El Banco Europeo de Inversiones (BEI) cerrará en los próximos días un préstamo de 495 millones de euros con el Institut Català de Finances (ICF) para ampliar la vivienda pública en Cataluña: 5.000 pisos nuevos o rehabilitados. Lo anunció este martes en Barcelona la presidenta de la entidad, Nadia Calviño, durante su intervención en el foro World in Progress, organizado por el grupo Prisa en la capital catalana.
Calviño situó la operación en el contexto del giro del BEI hacia el ladrillo social. ‘En los dos últimos años hemos doblado la financiación para vivienda en España, con unos 2.000 millones de euros para 11.000 nuevas viviendas’, aseguró. La cifra catalana representa, por tanto, casi una cuarta parte de todo el esfuerzo español de los dos últimos ejercicios concentrado en una sola firma.
La presidenta del BEI, exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, abrió su discurso con un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo y lo cerró con una defensa del multilateralismo: ‘Mientras algunos construyen muros, el resto del mundo quiere construir puentes. Nadie en la sala preguntó por el calendario exacto de la firma. Ella se limitó a decir ‘en unos días’.
Del anuncio al hormigón: qué falta para que los 5.000 pisos existan
El dinero europeo llega al ICF, no a la Generalitat. El instituto público de crédito actúa como intermediario financiero y presta después a los promotores públicos —Incasol, Agència Catalana de l’Habitatge, ayuntamientos— que ejecutan las obras. El Institut Català de Finances lleva años financiando promoción pública con este esquema, aunque nunca con un volumen de esta escala.
Hagamos la cuenta. 495 millones divididos entre 5.000 viviendas arrojan unos 99.000 euros por unidad. Parece poco para obra nueva en el área metropolitana de Barcelona si se compara con el coste real de promoción, pero encaja si se tiene en cuenta que la operación incluye rehabilitación —bastante más barata— y que el crédito se apalanca con suelo público ya disponible y con fondos propios de los promotores.
Europa pone el dinero y el relato; el Govern pone el suelo y las licencias. La vivienda pública se decide en la ventanilla municipal, no en el foro de un hotel.
El plan del Ejecutivo de Salvador Illa es otro: 50.000 pisos de titularidad pública en esta legislatura y suelo movilizado para 214.000 viviendas más, la mitad asequibles. Los 5.000 del BEI cubren, en el mejor de los casos, una décima parte de ese primer objetivo. Y ninguno de los dos planes tiene todavía un calendario de licitaciones que resista una auditoría.
El alquiler intervenido, la otra mitad del problema
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, puso cifras sobre la mesa: el precio medio del alquiler en Barcelona ha caído un 4,4% respecto al primer trimestre de 2024, mientras que en el conjunto de los municipios declarados tensionados las rentas han subido un 0,7%. En los que no aplican el tope, el incremento es del 11%. Son datos internos del Govern, no de un organismo independiente, y conviene leerlos con esa cautela.
La lectura política, sin embargo, es clara: el Ejecutivo catalán defiende que la intervención funciona y que la construcción pública es el complemento imprescindible. Ambas cosas se sostienen, pero se sostienen por separado. El préstamo del BEI no toca el mercado del alquiler; solo añade oferta a medio plazo. Para el inquilino que este mes renueva contrato en Gràcia, la noticia no cambia ninguna cifra.
Illa contra el Consell de Garanties: el flanco que el crédito europeo no tapa
El problema del Govern no está en Luxemburgo, donde tiene su sede el BEI. Está en el Parlament. El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la limitación de compra de vivienda para especular detectó varias disposiciones contrarias al derecho de propiedad, y desde entonces PSC y Comuns han registrado sus enmiendas por separado.
Traducido: el acuerdo que debía blindar la norma está roto en la práctica. Los socialistas han renunciado a limitar la tenencia de pisos; los de Jéssica Albiach presionan para que Illa dé ese paso y no se conforme con obligar a los grandes tenedores a destinar sus activos a uso residencial. Si nadie cede durante el trámite, la ley decae. Y con ella, el relato de legislatura más potente que tiene el president.
En esta redacción seguimos de cerca el pulso porque marca una pauta que se repite: el Govern presume de política de vivienda con dinero ajeno —europeo, estatal, privado— mientras su norma estrella se atasca en el hemiciclo. Es el mismo patrón que vimos con el traspaso de Rodalies: mucho anuncio, mucha foto y una ejecución que depende de terceros.
Hay precedente autonómico para comparar. Cataluña es la comunidad que más lejos ha llevado la Ley estatal de vivienda. Madrid no declaró una sola zona tensionada y ha visto cómo los precios de alquiler siguen subiendo. Ninguno de los dos modelos ha resuelto el problema de fondo: un parque público que en Cataluña apenas supera el 2% del total, frente al 15% de Países Bajos o el 18% de Austria. Sumar 5.000 pisos a una proporción así es una buena noticia, y a la vez la constatación de la escala del agujero.
Conviene no perder de vista un detalle financiero. El BEI presta a tipos favorables, pero el ICF deberá devolver principal e intereses. Si la promoción pública se ralentiza por falta de licencias, o por litigios urbanísticos, el crédito se convierte en una carga contable antes que en un parque de viviendas. La patronal de la promoción lleva meses advirtiendo de que el embrollo normativo encarece cada operación y aleja a los operadores privados que deberían levantar las 214.000 viviendas del segundo plan.
La firma se espera para los próximos días, según la propia Calviño. Después llega lo difícil: identificar suelos, licitar obras y encajar la ley de limitación de compra en un Parlament donde los socios ya no votan juntos. La vivienda pública catalana tiene desde ayer 495 millones más de músculo europeo. Le falta el hueso.
