdida de competencia y de capacidad de negociación en los precios. En paralelo, España se ha convertido en uno de los pocos Estados que defiende una protección extensa para los proveedores chinos: el Gobierno de Pedro Sánchez fue el que más enmiendas presentó al proyecto, una insistencia que en los círculos europeos se ha leído como un intento de torpedear la ley y se enmarca en la relación privilegiada de Madrid con Pekín.
El Eje del Poder Europeo
El pulso es tanto geográfico como institucional. El Parlamento empuja y el Consejo frena, y entre ambos se dibuja la geometría habitual: los países nórdicos y bálticos, con Suecia y Finlandia a la cabeza y con Ericsson y Nokia en casa, tienen pocos incentivos para dilatar un calendario que beneficia a su industria; España tiene los contrarios. El eje franco-alemán llega dividido. Alemania alberga a Deutsche Telekom, una de las firmantes de la carta de Connect, y el criterio laxo que Berlín aplicó al desplegar el 5G explica por qué Bruselas ha evitado hasta ahora los plazos duros.
Madrid juega a la contra con una propuesta concreta. España reclama un plazo mínimo de 48 meses para que las entidades esenciales sustituyan componentes en activos críticos, un escudo de 36 meses para los equipos que ya estuvieran instalados y operativos cuando se publique la lista oficial de suministradores, y una transición de 24 meses para las nuevas compras. Añade cláusulas de caducidad: los proveedores de la lista decaen a los tres años salvo que una nueva evaluación de riesgo los mantenga. El argumento de Moncloa es de soberanía: son los Estados, y no la Comisión, quienes deben tener la última palabra, y cualquier paso en falso tensiona las relaciones comerciales con terceros países.
El precedente inmediato es la caja de herramientas del 5G, el paquete de recomendaciones que Bruselas aprobó en 2020 para coordinar la salida de Huawei sin imponerla. Se aplicó de forma desigual —Reino Unido fijó su horizonte en 2027 y otros Estados no movieron un cable— y dejó un mapa fragmentado que esta ley pretende corregir. La lectura a cinco o diez años es incómoda para Europa: si el texto final llega con plazos de dos años, la UE habrá elegido soberanía tecnológica a cambio de factura industrial; si el Consejo impone los 48 meses españoles, habrá elegido lo contrario. En ambos casos, la decisión sobre quién controla las redes del continente se habrá tomado en Bruselas y no en cada capital.
Queda por ver la posición formal del Consejo, que se espera para las próximas semanas, y la primera reunión a tres bandas entre Comisión, Parlamento y Consejo que debe cerrar el texto definitivo antes de fin de año. Ahí se medirá si la Eurocámara conserva su aritmética de dos años o si España y las telecos logran diluirla. Hasta entonces, el documento de Gregorová es una declaración de intenciones. Nada más. Y nada menos.
