La MINURSO del Sáhara Occidental expiró el 31 de octubre y deja el alto el fuego de 1991 sin observadores internacionales sobre el terreno.
Treinta y cinco años de despliegue se han cerrado con una votación y ningún comunicado de celebración. El Consejo de Seguridad abordó el viernes 30 de octubre la renovación del mandato y salió sin acuerdo: el borrador presentado por Washington obtuvo once votos a favor y el veto de Rusia, mientras la contrapropuesta rusa para prorrogar el texto vigente solo reunió tres apoyos, con Estados Unidos votando en contra y once abstenciones. La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental deja de existir por agotamiento político, no por éxito sobre el terreno.
Qué cambiaba el texto de Washington y por qué Moscú lo vetó
El borrador estadounidense no era una prórroga cualquiera. Proponía extender la misión un año, retirar la palabra ‘referéndum’ de su propio nombre y fijar el plan de autonomía marroquí bajo soberanía de Rabat como única base de negociación. Dicho de otro modo: convertir en doctrina lo que hasta ahora era una posición política de parte. El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, lo resumió con una frase que el Consejo escuchó en silencio: el órgano ‘no puede predeterminar automáticamente cuestiones de soberanía’. A su juicio, el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí, formalizado en diciembre de 2020 como contrapartida a la normalización entre Rabat e Israel, contamina la imparcialidad de Naciones Unidas.
Su homólogo estadounidense, Mike Waltz, defendió el giro sin rodeos: ‘no prestaremos nuestro voto al business as usual‘. Traducido: la Casa Blanca ya no sostiene una misión cuyo referéndum nunca se celebró. La portavoz de Exteriores rusa, Maria Zakharova, acusó a Washington de intentar ‘acelerar artificialmente’ el arreglo y de querer privar a los saharauis del derecho al voto, según el relato difundido por medios rusos. El Reino Unido y Francia censuraron el veto. Nadie presentó, en cambio, una alternativa capaz de superar los once votos.
La MINURSO nació en 1991 al mismo tiempo que el alto el fuego que debía vigilar, con un mandato explícito: organizar una consulta de autodeterminación. Nunca se celebró. Las discrepancias sobre quién podía votar —censo tribal, residentes en el extranjero, descendientes— bloquearon el proceso durante tres décadas, y el Frente Polisario reanudó las hostilidades en 2020. Desde entonces la misión sobrevivía como un observador sin capacidad de imponer nada, sostenida por una lógica simple: su ausencia sería peor que su inutilidad. Esa lógica acaba de romperse.
Una misión que nació para organizar una votación termina sin haberla convocado, y sin que nadie asuma el coste político de decirlo en voz alta.
Lo que Rabat gana, lo que Argel pierde y lo que España no puede permitirse
El Palacio Real marroquí recibió el desenlace como una victoria propia y pidió formalmente retirar el Sáhara de la agenda del Consejo de Seguridad. ‘No hemos retrocedido 35 años; hemos pasado página’, declaró el ministro de Exteriores, Nasser Bourita, a la cadena 2M el sábado 31 de octubre. Rabat se compromete a mantener el alto el fuego. Su cálculo es simple: sin paraguas de la ONU, el contencioso se desplaza del multilateral al bilateral, un terreno donde Marruecos tiene más aliados y más tiempo.
Argel lamentó la no renovación y cargó contra el ‘sesgo excesivo’ del texto estadounidense, que a su juicio ‘vació de sustancia’ el derecho de autodeterminación. El representante del Polisario, Sidi Omar, agradeció a Moscú haber bloqueado un texto que, dijo, dinamitaba los cimientos del proceso de paz. La organización responsabilizó a Marruecos y a sus aliados de ‘cualquier consecuencia’ derivada del cierre. El secretario general de la ONU advirtió el domingo de un riesgo real de escalada y recordó que la salida de los cascos azules no extingue el derecho saharaui a decidir su futuro. Palabras. Sin observadores sobre la línea de separación, la verificación de cualquier incidente queda a merced de la buena voluntad de las partes.
Para España el asunto no es ajeno ni lejano. El Sáhara fue provincia española hasta la retirada de 1975, y su estatus condiciona desde entonces la política exterior con Rabat y con Argel. Desde la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI en marzo de 2022, el Gobierno sostiene que el plan de autonomía marroquí es ‘la base más seria, realista y creíble’ para cerrar el contencioso, una fórmula que a partir de ahora ya no necesitará coartada multilateral. La paradoja es incómoda: Madrid respaldó durante cuatro años un marco de la ONU que acaba de extinguirse.
El coste se mide en tres frentes. Primero, la relación bilateral con Argel, proveedor energético de referencia y socio que nunca digirió el giro de 2022; sin misión de la ONU, cualquier incidente en la zona tampoco tendrá un cauce neutral donde desactivarse. Segundo, la fachada atlántica, y Canarias: las rutas migratorias y la vigilancia marítima se reordenan cuando desaparece un actor con mandato internacional. Tercero, la pesca y los intereses comerciales, atados al acuerdo entre la UE y Marruecos y a su lectura jurídica posterior. La seguridad del Sahel, el otro flanco sur, pierde además un termómetro.
Equilibrio de Poder
Washington ha convertido el Sáhara en un caso de escuela de su política exterior transaccional: reconocimiento de soberanía a cambio de normalización con Israel en 2020 y, ahora, retirada del marco del referéndum para cerrar el expediente. Moscú, que no tiene intereses económicos relevantes en la zona, ha encontrado un veto de bajo coste y alto rendimiento diplomático: se presenta como garante del derecho internacional ante Argel, ante la Unión Africana y ante el Sur Global sin pagar nada por ello. Bruselas asiste dividida. París está alineada de facto con Rabat, Madrid queda atrapada entre su declaración de 2022 y su dependencia energética, y la Comisión Europea solo tiene competencias comerciales, ninguna sobre soberanía.
La lectura a cinco o diez años es la de un multilateralismo que se vacía por la vía de los hechos. La MINURSO era una de las operaciones de paz más antiguas del Consejo de Seguridad, y su cierre sin relevo sienta un precedente incómodo: una misión puede morir no porque se haya cumplido su mandato, sino porque deja de interesar a una potencia con veto. En Timor Oriental, en 1999, hubo al menos una transición ordenada tras la consulta. Aquí no hay plan B, ni fecha, ni mediador designado.
El riesgo inmediato es de baja intensidad y acumulativo: incidentes sin verificación independiente, retorno de la retórica de guerra en ambos lados y una Argelia que puede leer el cierre como luz verde para mover ficha en otro tablero. El punto débil del optimismo que estos días circula en Rabat es que la desaparición de la ONU también elimina el marco que presentaba la autonomía como propuesta y no como imposición.
Sobre la mesa está ya el hito que Rabat ha pedido formalmente: sacar el Sáhara Occidental de la agenda del Consejo de Seguridad. Si lo consigue, el expediente saldrá del radar de Naciones Unidas por primera vez en seis décadas y quedará enterrado en los cajones bilaterales. Ahí, España tendrá que decidir si su posición sigue siendo un respaldo declarativo o se convierte en política de Estado con todos sus costes.
