La Inspecció de Treball ha abierto un expediente al Departament de Cultura de la Generalitat por 207 falsos becarios que habrían desempeñado tareas estructurales y no formativas. Lo que empezó como una revisión del programa de prácticas ha terminado en una liquidación de 2,16 millones de euros en cotizaciones y en un pulso administrativo entre la conselleria y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS).
Los hechos, confirmados por fuentes del Ministerio de Trabajo, afectan a personas que percibían 1.250 euros mensuales a través de la beca, una cifra que ronda la mitad del salario medio en Catalunya. El periodo revisado va de octubre de 2024 a julio de 2026. Sobre ese tramo se calcula la liquidación de cuotas que la Generalitat no habría ingresado.
Qué hay detrás de los 207 becarios y de la liquidación de 2,16 millones
La actuación la ejecuta el OEITSS, un organismo autónomo que recuerda que su mandato es ‘velar por el respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras, ya sea en el ámbito público o en el privado’. Sus fuentes subrayan que actúa ‘ante cualquier denuncia’ y con ‘las garantías de recurso propias de estos procedimientos’. Traducido: el expediente no nace de una sospecha política, sino de un procedimiento reglado que ahora sigue su curso.
La Tesorería General de la Seguridad Social dio un paso más y acordó de oficio la baja de las personas becarias y su alta como trabajadoras. Ese movimiento es el que realmente pesa, porque desplaza la discusión desde la naturaleza formativa de la beca hacia el terreno de la relación laboral encubierta. Cultura también ha recurrido esa resolución, y el recurso sigue pendiente.
La conselleria sostiene que sí se pagaron cotizaciones por las personas que fueron pasando por el programa. Y añade un argumento de forma que conviene retener: el procedimiento está en tramitación y las actuaciones inspectoras no son firmes mientras no se resuelvan las alegaciones y los recursos presentados por la Administración. Es la defensa clásica en este tipo de expedientes, y suele funcionar como coartada temporal más que como argumento de fondo.
Una beca que cubre un puesto estructural no es una beca: es una nómina sin cotizar y con menos derechos.
El Departament ha solicitado el acceso y la vista del expediente y denuncia que todavía no ha podido conocer de forma completa los antecedentes y los elementos de juicio que sustentan la inspección. En la práctica, esa queja traslada la pelota al terreno procedimental: si la Administración alega que no ha visto todo el expediente, cualquier sanción nace con un flanco abierto.
Cultura se agarra a los recursos y pone en pausa el programa de becas
El programa está en pausa por ‘prudencia administrativa’, según reconocen desde el propio Departament. La fórmula es prudente y a la vez elocuente: si el modelo fuera impecable, no habría nada que suspender. La conselleria insiste en que el Departament es conocedor de la situación desde hace tiempo y en que no hay nada firme.
207 personas no son una anécdota administrativa. Equivalen a una planta entera de personal auxiliar repartida por bibliotecas, archivos, museos y servicios territoriales. Ahí está la clave del asunto: la Inspecció no discute la existencia de las becas, discute qué hacían esas personas mientras las disfrutaban.
Lo que este expediente dice del modelo de becas de la Generalitat
El patrón se repite en la Administración catalana desde hace años, y no es exclusivo de Cultura. Las becas se han usado como puerta de entrada barata a tareas que en cualquier organigrama tendrían categoría y salario de técnico. Cuando el volumen es de 207 personas y el periodo supera los veinte meses, la figura deja de ser formativa y empieza a ser estructura. La diferencia no es semántica: son cuotas, antigüedad y derechos.
La lectura política es otra. El Govern carga con un expediente que no controla, en un departamento que además gestiona una parte visible del relato institucional. Todo suma cuando el adversario busca munición parlamentaria. El asunto tiene recorrido en la comisión de Cultura si algún grupo pide comparecencia, y ahí la conselleria deberá elegir entre el silencio procedimental y una explicación pública.
Hay un detalle que no conviene pasar por alto: la Generalitat no discute haber pagado menos, discute la calificación jurídica de lo que pagó. Es una defensa legítima y, a la vez, una defensa que deja el flanco abierto. El relato no cierra. Si las tareas eran formativas, la pausa del programa sobra; si no lo eran, el problema no es la Inspecció, es el diseño del modelo.
El calendario manda ahora. Primero debe resolverse el recurso de reposición contra la liquidación de 2,16 millones. En paralelo queda el recurso contra el alta de oficio de los becarios como trabajadoras. Cualquiera de las dos resoluciones puede reabrir el caso, y ninguna tiene fecha cerrada. Mientras tanto, el programa sigue parado y 207 personas esperan a saber si su paso por Cultura fue una formación o un empleo mal pagado. Eso sí que es una respuesta que el Govern no puede aplazar indefinidamente.
