España se enfrenta a un nuevo quebradero de cabeza en el norte de África: el Sáhara Occidental se queda sin el mandato renovado de la misión de Naciones Unidas y el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar en el centro de una disputa que afecta directamente a Marruecos, Argelia y la seguridad de Canarias. El bloqueo en el Consejo de Seguridad, provocado por el choque entre Estados Unidos y Rusia, amenaza con dejar al conflicto sin uno de sus principales mecanismos internacionales de vigilancia y aumenta la presión sobre Madrid para que defina qué papel está dispuesto a desempeñar.
La crisis no llega en un momento cualquiera. Desde que en marzo de 2022 Sánchez respaldó la propuesta de autonomía marroquí como la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto, la posición española ha quedado estrechamente vinculada a la estrategia de Rabat. Ahora, con el futuro de la MINURSO en el aire y el Frente Polisario reclamando responsabilidades a España, aquella decisión vuelve a situar a Moncloa ante una difícil disyuntiva: mantener su apuesta por Marruecos o afrontar las contradicciones políticas y jurídicas que plantea el derecho de autodeterminación saharaui.
El mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental expiró el 31 de octubre después de que Moscú vetara la propuesta estadounidense y Washington bloqueara posteriormente la alternativa rusa. Las dos iniciativas perseguían objetivos diferentes: Estados Unidos defendía una resolución que situaba la autonomía propuesta por Marruecos como base para las negociaciones, mientras que Rusia planteaba una prórroga técnica sin modificar el cometido de la misión. Ninguna consiguió prosperar.
Para España, antigua potencia colonial y uno de los países europeos con mayor proximidad geográfica al conflicto, el bloqueo abre un frente especialmente delicado. El Ejecutivo deberá conciliar su relación estratégica con Marruecos con la defensa del derecho de autodeterminación saharaui, en un contexto en el que el Frente Polisario reclama una mayor implicación de Madrid.
La reclamación del Polisario reabre el debate sobre la responsabilidad de España
La primera consecuencia es jurídica y diplomática. El Frente Polisario sostiene que España conserva responsabilidades relacionadas con la descolonización del Sáhara Occidental y reclama al Gobierno que asuma su papel como potencia administradora. Su representante en España, Abdulah Arabi, ha situado esta exigencia en el centro del debate tras el fracaso de la renovación de la misión internacional.
El argumento se apoya en la historia jurídica del territorio y en la interpretación de los acuerdos firmados en 1975. El dictamen del asesor jurídico de Naciones Unidas Hans Corell, de 2002, señaló que los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía del Sáhara Occidental ni otorgaron a Marruecos la condición de potencia administradora en virtud de esos acuerdos. Sin embargo, la posición oficial del Gobierno español es que España quedó desligada de sus responsabilidades administrativas internacionales en febrero de 1976 y no figura actualmente como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de la ONU.
Esta divergencia explica por qué el debate no puede reducirse a una obligación jurídica aceptada de manera unánime. El Polisario y sus defensores invocan las responsabilidades pendientes de la descolonización; el Ejecutivo español mantiene una interpretación distinta sobre el alcance de sus obligaciones actuales.
La desaparición de un mecanismo internacional de presencia sobre el terreno puede intensificar la presión política sobre Madrid. El Gobierno tendrá que responder a las reclamaciones saharauis sin deteriorar una relación con Rabat que considera estratégica para la cooperación migratoria, policial y económica.
El giro de Sánchez hacia Marruecos queda bajo presión
El segundo frente es político. En marzo de 2022, Pedro Sánchez respaldó la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto. Aquel cambio de posición provocó una crisis con Argelia y un profundo rechazo entre los partidarios de la autodeterminación saharaui.
La disputa actual en el Consejo de Seguridad vuelve a poner a prueba esa orientación. Washington trató de impulsar una resolución favorable al plan de autonomía marroquí como marco de negociación, pero Rusia la vetó al considerar que predeterminaba el resultado del proceso y debilitaba la referencia a la autodeterminación. El texto alternativo ruso tampoco salió adelante, dejando a la MINURSO sin una prórroga aprobada.
El resultado coloca a España en una posición incómoda. Si mantiene su respaldo político a la iniciativa marroquí, tendrá que explicar cómo encaja esa postura con el principio de autodeterminación que sigue presente en el marco internacional del conflicto. Si intenta recuperar distancia respecto a Rabat, se expondrá a tensiones en una relación bilateral que abarca cuestiones sensibles para la seguridad nacional.
El margen de maniobra tampoco depende únicamente de Moncloa. La evolución de las decisiones de Naciones Unidas, la posición de los principales actores internacionales y las respuestas de Marruecos, Argelia y el Polisario condicionarán las opciones españolas. El final del mandato de la MINURSO no resuelve la disputa sobre la soberanía del Sáhara, pero sí aumenta la incertidumbre sobre el mecanismo para alcanzar una solución política.
Canarias, presión migratoria y riesgo de escalada en el Magreb
La tercera consecuencia afecta a la seguridad regional. La MINURSO ha servido durante décadas como mecanismo de observación y apoyo al proceso político, pese a que el referéndum previsto nunca se ha celebrado. La ruptura del alto el fuego en 2020 reactivó las hostilidades entre Marruecos y el Frente Polisario, en un conflicto de baja intensidad que continúa sin una solución aceptada por todas las partes.
La ausencia de un mandato renovado podría reducir los instrumentos internacionales de vigilancia y comunicación sobre el terreno. Si el bloqueo diplomático se prolonga y la tensión militar aumenta, el riesgo de incidentes y de una escalada regional podría crecer. Argelia, principal respaldo del Polisario, añade una dimensión estratégica a una disputa que trasciende las fronteras del territorio saharaui.
Para España, cualquier deterioro de la estabilidad en el noroeste de África tendría consecuencias directas. Canarias se encuentra frente a una región cuya inestabilidad puede repercutir en las rutas marítimas, los flujos migratorios y la seguridad económica. Una escalada no provocaría automáticamente una nueva crisis migratoria, pero sí podría elevar la presión sobre las fronteras y obligar a reforzar los dispositivos de vigilancia y respuesta humanitaria.
También estaría en juego la cooperación antiterrorista con Marruecos, un elemento relevante para la seguridad española. Un empeoramiento de las relaciones entre Rabat y Argel o una extensión de las hostilidades complicaría el equilibrio regional del que depende parte de esa colaboración.
El desenlace dependerá ahora de si las potencias del Consejo de Seguridad consiguen desbloquear una fórmula para el futuro de la misión y reactivar una vía política creíble. Para España, el desafío consiste en evitar que el vacío institucional se convierta en una crisis de seguridad y en una nueva fractura diplomática con el Magreb, sin renunciar a una solución que respete el derecho internacional y la autodeterminación del pueblo saharaui. De momento movimientos militares de ambas partes indican que las hostilidades pueden subir de nivel en las próximas semanas.
