La investigación del espionaje Pegasus al móvil de Pedro Sánchez sigue bloqueada a las puertas de su sexto aniversario. La causa que instruye la Audiencia Nacional no ha logrado un solo imputado, y el motivo tiene nombre y apellidos: la negativa de Israel a cooperar con la Justicia española.
Era martes, 13 de octubre de 2020. En plena segunda ola de la pandemia, el dispositivo del presidente del Gobierno apareció comprometido. Pegasus, el software espía de la firma israelí NSO Group, había entrado en el teléfono con total sigilo: acceso a los archivos, activación remota del micrófono, grabación de llamadas y seguimiento por GPS. A esa primera infección le siguieron otras cuatro a lo largo de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos. También resultaron pinchados los móviles de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura. La exfiltración superó los 8 gigabytes de datos. La mayor se produjo en el teléfono del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska: 6,3 gigabytes.
Seis años después, la causa sigue sin verdad judicial
Las pesquisas arrancaron con una denuncia de la Abogacía del Estado y recayeron en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Su titular, José Luis Calama, ha tenido que guardar el procedimiento en un cajón hasta en dos ocasiones. La mayoría de las infecciones detectadas por el Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se produjeron después de que España aceptara tratar al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño. Las investigaciones periodísticas lideradas en España por El Confidencial apuntan directamente a Rabat. Ninguna sentencia lo confirma.
El propio instructor reconoce los límites técnicos. ‘El código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída’, recoge en sus resoluciones. Traducido: nadie puede afirmar qué información llegó a manos de los atacantes. Tampoco hay indicios suficientes para vincular a una persona concreta, porque el spyware comercial convierte la atribución en un ejercicio casi imposible. Sí ha aflorado una pista: algunas de las infecciones se ejecutaron desde la cuenta linakeller2203@gmail.com, la misma infraestructura empleada en ataques investigados en Francia.
La comisión rogatoria que Israel nunca contestó
Calama remitió una comisión rogatoria —la solicitud formal de auxilio judicial a otro Estado— para tomar declaración al consejero delegado de NSO Group y para que la compañía respondiera a una decena de preguntas. Al magistrado le interesaba saber quién puede comprar el software, si la empresa conserva el control remoto del producto una vez vendido o si es capaz de identificar al autor de una infección concreta. El instructor recordó la existencia de esa comisión en varias resoluciones.
Israel no contestó. Ni una respuesta, ni un acuse de recibo. ‘El Estado de Israel no presta a España un nivel de cooperación equivalente al recibido en supuestos sustancialmente análogos’, escribió Calama en su último auto de archivo. El magistrado considera que ese comportamiento rompe el equilibrio propio de la cooperación internacional y vulnera el principio de buena fe que debe regir entre Estados, contraviniendo lo dispuesto en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal.
Sin cooperación internacional no hay atribución posible, y sin atribución no hay justicia: Pegasus seguirá siendo un caso abierto solo en los titulares.
El resultado es lo que el Tribunal Supremo ha bautizado como ‘impotencia investigadora’. No hay a quién imputar. No hay hilos de los que tirar. La causa queda en ‘situación de latencia’ hasta una respuesta israelí que el propio instructor juzga poco probable o hasta la aparición de nuevas fuentes de prueba. El paralelo francés permitió reabrir el sumario durante un tiempo, pero año y medio después volvió al cajón. El espionaje permanece sobreseído de forma provisional.
El Eje del Poder Socialista
La lectura institucional es incómoda, pero conviene hacerla sin adornos. Un Gobierno democrático denunció el pinchazo de sus propios teléfonos, activó a la Abogacía del Estado y confió el asunto a la Justicia ordinaria. Seis años más tarde, lo que llega no es una sentencia, sino un silencio administrativo desde Jerusalén. En Ferraz se ha defendido desde el primer día que este no es un episodio de lawfare ni de guerra partidista, sino una cuestión de soberanía tecnológica y de protección de las comunicaciones de los responsables públicos.
El argumentario socialista subraya que el bloqueo no depende de ninguna decisión española. Comisión rogatoria tras comisión rogatoria, peticiones sin respuesta y un informe del CNI que llegó a señalar infraestructuras compartidas con ataques investigados en Francia. Los ministros cuyos móviles fueron pinchados —Robles, Grande-Marlaska, Planas— siguieron al frente de sus departamentos durante el resto de la legislatura. Ese detalle importa. No hubo dimisiones, ni crisis de gabinete, ni fractura en el Consejo de Ministros.
El aterrizaje de este bloqueo tiene dos capas, y ninguna es menor. La primera afecta a cualquier ciudadano: si las comunicaciones de un presidente del Gobierno pueden ser intervenidas sin que exista atribución posible, ningún responsable público, ningún periodista, y ningún abogado está a salvo. La segunda es europea. España reclamó cooperación al amparo del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal y no la obtuvo. La respuesta que defiende Ferraz pasa por más Europa: reglas comunes, trazabilidad de los programas espía y sanciones para quien comercialice herramientas que no puedan auditarse.
Queda un riesgo evidente sobre la mesa. Si el Estado de Israel mantiene su silencio —y todo apunta a que lo hará— la causa seguirá en punto muerto hasta que aparezca una prueba nueva, y eso puede tardar años. El precedente más cercano, el francés, sirvió para reabrir el sumario y volvió a cerrarse. Seis años después, el espionaje más grave sufrido por un Gobierno español contemporáneo sigue sin culpable. Cosas que pasan en política.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: España cumplió con la Justicia; el bloqueo del caso Pegasus es un déficit de cooperación internacional, no un fallo interno.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Respuesta pendiente del Estado de Israel a la comisión rogatoria y eventual reapertura de la causa si aparecen nuevas pruebas.
