Ada Colau convirtió su intervención en el Foro Nueva Economía de Madrid en una ofensiva contra el modelo económico del Gobierno y las grandes fortunas en las que se apoya la oposición. La dirigente del Frente Amplio aprovechó su comparecencia para presentar una propuesta fiscal dirigida a los patrimonios más elevados, cuestionar los beneficios de las grandes empresas y reclamar un cambio profundo en las prioridades económicas de España.
Su propuesta estrella fue la ‘tax the rich’, bautizada como «tasa Ritz», plantea gravar con un 2% los patrimonios superiores al millón de euros y elevar el tipo al 3% para las fortunas que superen los 50 millones. Una reforma con la que pretende recaudar más de 10.000 millones de euros para financiar los servicios públicos, las pensiones y las políticas sociales.
La exalcaldesa de Barcelona también aprovechó el encuentro para reivindicar la necesidad de superar un modelo productivo excesivamente dependiente del turismo y la construcción, al tiempo que denunció la desigualdad entre lo que tributan las pequeñas empresas y las grandes corporaciones. Su intervención dibujó una crítica al reparto de la riqueza en España y a las prioridades económicas de los últimos gobiernos, con una propuesta que pretende situar la redistribución fiscal y el fortalecimiento de los servicios públicos en el centro del debate político.
La tasa Ritz: Colau quiere gravar hasta un 3% a las grandes fortunas para recaudar 10.000 millones
La propuesta fiscal presentada por Ada Colau en el hotel Ritz, de ahí el juego de palabras, y su alcance pretende ir mucho más allá del juego de palabras. La dirigente del Frente Amplio defendió la creación de un impuesto específico sobre el patrimonio de los más ricos, con dos tramos claramente diferenciados: un gravamen del 2% para quienes acumulen más de un millón de euros y del 3% para los patrimonios que superen los 50 millones.
Según sus cálculos, la medida permitiría obtener más de 10.000 millones de euros adicionales, que se destinarían a reforzar los servicios públicos, garantizar las pensiones y sostener el Estado del bienestar. Colau justificó la iniciativa con los datos de concentración de riqueza que expuso durante su intervención. Según señaló, la mitad de la población española concentra apenas el 7% de la riqueza, mientras que el 1% más rico acumula el 26%.
La exalcaldesa también puso el foco en la evolución de las grandes fortunas españolas. Recordó que el patrimonio de los cien españoles más ricos, todos ellos con más de 500 millones de euros, había aumentado un 16% durante el último año. Una evolución que, a su juicio, evidencia que el crecimiento económico no está llegando de la misma manera a todos los sectores de la sociedad.
«Hay que dejar de proteger en este país a las grandes fortunas para proteger la vida de la gente», resumió Colau, que contrapuso la acumulación de riqueza con derechos como la vivienda, la sanidad y la educación. Su argumento es que los beneficios generados por la economía deben traducirse en mejores condiciones de vida para la mayoría social.
La propuesta se enmarca en una ofensiva fiscal que también pretende revisar las ventajas tributarias de las grandes corporaciones. Colau defendió que España tiene margen para incrementar su recaudación, al situar la presión fiscal entre tres y cuatro puntos por debajo de la media europea. El objetivo político es aproximar la financiación del Estado del bienestar español a la de los países del norte de Europa.
Las grandes empresas ganan más de 400.000 millones, pero Sociedades recauda casi lo mismo
Uno de los argumentos centrales de Colau fue la contradicción que, según su diagnóstico, existe entre la evolución de los beneficios empresariales y la recaudación del impuesto de sociedades. La dirigente puso como ejemplo la situación de las grandes compañías y de la banca, cuyos resultados se han disparado durante las últimas dos décadas sin que ese crecimiento tenga un reflejo equivalente en los ingresos tributarios del Estado.
Para ilustrarlo, comparó los beneficios declarados por las empresas españolas en 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con los registrados en 2025. En el primer ejercicio ascendieron a unos 220.000 millones de euros, mientras que en el segundo superaron los 400.000 millones. Pese a ese incremento, Colau denunció que la recaudación por el impuesto de sociedades se mantiene prácticamente en los mismos niveles que entonces.
