La presidencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes cambiará de manos en enero. Con ella cambiará también la doctrina de supervisión sobre la ODNI, la CIA y el FBI.
Jim Himes, demócrata de Connecticut y hasta ahora portavoz minoritario del panel, se perfila como próximo presidente tras el batacazo republicano del 3 de noviembre. Nueve mandatos le contemplan y una fama ganada a pulso de facilitador bipartidista. Cuando tome el mazo, el comité recupera la potestad de citación, puede forzar comparecencias y documentos, y sus demócratas duplican presupuesto y plantilla. La supervisión se hace con abogados y con plazos, no con discursos.
El contraste con el presidente saliente es brutal. Rick Crawford, republicano de Arkansas, ha dedicado tres años a ‘restaurar la confianza’ en unas agencias que, según su relato, abusaron de poder bajo Joe Biden y hasta bajo Barack Obama. Puso en duda el resultado de 2020 sin ambages y convirtió la cita de Faulkner en programa: el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Himes llega a mirar hacia delante y no hacia atrás.
El primer expediente que se le acumula es la ODNI. La etapa de Tulsi Gabbard fue un incendio: purgas de profesionales de carrera acusados de formar parte del ‘estado profundo’, una incursión personal en la incautación de papeletas electorales de Georgia por parte del FBI y una oposición frontal a la guerra de Trump contra Irán que le costó el cargo en mayo. La institución publica sus informes desclasificados en su web oficial. Le sucedió de forma interina Bill Pulte, un cargo del área de vivienda de perfil hiperpartidista. Después llegó la batalla de confirmación de Jay Clayton, ex presidente de la SEC, sin ninguna experiencia en inteligencia —el estatuto la exige— y que no fue capaz de decir en voz alta que Biden ganó en 2020.
A Clayton se le atribuye haber devuelto cierta calma a la casa. Eso no exime del expediente. Me consta que en la comunidad se sigue hablando con espanto de los meses de Pulte y que la reconstrucción de cuadros va para largo.
La supervisión parlamentaria no se mide por los titulares que produce, sino por los documentos que arranca a quien prefiere no entregarlos.
Y ahí está la letra pequeña que casi nadie mira: el comité no solo interroga, también desclasifica, y un presidente con mazo puede convertir un informe confidencial en portada.
El síndrome de La Habana deja de ser un tabú republicano
Si hay un asunto que cambia de estatus con Himes es el de los incidentes anómalos de salud, el eufemismo oficial para lo que todo el mundo conoce como síndrome de La Habana. Decenas de oficiales de la CIA y diplomáticos han caído con cuadros neurológicos que muchos atribuyen a armas de microondas rusas. La hipótesis de una autoría rusa bloqueó las audiencias públicas durante la etapa republicana, según sostienen los defensores de las víctimas, porque nadie quería incomodar a un presidente que corteja a Vladímir Putin.
Gabbard, curiosamente, abanderó la transparencia en este punto. Su salida no cierra el asunto, lo reabre. Con Himes se espera un empujón bipartidista para sentar bajo juramento a quienes han gestionado los expedientes médicos y los análisis de atribución.
Permítame una advertencia de oficio. En atribución de ataques encubiertos sin prueba técnica pública, el rigor manda. La sospecha sobre la unidad 29155 del GRU es sólida y está documentada en otros frentes, pero un comité que confunde sospecha con sentencia se convierte en altavoz, no en contrapeso.
De la purga de Kash Patel a los contratistas: los frentes que se abren
El segundo frente es el FBI. Las jubilaciones forzadas de agentes y mandos asignados a investigaciones sobre Trump o sobre el asalto del 6 de enero, en particular los que seguían a influenciadores extranjeros encubiertos y tramas iraníes, tendrán una segunda lectura. A eso se suma una queja recurrente entre veteranos y nuevos: interrogatorios sobre a quién votaron. Eso, en cualquier servicio aliado, se llama contrainteligencia interna mal entendida.
La supervisión global del FBI recae en el Comité Judicial, que pasará casi con seguridad a Jamie Raskin, el hombre que dirigió la investigación del segundo impeachment. Dos comités demócratas con mazo son dos frentes abiertos para el Departamento de Justicia.
