El pasado mes de julio la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil advertía sobre la implantación de una Comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar (Almería) y consideraba necesario trasladar su «preocupación por el futuro profesional de los guardias civiles destinados en Roquetas de Mar y por las consecuencias que esta decisión tendrá para sus familias, por lo que confiamos en que se adopten las medidas necesarias para evitar perjuicios».
Explicaban entonces que «la Guardia Civil viene prestando un servicio integral, eficaz y plenamente consolidado en Roquetas de Mar. Durante décadas ha garantizado la seguridad ciudadana del municipio con profesionalidad, cercanía y un profundo conocimiento de su realidad social y delincuencial, adaptándose al constante crecimiento de una de las localidades más importantes de Andalucía. No hay motivos racionales, ni operativos ni en términos de eficiencia de los recursos, que justifiquen la sustitución de la Guardia Civil por la
Policía Nacional en el municipio de Roquetas».
La UO alegaba que «si Roquetas de Mar necesitaba más efectivos policiales para atender el crecimiento de su población, la respuesta lógica no es sustituir a la Guardia Civil por otro cuerpo policial, sino reforzar la plantilla de la Guardia Civil ya existente en el municipio. Resulta difícil comprender que durante años en el Ministerio no haya habido recursos para aumentar la plantilla de la Guardia Civil y, sin embargo, ahora sí existan para crear desde la nada una nueva Comisaría de Policía Nacional, con una plantilla inicial superior a doscientos agentes y
una inversión de más de cinco millones de euros.
Esta misma asociación profesional daba con el verdadero motivo y se preguntaba por qué «el nivel político ha considerado más oportuno sustituir a la Guardia Civil, que ya cumplía eficazmente con su misión, en lugar de fortalecerla y dotarla de los recursos necesarios para afrontar el crecimiento del municipio».
El temor era que Interior quisiera sacar a los guardias civiles del centro de Roquetas de Mar, donde han permanecido históricamente desde hace muchos años, y fueran sustituidos por policías nacionales.
Los oficiales acudieron a la Justicia
Como el Ministerio del Interior continuó con su proyecto la UO acudió a la Justicia e interpuso recurso contencioso administrativo contra determinados artículos de la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, al entender que interferían en las competencias atribuidas a la Guardia Civil.
Finalmente el pasado 19 de octubre, la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, dictó Sentencia, por la que declara nula la creación de dicha comisaría, en síntesis, por considerar su creación carente de motivación y, por tanto, arbitraria: «Así las cosas, constatada la ausencia de cualquier tipo de informe o estudio previo que permita apreciar una motivación específica en relación con la creación de esta nueva Comisaría Local y que explique de algún modo la concurrencia de circunstancias –demográficas o de otro tipo– en esta localidad que justificara esta decisión, teniendo en cuenta además que el desarrollo normativo que comporta la Orden impugnada no se
limita a dar continuidad a lo anteriormente previsto en este concreto extremo, sino que introduce esta novedad, no cabe sino anular esta previsión de la Orden en aplicación del artículo 47.2 de la Ley 39/2015″.
Por tanto, la Audiencia fallaba «estimar en parte el recurso contencioso-administrativo promovido por la Asociación Unión de Oficiales Guardia Civil (UO), contra la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios
centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, que se anula en el apartado 92 de su Anexo II que creaba la Comisaría Local de Roquetas de Mar, por no ser ajustado a Derecho, desestimando el resto de sus pretensiones».
La sentencia puede ser recurrida por Interior ante el Tribunal Supremo. Desde la UO añaden que «en cualquier caso queda claro que es exigible que el gobierno acompañe la norma con los datos e informes que permitan que los ciudadanos, y en particular los guardias civiles,
conozcan los motivos por los que se decide expulsar a la Guardia Civil de ésta o de cualquier otra localidad».
