El exfiscal general de Ucrania acusa a las agencias anticorrupción de sabotear la paz de Donald Trump con causas penales sin pruebas. Lo hace desde el exilio, con nombre y apellidos, y con una petición concreta a Washington: que audite a unas agencias que se financian, en parte, con dinero del contribuyente americano.
Qué denuncia Kravchenko y qué parte de su relato es verificable
Ruslan Kravchenko dimitió como fiscal general de Ucrania en septiembre de 2026 y hoy vive en Austria, en un exilio que él describe como una huida. Desde allí sostiene, en una entrevista con el Washington Examiner, que la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) han convertido la investigación penal en un instrumento político: expedientes sin pruebas suficientes para romper el equipo del presidente y presionar a los negociadores.
Ninguna de las dos agencias ha presentado cargos contra él y ambas niegan la acusación. NABU la califica de «parte de una estrategia de defensa» y asegura que se mantiene al margen de la política interior y exterior. SAPO sostiene que su expediente apunta a una presunta organización criminal dentro de la Fiscalía General que cobraba sobornos de centros de llamadas fraudulentos, un asunto que, según su versión, «no tiene ninguna conexión con la esfera política del país». El 4 de noviembre, SAPO pidió al fiscal general en funciones que activara la auditoría que exige la ley ucraniana.
El mecanismo que describe Kravchenko es sencillo de entender y difícil de demostrar. Los expedientes aparecen siempre en el peor momento posible: días antes de una ronda de negociación, cuando el negociador ya tiene la maleta hecha y la cabeza en otro sitio. «Durante la negociación tienen que pensar no en la negociación, sino en los expedientes, en cómo protegerse», relata. La consecuencia es que Ucrania se sienta a la mesa con un equipo que negocia mirando por encima del hombro.
Hay dos episodios que presenta como prueba de cargo. El primero es el expediente contra Andriy Yermak, exjefe de gabinete del presidente y acusado en mayo de 2026 de participar en un esquema de blanqueo, algo que él niega; según Kravchenko, los documentos identificaban a Zelenski como «persona número uno» y recordaban su inmunidad presidencial. El segundo es la petición, en diciembre de 2025, de autorizar diligencias contra 25 diputados del partido presidencial. Su adjunto se negó. No había pruebas.
Una agencia que vive del dinero americano y abre expedientes a los negociadores la víspera de una cumbre no es un socio neutral: es un actor con agenda.
Por qué Bruselas mira con lupa y qué se juega España
Las dos agencias no son un experimento ucraniano cualquiera. Se construyeron con respaldo técnico y financiero de Washington y de los gobiernos europeos, y la Unión Europea llegó a condicionar parte de su ayuda a que se mantuvieran independientes. Eso convierte la petición de auditoría en un problema diplomático de primera magnitud: obliga a las cancillerías a elegir entre dos relatos que hasta ahora convivían sin rozarse.
Para España, la exposición es indirecta pero real. La ayuda a Ucrania sale de un presupuesto europeo que Madrid cofinancia, la guerra ha marcado el precio de la energía que pagan hogares y empresas, y los contratos de reconstrucción son una ventana que las ingenierías y constructoras españolas llevan años tanteando. El Gobierno evita pronunciarse sobre una auditoría independiente de las agencias y se refugia en la posición común europea, en línea con lo que el Ejecutivo español defiende en Bruselas desde el inicio de la invasión.
Y el calendario, ahora mismo, lo marca la Casa Blanca.
La Lógica de Washington
La pregunta que se hace el Ala Oeste no es si hay corrupción en Ucrania. Es quién controla el calendario de las investigaciones. Visto desde Washington, la arquitectura anticorrupción que Occidente pagó para blindar a Kiev frente a la captura rusa se ha convertido en un actor con poder de veto y sin responsabilidad ante el presidente electo. Para una Casa Blanca que negocia el final de la guerra, eso es un problema de alineamiento, no un debate moral.
La coalición que sostiene esta lectura es más ancha de lo que parece. El ala America First lleva años exigiendo trazabilidad para cada dólar enviado a Kiev; los demócratas que votaron la ayuda quieren lo mismo, aunque por razones distintas. De ahí que la propuesta de Kravchenko caiga en terreno fértil. El precedente es viejo y muy americano: cuando Nixon cerró en enero de 1973 un acuerdo que su aliado survietnamita consideraba una sentencia, Washington no rompió con Saigón. Sencillamente dejó de preguntarle.
La lectura estratégica es otra. Si la Casa Blanca concluye que las agencias son el obstáculo, la exigencia de auditoría puede partir en dos el consenso occidental que financia a Kiev. Las interpretaciones no coinciden: Nicolai Petro, profesor de la Universidad de Rhode Island, admite que las investigaciones limitan el poder de Zelenski, pero abre la puerta a lecturas opuestas. Gordon Hahn, analista de Rusia y Eurasia, apunta en otra dirección: capitales europeas partidarias de prolongar el conflicto tendrían incentivos para debilitar al presidente ucraniano.
La ventana clave está a dos días. El 10 y el 11 de noviembre, la diplomacia americana media entre Kiev y Moscú en Abu Dhabi, con el enviado especial Steve Witkoff centrado en la seguridad de posguerra, la desescalada y los asuntos humanitarios. En paralelo, la auditoría reclamada el 4 de noviembre decidirá si Bruselas mantiene la condicionalidad o la suaviza para no fracturar el frente común. Washington no pide permiso.
Ficha del Caso
- El caso: el exfiscal general ucraniano Ruslan Kravchenko, exiliado en Austria, acusa a la NABU y la SAPO de usar causas penales sin pruebas para debilitar a Zelenski y torpedear la paz de Trump.
- Datos clave: dimisión en septiembre de 2026; acusación no verificada; las dos agencias lo niegan y niegan cargos contra él; SAPO pidió el 4 de noviembre la auditoría legal; conversaciones en Abu Dhabi el 10 y 11 de noviembre.
- Para España: exposición indirecta vía presupuesto europeo, precio de la energía y contratos de reconstrucción; Madrid se alinea con la condicionalidad europea sin pronunciarse sobre la auditoría.
