La crisis migratoria que estalló en Ceuta a finales de julio ha convertido a Juan Jesús Vivas en uno de los principales protagonistas del enfrentamiento entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico. El presidente ceutí ha endurecido progresivamente su discurso contra Pedro Sánchez y sus ministros, mientras Moncloa y varios miembros del Gobierno han cuestionado la actuación del dirigente del PP y su disposición a colaborar con algunas de las medidas planteadas para gestionar la llegada masiva de migrantes.
El conflicto no se limita ya a la gestión de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad. La crisis de Ceuta ha abierto una disputa sobre quién debía anticiparse a la emergencia, quién tenía que asumir el mando y qué respuesta debía ofrecer el Estado, al tiempo que ha convertido a Vivas en una de las voces más críticas con la actuación del Ejecutivo central.
La advertencia del 27 de julio que marcó el enfrentamiento
Uno de los momentos decisivos se produjo antes de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Vivas sostiene que el 27 de julio reclamó al Gobierno la declaración de una emergencia nacional y la creación de un mando único para afrontar el incremento de la presión migratoria. Según su versión, recibió una respuesta insuficiente y posteriormente desde Moncloa se le habría pedido que dejara de llamar por la insistencia de sus comunicaciones.
Tres días después, decenas de miles de personas intentaron acceder a Ceuta desde Marruecos. El episodio terminó convirtiéndose en la mayor crisis migratoria que ha afrontado la ciudad en los últimos años y provocó una presión extraordinaria sobre los servicios de acogida, seguridad y protección de menores.
Vivas ha mantenido desde entonces que la entrada masiva podía haberse evitado porque existían avisos previos. El 26 de agosto insistió en que la vulneración de la frontera y de la integridad territorial española “se pudo evitar” y reclamó que quienes hubieran entrado irregularmente fueran retornados conforme al marco legal.
El Gobierno, sin embargo, ha ofrecido otra interpretación sobre las circunstancias previas. Pedro Sánchez aseguró en el Congreso que el Ejecutivo había revisado los informes, mensajes y notas verbales remitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por el CNI durante aquellos días. Moncloa sostiene además que la respuesta debía abordarse mediante coordinación entre las distintas administraciones.
El desacuerdo sobre lo ocurrido antes del 30 de julio se ha convertido así en uno de los principales puntos de fricción entre Vivas y Sánchez.
Vivas eleva el tono y exige retornos y ayuda del Estado
Durante las semanas posteriores, el presidente ceutí pasó de reclamar una mayor intervención estatal a cuestionar públicamente la gestión del Gobierno. El 17 de agosto denunció una “falta de respuesta adecuada” y dio un plazo de 30 días para solucionar la situación, advirtiendo de que acudiría a otras instituciones, incluido el poder judicial, si consideraba que el Ejecutivo no actuaba.
Vivas reclamó además medios para acelerar las devoluciones y defendió una respuesta específica para los miles de migrantes que permanecían en Ceuta. En paralelo, pidió medidas relacionadas con los menores no acompañados, cuya tutela corresponde a la ciudad autónoma y cuyo número aumentó de forma extraordinaria tras la entrada masiva.
El dirigente popular llegó también a pedir que se desestimaran determinadas solicitudes de asilo y reclamó el retorno a Marruecos de quienes hubieran accedido durante la crisis, siempre dentro de las obligaciones legales.
Su discurso fue adquiriendo una dimensión política más amplia. Vivas llegó a cuestionar si la respuesta del Ejecutivo podía estar condicionada por el deseo de no deteriorar las relaciones con Marruecos. En agosto preguntó públicamente si la “pasividad” del Gobierno buscaba “no molestar” al país vecino.
Estas declaraciones situaron al presidente ceutí en una posición de confrontación directa con Moncloa, especialmente en un momento en el que el Gobierno defendía la necesidad de coordinación institucional.
El conflicto por los menores y el motivo del ataque político del Gobierno
El enfrentamiento se intensificó cuando el Gobierno central comenzó a buscar espacios para descongestionar la red de acogida de Ceuta. La situación de los menores se convirtió en uno de los principales puntos de fricción, al coincidir la presión sobre los centros con las diferencias políticas entre Madrid y el Ejecutivo autonómico.
La tensión ha continuado durante septiembre. Este mismo jueves, medios como Cadena SER han informado de que el Ministerio de Juventud e Infancia remitió el 28 de agosto una propuesta para trasladar a 500 menores a centros de la Península, mientras el Gobierno ceutí sostiene que no recibió una propuesta formal en los términos planteados por el Ejecutivo.
Desde el Gobierno central, las críticas a Vivas se han centrado precisamente en su colaboración con algunas de estas iniciativas. El ministro Óscar Puente le ha acusado de defender Ceuta “de boquilla” y ha cuestionado su actuación durante la crisis, mientras que otros miembros del Ejecutivo han vinculado la posición del presidente ceutí con la estrategia nacional del PP.
Vivas, por su parte, ha mantenido que sus decisiones responden a la necesidad de proteger la capacidad de acogida de Ceuta y recuperar la normalidad de la ciudad.
El choque alcanzó una nueva dimensión cuando el Gobierno declaró el 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional, un mecanismo destinado a reforzar la coordinación entre administraciones mediante un mando único. Sánchez defendió posteriormente que “unidad y lealtad institucional” eran necesarias para superar la crisis.
La disputa, por tanto, tiene dos planos. El primero es operativo: cómo alojar, identificar y devolver a los migrantes y cómo atender a los menores. El segundo es político: quién anticipó la gravedad de la situación y quién debe asumir responsabilidades por la gestión.
En septiembre, Vivas ha continuado elevando sus críticas. Ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por Sánchez en el Congreso y ha insistido en que el Gobierno debe explicar qué ocurrió antes de la entrada masiva.
El Ejecutivo central, mientras tanto, ha respondido señalando la falta de colaboración del Gobierno ceutí en determinadas actuaciones. Por eso, más que un único motivo para las críticas de Moncloa a Vivas, lo que existe es un conflicto institucional que se ha agravado por las diferencias sobre los retornos, los menores, los espacios de acogida y la interpretación de las advertencias previas a la crisis.
La crisis migratoria de Ceuta ha colocado así al presidente autonómico en el centro de una batalla política que trasciende la ciudad. Vivas reclama más presencia y responsabilidad del Estado; el Gobierno exige coordinación y colaboración. Entre ambos discursos queda pendiente resolver la cuestión que sigue condicionando la vida de Ceuta: cómo recuperar la normalidad después de una entrada masiva que ha puesto a prueba a todas las administraciones implicadas.