El tercero es la CIA de John Ratcliffe, que mantiene un perfil bajo desde una purga temprana de becarios y profesionales, en especial de quienes fueron etiquetados como infectados por el virus de las políticas de diversidad. El caso de Julia Curlee, analista veterana de la agencia y ex jefa de gabinete de inteligencia de Mike Pence, forzada a dimitir después de que su condición de mujer trans fuera publicada por la agitadora de extrema derecha Laura Loomer, es el más citado. La evaluación sobre Irán volverá a la mesa: Ratcliffe sostuvo el invierno pasado que Teherán era ‘una amenaza inmediata’ y habrá que ver hasta qué punto advirtió a Trump de que cerraría el estrecho de Ormuz si le atacaban. Igual que la dimisión pública de Joe Kent al frente del NCTC por discrepancias con la CIA y la Casa Blanca. Joe Weirsky lleva ocho meses en funciones.
Y el cuarto, el que menos titulares dará y más facturas puede generar: lo que Himes ha llamado ‘tratos descaradamente corruptos con el sector privado’ del espionaje. Contratistas de defensa, tecnológicas con contratos de análisis, proveedores de software forense. El negocio de la vigilancia también se audita.
Ya advertí en El quinto elemento que el próximo 11S empezará con un clic. Aquel diagnóstico tenía un corolario que entonces poca gente quiso oír: quien vende la herramienta también hereda la responsabilidad de cómo se usa. Ese es hoy un asunto de citación congressional.
Añada usted un dato de cultura institucional: estos comités nacieron en los años setenta, tras la Comisión Church, cuando se supo de magnicidios, tramas de golpes allanamientos, pruebas con psicodélicos sobre ciudadanos sin su consentimiento e interceptaciones ilegales de correo y teléfono. Su razón de ser no era la foto, era el expediente.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Vector de amenaza. Aquí no hay operación clandestina ejecutada: hay reordenación del mando de supervisión. El vector es político-institucional y su efecto es de segundo orden, pero contundente. Todo lo que se cite en el comité deja rastro documental y, antes o después, acaba en manos de aliados y de adversarios. Un expediente desclasificado puede quemar una fuente HUMINT más rápido que un topo.
Agencias implicadas. Quien ataca, en el terreno operativo, es el complejo de inteligencia ruso —la unidad 29155 del GRU y sus satélites— si se confirma la hipótesis de los incidentes anómalos de salud; a día de hoy esa atribución es sólida en el plano indiciario y no concluyente en el probatorio. Quien defiende: ODNI, CIA, FBI y NCTC, con la contrainteligencia interna en entredicho. Quien mira: el CNI y el MI6, que llevan años extrayendo lecciones del modo en que Washington gestiona —o malgestiona— sus crisis de confianza. Five Eyes observa con especial atención porque la Sección 702 del FISA es infraestructura compartida y su reautorización depende de un Congreso que ahora cambia de manos.
Nivel de clasificación estimado. A juzgar por la naturaleza del material —evaluaciones presidenciales sobre Irán, expedientes médicos de oficiales afectados, registros de personal purgado—, estimo Top Secret en origen, con reclasificación parcial a Secreto en las versiones que eventualmente se entreguen al comité.
Precedente. La Comisión Church de 1975 enseñó dos cosas: que la supervisión puede reformar un servicio sin destruirlo, y que un Congreso en campaña permanente puede convertirlo en carne de cañón. Himes tiene fama de lo primero. Votó a favor de reautorizar la Sección 702, que permite a la inteligencia estadounidense recoger correos, llamadas y mensajes entre extranjeros y estadounidenses sin orden judicial. No es un halcón civil-libertario, y eso tranquiliza a Langley.
Riesgo del análisis. El propio Himes ha dicho que lo que realmente ansía es un regreso a la normalidad en la relación con los aliados. En el Foro de Seguridad de Varsovia, en octubre, fue explícito sobre el malestar europeo por el acuerdo petrolero con Putin y sobre el respaldo del Congreso a Ucrania. Si esa preferencia por la normalidad se impone, la supervisión será exigente en lo documental y prudente en lo público. Si el ala dura del partido aprieta, veremos audiencias con luz y taquígrafos.
Lo veo así: el relevo no cambia la política exterior de Estados Unidos. Cambia el precio de mentirle al Congreso. Y en un ecosistema donde la confianza entre agencias es la moneda de cambio, eso tiene consecuencias medibles en el intercambio de información con Madrid, París y Londres.
Hito concreto: la sesión constitutiva del comité en enero de 2027, cuando se apruebe el reglamento interno y se reparta el personal. Ahí se sabrá si la ODNI de Jay Clayton entrega los expedientes de la era Gabbard por las buenas o por citación. En esta redacción seguiremos de cerca la primera tanda de comparecencias.
No se equivoque conmigo: el espionaje no se reforma con discursos, se reforma con calendarios.
