La polémica por la compra de un exclusivo ático en el Paseo del General Martínez Campos de Madrid, una operación inmobiliaria vinculada políticamente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, entra en una nueva fase judicial. La acusación popular ejercida por Iustitia Europa ha entregado una amplia documentación ante la Sección de Instrucción número 8 de Madrid dentro de las Diligencias Previas 2317/2026, abiertas para investigar la adquisición realizada por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros.
La causa trata de determinar si en la operación pudieron producirse irregularidades administrativas y, en particular, si existen indicios de un posible delito de prevaricación administrativa. La investigación se encuentra todavía en fase de instrucción y la apertura de diligencias no supone que se haya acreditado responsabilidad penal alguna.
El expediente de la compra llega al juzgado
La representación letrada de Iustitia Europa, encabezada por Luis María Pardo, ha formalizado la entrega al juzgado del expediente documental relacionado con la finca situada en el número 35 del Paseo del General Martínez Campos. El material permite reconstruir las diferentes etapas de una operación que terminó con la adquisición del inmueble por parte de Planifica Madrid, empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid.
El procedimiento está dirigido por la magistrada Rosario Espinosa Merlo, que deberá analizar junto a la Fiscalía de Madrid la documentación incorporada a las diligencias. La investigación pretende aclarar cómo se tomó la decisión de comprar el inmueble, qué informes técnicos respaldaron la operación y cuál era exactamente la finalidad administrativa prevista para una propiedad de estas características.
El caso ha adquirido una notable dimensión política por su vinculación con el Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso. La adquisición fue realizada por una sociedad pública de la Comunidad de Madrid durante su mandato, aunque la investigación judicial deberá determinar las responsabilidades concretas que pudieran derivarse de las actuaciones de los distintos gestores y funcionarios que participaron en el procedimiento.
La documentación aportada por la acusación popular recoge el recorrido de la operación desde sus primeras fases hasta la compra definitiva y los posteriores trámites relacionados con la puesta a disposición del inmueble y su eventual reventa.
Un ático de lujo comprado por 6,3 millones
La propiedad adquirida por Planifica Madrid se encuentra en la novena planta del edificio y cuenta con más de 286 metros cuadrados construidos, además de una terraza de aproximadamente 199 metros cuadrados con vistas al Paseo del General Martínez Campos y a la calle Zurbano. El inmueble dispone también de trastero y derechos de aparcamiento para dos vehículos.
El proceso comenzó el 3 de febrero de 2026, cuando Planifica Madrid suscribió un acuerdo de confidencialidad de diez años con Promora Inmobiliaria, sociedad que intervino como intermediaria en la operación. La finalidad del acuerdo era preservar la información relacionada con las características de la propiedad y las negociaciones entre las partes.
Diez días después, el 13 de febrero, la sociedad de tasación Gesvalt emitió un informe que estableció un valor de mercado de 6.242.884,19 euros para el inmueble. La valoración tuvo en cuenta las dimensiones de la vivienda, la terraza, los elementos anexos y las plazas de garaje.
Con esta referencia técnica, el 27 de febrero se firmó el contrato de arras penitenciales y Planifica Madrid entregó 630.000 euros como señal. La operación se completó el 14 de abril ante notario mediante la escritura pública de compraventa. La empresa pública abonó entonces los 5,67 millones de euros restantes, hasta alcanzar los 6,3 millones pactados.
Posteriormente se realizaron los trámites administrativos correspondientes. El 16 de abril se inscribió el pleno dominio del inmueble a nombre de Planifica Madrid y el 23 de abril se presentó el modelo 600 correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con un ingreso de 378.000 euros.
La Fiscalía analizará ahora el destino del inmueble
Uno de los elementos centrales de la investigación será determinar qué finalidad justificó la compra del ático y si esa finalidad quedó suficientemente respaldada por los informes y decisiones adoptados antes de desembolsar los 6,3 millones de euros.
La propiedad fue posteriormente puesta a disposición de la Comunidad de Madrid y terminó formando parte de una operación para su venta. La licitación del inmueble quedó finalmente sin ofertas, circunstancia que añadió una nueva dimensión a la controversia sobre la operación inmobiliaria.
La investigación judicial deberá analizar también las distintas explicaciones ofrecidas sobre el destino del inmueble. Entre ellas se encuentra su posible utilización como espacio institucional y para el alojamiento ocasional de autoridades de la Comunidad de Madrid, además de otros usos planteados durante la tramitación de la operación.
La llegada del expediente completo al juzgado permitirá a la magistrada y al Ministerio Fiscal comprobar la documentación utilizada para justificar la adquisición, las tasaciones realizadas, los acuerdos adoptados por Planifica Madrid y las decisiones posteriores sobre la propiedad.
La jueza ha dado traslado de las actuaciones a la Fiscalía de Madrid, que deberá pronunciarse sobre la competencia del órgano judicial y sobre las diligencias que considere necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
En el procedimiento también se han personado como acusaciones populares Iustitia Europa, Más Madrid y el PSOE, que pretenden que se investiguen las circunstancias que rodearon la operación.
La cuestión central de la causa no será únicamente determinar cuánto costó el inmueble, sino esclarecer por qué una empresa pública decidió adquirir un ático de estas características por 6,3 millones de euros, qué necesidad administrativa pretendía cubrir y si todas las decisiones adoptadas durante el proceso se ajustaron a la legalidad.
La investigación afecta a una operación realizada bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero será la instrucción judicial la que determine si existieron actuaciones susceptibles de responsabilidad penal y quiénes pudieron participar en ellas. Por ahora, las diligencias se encuentran abiertas y las acusaciones formuladas deberán ser contrastadas con el conjunto de la documentación incorporada al procedimiento.
Con la entrega del expediente por parte de Iustitia Europa, el caso del ático de 6,3 millones de euros vinculado al Gobierno de Ayuso entra así en una etapa relevante. La Fiscalía tendrá ahora que estudiar el material y la jueza deberá decidir qué nuevas actuaciones son necesarias para determinar si la controvertida operación inmobiliaria presenta alguna irregularidad con relevancia penal.
