La Policía Nacional y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España han firmado un procedimiento operativo de colaboración para prevenir, detectar e investigar el fraude y las falsedades documentales en la tramitación administrativa.
El acuerdo lo suscribieron este jueves, 5 de noviembre, el comisario general de Policía Judicial (la unidad de la Policía Nacional especializada en la investigación de delitos complejos y crimen organizado), Luis Fernando Pascual Grasa, y el presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago Ollero. El texto no se queda en la declaración de intenciones: concreta canales, responsables y una estructura de seguimiento verificable.
El diagnóstico de partida lo conoce cualquiera que haya seguido la delincuencia económica de la última década. La tramitación administrativa se ha vuelto más compleja y el canal electrónico se ha generalizado. Ambas cosas han abierto grietas por las que se cuelan quienes falsifican documentos, suplantan identidades o retuercen los procedimientos públicos para obtener un beneficio ilícito. Es un terreno donde convergen la delincuencia económica clásica y el cibercrimen.
Los gestores administrativos ocupan una posición singular en ese ecosistema. Trabajan a diario entre ciudadanos, empresas y administraciones, conocen las exigencias documentales de cada trámite y los controles que deberían garantizar su limpieza. Reconocen cuándo algo no encaja.
Tres ejes y puntos de contacto directos
El procedimiento se apoya en tres pilares. El primero son las iniciativas conjuntas contra las actividades ilícitas. El segundo, el intercambio de información técnica y operativa «dentro del marco legal». El tercero, la designación de puntos de contacto que permitan una comunicación directa entre la corporación policial y los colegios profesionales. Cada eje cuenta con un responsable identificado.
La cláusula de legalidad no es un adorno retórico. Cualquier flujo de datos entre una corporación de derecho público y la Policía Judicial queda sometido a la normativa de protección de datos, y su alcance real se medirá en la práctica, no en el papel. El objetivo es que la Policía Nacional disponga de información útil para investigar, no de un acceso indiscriminado.
La falsedad documental es la infracción instrumental más rentable del crimen organizado: apenas se denuncia, pero casi siempre deja rastro en el expediente administrativo.
Pascual Grasa puso el acento en el valor de la colaboración institucional y en la implicación de los sectores profesionales en la prevención y persecución del delito. Cooperar e intercambiar información, señaló, son herramientas para reforzar la eficacia policial frente a las nuevas formas de criminalidad.
Santiago Ollero habló desde el oficio. «Los gestores trabajamos cada día con documentación y procedimientos que afectan directamente a la vida de las personas y a la actividad de las empresas. Esa posición nos obliga a ser exigentes con la legalidad y nos permite aportar el conocimiento de cómo funciona la tramitación desde dentro», afirmó.
El presidente del Consejo General marcó distancias con el intrusismo: «La colegiación no es una formalidad, sino un sistema de garantías, responsabilidades y controles que protege al ciudadano. Quienes usan los procedimientos para falsificar documentos son los primeros enemigos de nuestra profesión».
Comisión de Seguimiento y adhesión territorial
La arquitectura es sencilla. Una Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año y siempre que sea necesario. Cada parte nombrará puntos oficiales de contacto. El instrumento nace con una vigencia de un año, prorrogable de forma automática, y no implica contraprestaciones económicas ni aumento del gasto público.
Los colegios territoriales podrán adherirse, de modo que el modelo baje del Consejo General a la proximidad de cada provincia. La colaboración se juega en el territorio, allí donde el gestor detecta la anomalía en el mostrador o en el expediente electrónico, y donde una llamada a tiempo evita que el fraude se consume.
El contexto institucional
El marco de amenaza es claro. La digitalización de la tramitación ha multiplicado el volumen documental y, con él, las oportunidades de falsificación, suplantación de identidad y uso torticero de los procedimientos públicos. El fraude ya no se concentra en el papel: se cuela en registros electrónicos, en certificados y en solicitudes que parecen impecables. La falsedad documental es una infracción silenciosa: no hay víctima que grite, hay un expediente que miente.
Los balances de criminalidad del Ministerio del Interior han consolidado la cibercriminalidad por encima de las 400.000 infracciones penales anuales en España, y la falsedad documental aparece de forma recurrente como infracción instrumental en las operaciones contra el crimen organizado. La Policía Judicial asume esas investigaciones de mayor complejidad, desde la estafa transfronteriza hasta las tramas de documentación falsa que operan contra las administraciones.
La proyección del protocolo pasa por su extensión territorial y por la primera reunión de la Comisión de Seguimiento, que deberá evaluar los cauces abiertos. Los colegios provinciales que se adhieran ampliarán la red de detección. Cada expediente sospechoso que llega a tiempo es una estafa que no se consuma.
La colaboración entre instituciones y colegios profesionales no sustituye la investigación policial ni la instrucción judicial: la alimenta con información de calidad. En un ámbito donde la prueba vive en los papeles, quien conoce el procedimiento por dentro aporta la primera pista.