La exalcaldesa considera especialmente injusto el reparto de la carga fiscal entre las pequeñas y medianas empresas y los grandes grupos empresariales. Según las cifras que expuso en el foro, las pymes soportan un tipo efectivo de entre el 19% y el 20%, frente al 7%-9% que pagan las grandes compañías y la banca. Una diferencia que, a su entender, refleja las ventajas fiscales de las que disfrutan las corporaciones con mayores recursos para aprovechar deducciones y desgravaciones.
«Es el doble de lo que están pagando las pymes de lo que está pagando la gran empresa», denunció. Su propuesta pasa por revisar las deducciones aplicadas a los grandes grupos que declaran beneficios multimillonarios y elevar su contribución efectiva a las arcas públicas.
Colau también señaló los resultados de la banca como ejemplo de esa concentración de beneficios. Según afirmó, las grandes entidades financieras habían ganado más de 29.000 millones de euros hasta septiembre. Para la dirigente, estas cifras refuerzan la necesidad de modificar las reglas fiscales y evitar que las pequeñas empresas soporten proporcionalmente una carga superior a la de las grandes corporaciones.
El planteamiento supone una crítica directa al funcionamiento actual del sistema tributario y una de las principales líneas de diferenciación económica que el Frente Amplio pretende llevar a la campaña electoral.
Investigación, tecnología y renovables frente al modelo del ladrillo y el turismo
Más allá de la reforma fiscal, Colau defendió una transformación del modelo productivo español para reducir la dependencia histórica de la construcción y el turismo. A su juicio, los gobiernos del PP y del PSOE han mantenido durante décadas una estructura económica demasiado apoyada en estos sectores, con consecuencias en forma de precariedad laboral, salarios bajos y especulación inmobiliaria.
La dirigente reconoció que España ha registrado avances económicos durante los últimos años y reivindicó las políticas laborales impulsadas desde el espacio de Sumar, especialmente por Yolanda Díaz. Destacó el aumento de la ocupación, la reducción del desempleo y el crecimiento de los contratos indefinidos como ejemplos de que mejorar las condiciones de los trabajadores no es incompatible con el crecimiento económico.
Sin embargo, advirtió de que esa mejora de las rentas no ha ido acompañada de una distribución más equilibrada de la riqueza. La vivienda, la cesta de la compra y el debilitamiento de determinados servicios públicos siguen siendo, según su diagnóstico, los principales problemas que percibe la ciudadanía.
Frente a ese escenario, reclamó acelerar la transición hacia una economía más sostenible, resiliente y con mayor capacidad industrial y tecnológica. La investigación, las universidades, la innovación, la soberanía alimentaria, los cuidados y las infraestructuras aparecen entre los sectores que considera estratégicos para construir una economía menos vulnerable a los ciclos inmobiliarios y turísticos.
En ese contexto, mostró su respaldo a las movilizaciones de los sectores educativos y las universidades madrileñas, que se encontraban en huelga durante la celebración del foro. Colau defendió que España no puede aspirar a competir en tecnología e investigación mientras debilita la educación pública o reduce los recursos destinados a sus centros universitarios.
También reservó un papel fundamental para las energías renovables, que considera una herramienta imprescindible para alcanzar la soberanía energética y garantizar precios asequibles tanto a las familias como a las empresas. La apuesta por estas tecnologías permitiría, según defendió, desarrollar un tejido productivo con empleos mejor remunerados y reducir la dependencia energética exterior.
El mensaje económico de Colau en Madrid fue, en definitiva, una impugnación de las prioridades actuales: más impuestos a las grandes fortunas, mayor contribución fiscal de las corporaciones y menos dependencia del ladrillo y del turismo de baja cualificación. Una receta con la que el Frente Amplio pretende convertir la redistribución de la riqueza y la defensa de los servicios públicos en dos de sus principales banderas electorales.
