Una de las voces que ha acaparado mayor protagonismo es la de Ada Colau, quien ha comparecido en u Madrid en una acto organizado por el Foro Nueva Economía, para desgranar las líneas maestras de su espacio político de cara a la próxima legislatura. Durante su intervención, la ex alcaldesa de Barcelona y líder del Frente Amplio ha puesto el foco en la necesidad de articular un modelo económico justo, incidiendo en que el crecimiento macroeconómico de los últimos años no ha venido acompañado de una mayor equidad social para las familias trabajadoras.
Colau ha querido matizar que, si bien se han registrado avances notables en materia de empleo y derechos laborales —destacando la evolución positiva del salario mínimo interprofesional y la reducción de la tasa de paro por debajo de los dos dígitos por primera vez en años—, persisten desequilibrios estructurales profundos.
A su juicio, el principal talón de Aquiles de la legislatura radica en la falta de medidas contundentes en áreas clave que continúan bajo la responsabilidad de los socios socialistas del Ejecutivo. Las críticas se han centrado especialmente en la persistencia de una desigualdad de la riqueza cada vez más acentuada y en la incapacidad del Estado para frenar la escalada de precios en sectores estratégicos básicos.
No existe en la Constitución ningún derecho a acumular riqueza, pero sí existe el derecho a la vivienda, a la salud y a una vida digna», ha señalado Colau durante su intervención ante los medios y simpatizantes.
LA VIVIENDA COMO EMERGENCIA SOCIAL Y EL RETO DE REGULAR EL MERCADO
La cuestión residencial se ha consolidado como el eje central del debate político actual, convirtiéndose, en palabras de la dirigente, en un auténtico referéndum sobre si la vivienda debe ser considerada un derecho fundamental o un simple activo financiero. Los datos aportados reflejan una tensión insostenible en el mercado inmobiliario, donde el precio del alquiler se ha disparado muy por encima de la evolución salarial, mientras se concentra la propiedad en manos de un número reducido de grandes tenedores y fondos de inversión. Colau ha recordado que la autorregulación del sector privado ha fracasado estrepitosamente, generando situaciones de exclusión residencial que afectan especialmente a los jóvenes y a los sectores más vulnerables de la población urbana.
Para atajar esta situación, la formación aboga por un paquete de medidas intervencionistas que va más allá de la construcción de parque público, un proceso que, según su experiencia en la gestión municipal, requiere largos plazos de ejecución. La propuesta estrella pasa por la movilización de 500.000 viviendas que actualmente se encuentran en el mercado a precios abusivos o destinadas a usos turísticos y de temporada, obligándolas a retornar al alquiler asequible mediante incentivos impositivos y penalizaciones directas a la especulación.
«Los grandes propietarios desde 2008 han multiplicado por cuatro el número de viviendas, acaparando el mercado y convirtiendo el acceso a un hogar en una quimera para la mayoría social», ha denunciado la ex alcaldesa.
REFORMA FISCAL PROFUNDA PARA SOSTENER EL ESTADO DEL BIENESTAR
El otro gran pilar de la propuesta programática presentada gira en torno a la necesidad de acometer una reforma fiscal ambiciosa que corrija los actuales desvíos recaudatorios. Desde el espacio político se argumenta que la presión fiscal en España continúa situada varios puntos por debajo de la media europea, lo que limita la capacidad de financiación de los servicios públicos esenciales.
El diagnóstico expuesto señala una clara asimetría: mientras las pequeñas y medianas empresas soportan una carga impositiva efectiva muy elevada, los grandes grupos empresariales y entidades financieras tributan a tipos reales notablemente inferiores en relación con sus millonarios beneficios acumulados durante los últimos ejercicios.
La propuesta fiscal contempla medidas de calado, como el incremento de la presión sobre los beneficios de la gran banca y las grandes corporaciones, así como la implantación de una nueva figura tributaria sobre los grandes patrimonios y fortunas. Esta tasa específica, orientada a las rentas más altas del país, busca recaudar fondos adicionales para garantizar la sostenibilidad y dignificación del sistema de pensiones, la sanidad pública y la educación, blindando los recursos necesarios para el fortalecimiento de la red de protección social.
Hay que dejar de proteger en este país a las grandes fortunas para proteger la vida de la gente y garantizar que los beneficios empresariales se traduzcan en derechos reales», ha concluido.
