Vox exige deportaciones urgentes y abrir un proceso de remigración tras la paliza sufrida por un vecino de 81 años en Lorca.
El portavoz nacional de Seguridad de la formación, Samuel Vázquez, ha escenificado este sábado en el municipio de Lorca su exigencia de expulsar a los presuntos responsables de la agresión, ocurrida en la madrugada del sábado 12 de septiembre.
Vázquez ha comparecido acompañado por el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, junto a diputados en la Asamblea Regional de Murcia y concejales de varios municipios. El acto se ha celebrado en el mismo término municipal donde se produjo la agresión y con la estructura territorial del partido al completo.
Qué exige Vox y con qué argumentos
La reclamación se ordena en tres pasos. Primero, ‘deportaciones urgentes para estos criminales’. Después, ‘repatriaciones masivas para todos los ilegales’. Y, por último, ‘abrir un proceso de remigración’, con el objetivo declarado de detectar ‘quién ha venido aquí a vivir del esfuerzo de todos los españoles’.
La remigración, un término que el partido ha situado en el centro de su discurso migratorio en los últimos años, designa el retorno progresivo de la población extranjera a sus países de origen. Vox la plantea como un procedimiento ordenado: no se trata solo de expulsar a quien delinque, sino de revisar la situación de quienes residen en España al margen de la ley.
El argumentario del dirigente arranca de la víctima. Vázquez ha descrito a Paco, el vecino agredido, como ‘un hombre de 81 años que de niño vivió una posguerra y que forma parte de la generación sobre cuyos hombros se levantó este país’. Acto seguido ha lanzado la pregunta: ‘¿Y cómo se lo pagamos? Ni siquiera puede pasear tranquilo por su barrio’.
El portavoz nacional de Seguridad ha advertido, además, de que los presuntos agresores podrían haber protagonizado más ataques durante esa misma noche, un extremo que no ha precisado. La nacionalidad de los presuntos autores no consta confirmada de forma oficial. Y ha extendido el caso a una categoría mayor: ‘Pero seamos serios. No solo es Paco. Podría ser el abuelo de cualquiera de nosotros’, ha señalado, antes de garantizar que Vox seguirá defendiendo a ‘Paco, al resto de los lorquinos y a todos los murcianos’.
La agresión de Lorca no origina el discurso de Vox sobre inmigración, pero sí es el escenario elegido para reclamar tres medidas que el partido quiere convertir en agenda.
Su reproche ha apuntado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien responsabiliza de no adoptar medidas para expulsar a los extranjeros que cometen delitos.
Vázquez ha cerrado su intervención con un compromiso de futuro: ‘Buscaremos a estos criminales y los llevaremos a patadas hasta la frontera. No nos importa la opinión del rey de Marruecos’, ha afirmado, al sostener que esa será la actuación de Vox cuando Santiago Abascal llegue a la Presidencia del Gobierno. Y ha rematado: ‘Los murcianos están hartos. Los murcianos dicen basta’.
Qué recorrido tienen las medidas y quién decide las expulsiones
El margen de actuación sobre cada una de las tres medidas es desigual. La expulsión de extranjeros que han cometido delitos se tramita a través de la Ley de Extranjería y exige, en la mayoría de los supuestos, una resolución administrativa o judicial previa, lo que alarga los procedimientos y deja la ejecución en manos del Ministerio del Interior.
Las repatriaciones masivas requieren, a su vez, acuerdos de readmisión con los países de origen, un terreno en el que los convenios vigentes condicionan cualquier operación a gran escala. Y la remigración, tal como la formula Vox, exigiría un desarrollo normativo que hoy no existe: su aplicación quedaría supeditada a un cambio de mayoría parlamentaria.
Hasta el cierre de esta edición no consta una valoración pública del Ministerio del Interior ni del PP sobre las medidas reclamadas en Lorca. Los populares gobiernan la Región de Murcia en minoría desde que Vox abandonó los gobiernos de coalición autonómicos en julio de 2024, una posición que convierte al partido de Abascal en interlocutor necesario para sostener cualquier mayoría en la comunidad.
La estrategia de Vox: la seguridad como eje del pulso con el PP
El episodio de Lorca encaja en una línea que Vox sostiene desde hace años: situar la seguridad y la inmigración irregular en el centro de su ofensiva política. La insistencia le ha permitido marcar parte de la discusión pública sobre seguridad en los últimos años. Lorca, con una economía apoyada en la agricultura intensiva, es uno de los municipios donde ese debate lleva más tiempo instalado. La dirección del partido maneja una lectura clara: cada episodio de inseguridad reabre la disputa sobre quién puede gobernar con mano dura y quién se queda en la retórica.
Hay un precedente inmediato: julio de 2024, cuando Vox rompió los pactos de coalición con el PP en cinco comunidades y trasladó su presión al terreno presupuestario. Desde entonces, el partido ha mantenido la inmigración como eje de perfil propio sin renunciar a su condición de socio necesario para los populares en autonomías y ayuntamientos. Esa doble condición es también su principal dificultad: exige distancia en el discurso y entendimiento en la gestión.
El reto, ahora, es convertir la reclamación en agenda. Vox quiere que las tres medidas dejen de ser una declaración en la plaza y pasen a discutirse en las instituciones, con la vista puesta en el ciclo electoral de 2027. El argumento que se repite en cada episodio de inseguridad es que las palabras sin cambios normativos no expulsan a nadie, y el partido lo traslada al PP, que gobierna en minoría en la Región de Murcia desde la ruptura de julio de 2024.
