El Congreso demócrata que tomará posesión en enero ya ha elegido su primer objetivo: la base legal de los aranceles de Donald Trump.
Dos docenas de escaños, siete senadurías y una promesa de citaciones
Los republicanos han sufrido una derrota severa en las legislativas del martes. Los demócratas recuperan la Cámara de Representantes y el Senado con más de dos docenas de escaños en la Cámara y siete senadurías, según los recuentos difundidos esta semana. Entre ellas, plazas que el Partido Republicano daba por seguras: Texas y Kansas, además de Ohio, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Maine e Iowa.
Faltan semanas para que el nuevo Congreso se estrene y los mensajes ya están escritos. La congresista por Nueva Jersey Analila Mejia lo resumió en una red social: ‘Vamos a lanzar citaciones como si fueran collares de Mardi Gras’. El senador por Massachusetts Ed Markey subió el tono: ‘Van a tener que plantar nuevos bosques para todo el papel que vamos a imprimir’.
Otros han pasado de la metáfora a la lista de nombres. La congresista por Illinois Delia Ramirez citó a Kristi Noem, Markwayne Mullin, Stephen Miller, Tom Homan y Bovino: ‘Despejen sus agendas’.
El liderazgo marca distancias. Hakeem Jeffries, jefe del grupo demócrata en la Cámara hasta enero, aseguró que nadie de su bancada le ha planteado un impeachment (el proceso de destitución que abre la Cámara y juzga el Senado con dos tercios de los votos): ‘Hemos estado centrados en la asequibilidad y en la rendición de cuentas’.
La base legal de los aranceles, primer objetivo de las citaciones
Ahí está la clave que convierte unas elecciones en un problema para la Casa Blanca. Los aranceles de Trump no dependen de una ley del Congreso, sino de competencias que el Capitolio delegó en el Ejecutivo en 1934. La Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos —la norma que entró en en vigor para sacar la política arancelaria del legislativo tras el desastre de Smoot-Hawley— entregó al presidente la capacidad de fijar tarifas. Desde entonces, cada arancel se apoya en dos patas: la Section 232 (el artículo de la ley de comercio de 1962 que permite imponer aranceles por razones de seguridad nacional sin aprobación del Congreso) o la IEEPA (la ley de poderes económicos de emergencia, que habilita a regular el comercio durante una emergencia nacional declarada).
El resultado práctico es incómodo para ambos lados. Los demócratas pueden citar expedientes y sentar a los secretarios de Comercio y del Tesoro a defender cada tarifa bajo juramento. No pueden derogarlas con 51 votos: la Ley de Revisión del Congreso (el mecanismo de 1996 que permite anular una regulación federal con mayoría simple, siempre que el presidente la firme) choca con el veto de Trump, y superarlo exige dos tercios de las dos cámaras. Tumbar un veto no está en la aritmética demócrata. El veto lo cambia todo.
El Congreso no necesita derogar un arancel para desgastarlo: le basta con abrir expedientes, negar fondos y alimentar los litigios que ya lo combaten.
Quedan las herramientas del dinero. La partida que financia a la USTR (el Representante Comercial de EE. UU., el cargo que negocia y ejecuta la política arancelaria) depende de la ley de presupuestos, y un Congreso hostil puede ralentizar nombramientos, pedir auditorías de la GAO o condicionar fondos a informes trimestrales sobre el coste de cada arancel. Ninguna de esas medidas tumba la política comercial; todas la encarecen políticamente.
El calendario manda. El nuevo Congreso se estrena el 3 de enero y las primeras audiencias de calado no llegarán antes de febrero. Para entonces, el Ejecutivo habrá tenido meses para consolidar expedientes y negociar con Bruselas, Madrid y Ottawa por la vía técnica.
La Lógica de Washington
Conviene entender qué ocurre dentro del Capitolio antes de proyectarlo sobre Europa. Un Congreso demócrata no llega para desmontar la doctrina arancelaria; llega para auditar su justificación. La coalición que sostiene esa estrategia es más ancha de lo que parece: los demócratas de los distritos industriales de Ohio, Michigan y Pensilvania perdieron votantes con el libre comercio y no quieren reabrir ese debate. El ala comercialista del partido es hoy minoritaria. Atacar la existencia de los aranceles sería un mal negocio electoral; atacar su letra pequeña sale gratis.
Hay precedente. En 2010, la ola del Tea Party entregó la Cámara a los republicanos y Barack Obama gobernó dos años entre citaciones, desacatos y un pulso presupuestario que cerró la administración en 2013. En 2018 el guion se repitió con Trump y una Cámara demócrata que abrió una investigación de impeachment sin mayoría en el Senado. El sistema americano está diseñado para que la Cámara investigue y el Senado bloquee: es fricción, no parálisis. La diferencia de 2027 es que el Senado también cambia de manos, y eso convierte cada comité en una plataforma con calendario propio.
Para España, la lectura es más matizada que la alarma que circula en Bruselas. España vende al mercado americano en torno a 18.000 millones de euros en mercancías al año, con el aceite de oliva, el vino, la maquinaria, los componentes de automoción y la farmacéutica como principales partidas. Un arancel que se consolide golpea al campo andaluz y a la industria auxiliar. Una investigación del Congreso, en cambio, abre una ventana poco habitual: las empresas afectadas —Iberdrola, Santander, BBVA, Ferrovial, Inditex, Repsol— y las patronales sectoriales pueden dejar por escrito, en un expediente público, el coste real de cada tarifa. Ese papel acaba en los juzgados que litigan contra la Section 232.
La diplomacia española ha preferido históricamente la vía técnica a la política, y con un gobierno dividido esa preferencia tiene sentido: los contactos con la USTR y con los comités del Senado pesan más que cualquier declaración. No es una posición cómoda. Tampoco es nueva.
La proyección a tres años es esta: aranceles que sobreviven en su mayoría, con ajustes en los márgenes; una guerra de citaciones que producirá informes incómodos en pleno año electoral; y, si algún litigio llega al Tribunal Supremo, un árbitro final para decidir hasta dónde alcanza la delegación de 1934. El Capitolio perdió la competencia arancelaria y no la ha recuperado en noventa años; lo que recupera ahora es el micrófono. Nadie dijo que fuera gratis.
Ficha del Caso
- El caso: los demócratas recuperan Cámara y Senado y anuncian citaciones masivas. Su primer blanco es la arquitectura legal que sostiene los aranceles de Trump sin pasar por el Capitolio.
- Datos clave: más de dos docenas de escaños en la Cámara y siete senadurías; control efectivo desde el 3 de enero; base legal en la Section 232 (1962) y la IEEPA; veto presidencial y umbral de dos tercios para superarlo.
- Para España: unos 18.000 millones de euros anuales de mercancías exportadas a EE. UU. —aceite de oliva, vino, maquinaria, automoción y farmacéutica—; las audiencias del Congreso abren un canal documental para las empresas españolas.
