La Eurocámara ha calificado de invasión la crisis de Ceuta y ha señalado a Marruecos por instrumentalizar la migración como arma híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro. La resolución, aprobada el pasado jueves, carece de carácter vinculante. En la práctica, deja a Pedro Sánchez retratado en solitario ante sus socios europeos.
Una resolución que parte en dos la coalición de Von der Leyen
El texto salió adelante con los votos del PPE, los liberales de Renew y la derecha europea. En contra se alinearon los socialistas y las izquierdas. Es la primera vez en esta legislatura que la gran coalición que sostiene a Ursula von der Leyen se rompe por un asunto migratorio. El documento también pide una investigación independiente sobre la gestión del Ejecutivo español y reprocha a Moncloa haber ignorado las ‘advertencias’ que llegaron desde Bruselas.
La resolución evita nombrar a Marruecos en todos sus párrafos, pero describe con precisión el mecanismo: un tercer país que usa los flujos migratorios para presionar a un socio comunitario. En Bruselas ya se habla sin ambages de guerra híbrida. Según fuentes comunitarias consultadas por este medio, el Gobierno marroquí envió correos a varios eurodiputados en los días previos a la votación para intentar frenar o, al menos, suavizar el texto. Temía que la Eurocámara llegara a pedir el corte de lazos comerciales con el bloque.
La carta de los Veintidós y la soledad de España
El descontento no es nuevo. El 1 de agosto, un día después de la entrada masiva en la ciudad autónoma, 22 Estados miembros firmaron una carta conjunta dirigida a António Costa, a Von der Leyen y al primer ministro de Irlanda, que ejercía entonces la Presidencia rotatoria del Consejo. Reclamaban una videoconferencia urgente de los ministros de Interior. Y exigían estudiar el refuerzo o la reintroducción de controles temporales en las fronteras interiores.
‘No podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la UE’, escribieron los firmantes. Entre ellos figuraban Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, Países Bajos, Polonia, la República Checa y Suecia. Una geometría inusual, que mezcla a los frugales del norte, al bloque de Visegrado y al eje mediterráneo.
Roma fue la primera en moverse. El Gobierno de Giorgia Meloni activó controles fronterizos ese mismo 1 de agosto, prorrogados como mínimo hasta el próximo 29 de septiembre. Madrid respondió de inmediato con la misma medida para los viajeros procedentes de Italia por vía aérea y marítima. El ministro José Manuel Albares calificó de ‘vergüenza’ la actitud de Roma y recordó que Italia registra el doble de entradas irregulares que España.
La resolución no cambia una sola ley, pero certifica algo más grave: la solidaridad europea con España ya no es automática cuando la frontera se llama Ceuta.
Francia reforzó sus propios controles. Alemania exigió a Sánchez que recuperara el control de la situación ‘lo antes posible’. Y Finlandia llegó a decir que España ‘ha fracasado completamente’ a la hora de proteger la frontera exterior. El golpe más delicado vino, sin embargo, de la propia familia socialdemócrata: Dinamarca, gobernada por Mette Frederiksen, llegó a sugerir la suspensión de España del espacio Schengen.
‘Ha habido momentos en que hemos echado en falta esa solidaridad de Italia y Dinamarca’, respondió Albares, visiblemente irritado, antes de recordar que España ayudó a Roma durante la crisis de Lampedusa en 2023. La escena resume el problema de fondo: un miembro del club socialdemócrata exigiendo cuentas a otro mientras media Europa endurece fronteras.
El Eje del Poder Europeo
Lo que observamos es un cambio de fondo en la geometría europea. Durante la crisis de 2021, cuando unas 8.000 personas entraron en Ceuta en plena disputa diplomática por la acogida de Brahim Ghali, el respaldo a España fue unánime y casi inmediato. Todos los comisarios y gobiernos entendieron entonces que el problema español era un problema de todo el club. Cinco años después, buena parte del club ha decidido que el problema es de Sánchez.
El eje franco-alemán ha preferido mirar hacia otro lado. París y Berlín han endurecido sus propias fronteras y han evitado convertir la crisis en un pulso público contra Moncloa, pero tampoco la han defendido. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Austria, Suecia, Finlandia— han pasado de la contención verbal al reproche directo. Y Visegrado, con Hungría y Polonia a la cabeza, ha encontrado en Ceuta el argumento perfecto para exigir un giro restrictivo del Pacto Migratorio que ya venía impugnando.
Para España el coste es doble. En el plano interno, la crisis refuerza el relato de la oposición sobre una frontera descontrolada. En el europeo, debilita la posición negociadora de Moncloa justo cuando se discuten los fondos de migración y asilo del próximo Marco Financiero Plurianual. La Comisión ha movilizado una ayuda de emergencia de 114,7 millones de euros para reforzar la frontera de Ceuta y acelerar las deportaciones, con el despliegue de Frontex, Europol, y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
Pero Bruselas ha evitado activar fondos de emergencia adicionales para España, según confirman fuentes comunitarias. La ayuda llegó más tarde de lo que podía porque el Ejecutivo tardó en responder a las peticiones de información de la Comisión. En el Berlaymont llegaron a quejarse de que ‘los responsables del Ministerio del Interior no cogían el teléfono’.
Hay, además, una contradicción que conviene subrayar. Mientras la mayoría de las capitales endurecía el control fronterizo, el Ejecutivo de Sánchez se desmarcó del apoyo a los centros de detención previstos en el Pacto Europeo de Asilo y aprobó una regularización extraordinaria de más de medio millón de personas. El comisario de Interior, el austríaco Magnus Brunner, advirtió de que ‘un permiso de residencia no es un cheque en blanco’.
La lectura a cinco años es incómoda para España. Cada decisión unilateral en materia migratoria se convierte en moneda de cambio en el Consejo. Y Bruselas ya ha anunciado el siguiente paso: una ‘ley de emergencia’ que permita suspender el procedimiento de asilo a los migrantes ‘instrumentalizados en un ataque híbrido’, con un plan de devoluciones inmediatas.
Queda pendiente la visita de Von der Leyen a Ceuta, aún sin fecha cerrada, en respuesta a la invitación que le cursó por carta el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. Hasta entonces, el territorio seguirá siendo la frontera que la Unión no puede ignorar ni quiere asumir.
