El juzgado de Roquetas de Mar advierte de que la lectura errónea de la STS 426/2026 deriva en delitos de coacciones contra inquilinos morosos. La resolución del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dictada el 24 de junio de 2026, está siendo invocada por propietarios para cortar suministros a arrendatarios en fase de embargo de sus viviendas a los que confunden con okupas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué advierte el juzgado? Que los propietarios interpretan mal la STS 426/2026 y dirigen acciones coactivas contra inquilinos morosos en fase de embargo, a los que toman por okupas.
- ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 172 del Código Penal, frente a una doctrina del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictada para las ocupaciones ilegales.
- ¿Qué impacto tiene? Las conductas dirigidas a forzar el abandono del inmueble pueden conllevar la condena del dueño de la vivienda.
Antecedentes: la sentencia que abrió la vía a los cortes de suministros
La STS 426/2026, dictada por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 24 de junio de 2026, resuelve sobre la actuación de los titulares de inmuebles frente a las ocupaciones ilegales. El fallo abre la vía a los cortes de luz y agua como método al alcance del propietario para facilitar el abandono de la vivienda ocupada. La nota difundida a través del CGPJ precisa que ese marco se dictó para el escenario de la ocupación sin título y no para la relación arrendaticia con contrato vigente.
El juez constata que una parte de los propietarios traslada ese criterio a supuestos que no le corresponden. Los destinatarios de las medidas no son ocupantes ilegales, sino arrendatarios cuyas viviendas se encuentran en fase de embargo. La confusión entre uno y otro supuesto está en el origen de las conductas por las que ya hay propietarios imputados.
La confusión entre el inquilino moroso y el okupa
El arrendatario que deja de abonar la renta conserva su título posesorio hasta que se ejecuta el lanzamiento. El ocupante sin título carece de él desde el primer momento. Esa diferencia determina el régimen aplicable y el margen de actuación del propietario: el impago no convierte al inquilino en okupa, por mucho que el dueño lo perciba como tal.
Sobre esa base, las conductas dirigidas a forzar la salida del inmueble —cortes de suministros, intimidación o accesos no consentidos— encajan en el tipo del artículo 172 del Código Penal. El precepto castiga a quien, sin estar legítimamente autorizado, impida con violencia o intimidación a otro hacer lo que la ley no prohíbe o le compela a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto.
El juzgado de Roquetas de Mar advierte de que el impago de la renta no convierte al arrendatario en ocupante ilegal ni habilita el corte de suministros.
El juzgado subraya que la creencia de obrar conforme al Tribunal Supremo no desplaza la responsabilidad penal. Las acciones coactivas contra el arrendatario pueden conllevar la condena del dueño de la vivienda, que pasa de reclamar una renta impagada a responder por un delito de coacciones.
La Doctrina del Tribunal
La STS 426/2026 no altera el régimen del contrato de arrendamiento ni habilita al propietario frente a su inquilino. Su doctrina se ciñe a la ocupación ilegal, escenario en el que el titular del inmueble carece de cauce arrendaticio previo. La advertencia del juzgado delimita el alcance real de esa jurisprudencia y descarta una extensión analógica que el propio fallo no autoriza.
La base jurídica del conflicto es doble. De un lado, el artículo 172 del Código Penal exige violencia o intimidación para apreciar el delito de coacciones. De otro, la ejecución hipotecaria y el desahucio disponen de un cauce procesal propio que excluye la autotutela del acreedor. Cuando el propietario sustituye la vía judicial por la presión directa sobre el arrendatario, el ordenamiento no contempla la conducta como gestión de un derecho, sino como ataque a la libertad del inquilino.
El impacto alcanza a cualquier propietario con un contrato en fase de reclamación. La frontera entre exigir la renta por vía judicial y actuar sobre el suministro o la posesión del inquilino decide entre el ejercicio legítimo de un derecho y el reproche penal. Los procedimientos ya abiertos deberán resolverse con ese criterio, sin que la invocación del precedente del Tribunal Supremo desplace el tipo aplicable.
La proyección de la advertencia es inmediata para los juzgados de primera instancia que tramitan reclamaciones de renta y ejecuciones. El precedente del Pleno mantiene su vigencia en el ámbito de la ocupación ilegal, pero no ampara la presión sobre el moroso. La lectura correcta de la resolución exige atender al título del ocupante antes de valorar la actuación del propietario.
FICHA DEL CASO
- El caso: Advertencia de un juzgado de Roquetas de Mar (Almería) sobre propietarios que, invocando la STS 426/2026, ejecutan acciones coactivas contra arrendatarios en fase de embargo a los que confunden con ocupantes ilegales.
- Datos importantes: STS 426/2026, del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; aplicación del artículo 172 del Código Penal. Las conductas pueden conllevar la condena del dueño de la vivienda.
- Fecha de los juicios: Sentencia del Pleno dictada el 24 de junio de 2026; la advertencia judicial se ha difundido en septiembre de 2026.
- Personas acusadas y por qué: Propietarios de viviendas imputados por un delito de coacciones contra sus arrendatarios; la nota oficial no identifica a los investigados.
