Adolfo Suárez Illana sostiene que la Ley de Memoria Democrática ‘va en dirección opuesta a lo que significa la concordia’. La crítica del abogado y exdiputado del PP reabre el debate sobre una de las normas clave del Gobierno de Pedro Sánchez. El argumentario socialista responde con un dato incómodo para el reproche: la reparación a las víctimas ya suma cientos de miles de expedientes.
En una entrevista con Europa Press con motivo de la publicación de su libro ‘La concordia es posible’ (Espasa), Suárez Illana reivindica el espíritu de la Transición y lamenta que algunos dirigentes revivan ‘el enfrentamiento’ para ‘obtener un rédito político. El hijo del expresidente Adolfo Suárez asegura que no pretende ‘dar lecciones a nadie’, aunque ofrece el testimonio de quien ‘vivió desde dentro un proceso muy complicado’.
El reproche a la ley y el esfuerzo de reparación que ya existe
La norma —Ley 20/2022, aprobada en octubre de 2022— declaró la ilegalidad de los tribunales franquistas, reconoció a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y blindó la retirada de los símbolos de exaltación del franquismo. El texto hunde sus raíces en la Ley de Memoria Histórica que José Luis Rodríguez Zapatero llevó a La Moncloa en 2007. Una deuda democrática que el Ejecutivo de coalición ha defendido como prioridad de legislatura.
Los números sostienen el argumentario socialista. Según el informe de la Comisión Interministerial de 2006, entre 1977 y 2005 se aprobaron cerca de 574.000 expedientes de pensiones e indemnizaciones vinculados a la Guerra Civil y a la dictadura. En los primeros gobiernos socialistas, hasta el 26% del gasto en pensiones llegó a corresponder a la reparación de las víctimas.
Suárez Illana admite ese esfuerzo, pero considera negativo trazar ‘una especie de línea recta entre la sublevación del 36, la Guerra Civil, la dictadura, la Transición y que la Constitución sea… el capítulo final de esa guerra’. Una ‘deslegitimación general’, dice, que se sitúa en las antípodas del espíritu de la Transición. No es un reproche menor.
La disputa sobre la memoria rara vez habla del pasado: casi siempre es una pelea por el relato que define el presente.
El argumentario socialista insiste en un matiz que el propio Suárez Illana reconoce: la concordia ‘no es ni mucho menos el acuerdo’ ni la renuncia a la verdad, sino decidir compartir ‘la casa común’. Sobre esa base, reparación y concordia no se contradicen. La ley no busca revancha. Busca que nadie quede fuera.
Memoria, reparación y el pulso por el relato político
La entrevista también aborda la amnistía. Suárez Illana sostiene que ‘la amnistía no está incluida como excepción en la Constitución’ y recuerda que las enmiendas para incorporarla en 1978 fueron votadas en contra. La ley de amnistía de 2024 —que benefició a los encausados por el procés— reabrió un debate que el PP ha convertido en bandera. Nada nuevo en el fondo: cada Gobierno socialista ha tenido que defender sus decisiones de memoria frente al mismo tipo de reproche.
La trayectoria de Suárez Illana ayuda a leer el momento. Incorporado por José María Aznar a la ejecutiva del PP y candidato derrotado en Castilla-La Mancha en 2003 frente al socialista José Bono, regresó de la mano de Pablo Casado a la Mesa del Congreso entre 2019 y 2022. Dejó el escaño tras hablarlo con Alberto Núñez Feijóo. Sigue militando y pagando su cuota, pero no volverá a la vida institucional. Cosas de la política.
El Eje del Poder Socialista
Desde Ferraz, la lectura es clara: la memoria democrática dejó de ser un asunto del pasado para convertirse en una política pública de presente. Ahí están las exhumaciones impulsadas en Castilla-La Mancha, Asturias, o Navarra, la retirada de símbolos de exaltación del franquismo y el reconocimiento de las víctimas. En las comunidades gobernadas por el PSOE, el despliegue de la norma se ha convertido en una seña de identidad de gestión, y cada reproche de la oposición refuerza ese perfil.
El pulso, sin embargo, tiene flancos delicados. La oposición ha encontrado en la concordia un marco más amable que la confrontación directa, y el PP lo usa para tensar a los barones socialistas que gobiernan territorios donde el discurso de la memoria no siempre moviliza igual. El Grupo Parlamentario Socialista sostiene que la norma cuenta con el respaldo de la mayoría de investidura y que cualquier intento de derogarla exigiría una mayoría que hoy no existe. Ese es su blindaje real.
La lectura a medio plazo es doble. La memoria democrática forma parte del paquete de políticas de derechos con el que el PSOE ha construido su marca de legislatura, junto a la vivienda, la fiscalidad progresiva o la igualdad. Pero el debate sobre la Transición y la Constitución seguirá siendo un terreno de disputa que la oposición activará cuando le convenga. La comparación con otros gobiernos socialdemócratas europeos refuerza la posición de Ferraz: en Alemania, Francia o Portugal, las políticas de memoria se consolidaron como políticas de Estado, no como gestos tácticos. Y aquí, la hoja de ruta es la misma.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La memoria democrática repara, no revancha: la concordia se construye reconociendo a las víctimas.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), frente a las críticas de Adolfo Suárez Illana (exdiputado del PP).
- Próximo hito: Continuidad del despliegue territorial de la Ley 20/2022 en las comunidades gobernadas por el PSOE.
