Junts se querella contra Renfe, Adif y Carreteras por el siniestro de Gelida, que costó la vida a un maquinista en prácticas. La formación independentista registró el escrito el 20 de octubre, antes de que la tragedia ferroviaria de Toledo devolviera el foco sobre el estado de la red, y lo hizo con el abogado Gonzalo Boye en la dirección letrada. La denuncia no se queda en las dos empresas: señala también a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, porque el muro que se desplomó sobre la vía pertenecía a la AP-7 y dependía de ese organismo.
Los delitos que plantea son homicidio por negligencia grave, lesiones, delitos contra los derechos de los trabajadores y riesgo catastrófico. El diputado Salvador Vergés explicó que la acción se enmarca en la crisis estructural de Rodalies y en las carencias de mantenimiento, seguridad y prevención que, a su juicio, quedaron a la vista el 20 de enero. Junts quiere que el juez fije responsabilidades individuales de los cargos que dirigían Renfe y Adif, no solo de las personas jurídicas.
No es una decisión improvisada. Vergés recordó que su grupo ya llevó al Parlament una quincena de medidas sobre Rodalies: auditoría externa, cortes quirúrgicos en la red, participación de las plataformas de usuarios, planes alternativos de transporte mejor dimensionados, y la resolución del contrato con Renfe para que Ferrocarrils de la Generalitat asumiera el servicio. Entre esas propuestas estaba, literalmente, llevar a las dos compañías a los tribunales.
El calendario que desmonta el relato del Govern
La secuencia parlamentaria es el argumento más incómodo para la Generalitat. El 12 de febrero, el Parlament votó las propuestas de Junts y algunas salieron adelante, incluida la de denunciar judicialmente a Renfe y Adif. El 18 de marzo, Vergés advirtió a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, de que el Govern tenía hasta el 18 de junio para mover ficha. No hubo movimiento. La querella entró en el registro el 20 de octubre por iniciativa propia del grupo.
‘Una vez más, ante los incumplimientos del Govern catalán, nosotros cumplimos’, reivindicó el diputado. La frase resume la estrategia de un partido que lleva meses construyendo relato con el calendario en la mano: cada plazo vencido sin respuesta del ejecutivo de Salvador Illa es un argumento más para la campaña.
Cada plazo que el Govern deja vencer se convierte, en manos de Junts, en una prueba documental de que la Generalitat no manda sobre el tren.
Sales carga contra Illa y descarta la empresa mixta
La presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, situó al president de la Generalitat en el centro de la diana. ‘Es el resultado de tener un president que no sabe presidir Catalunya y que no sabe defenderla ante Madrid’, afirmó. Su tesis es que Illa llegó al Palau de la Generalitat prometiendo que su sintonía con Pedro Sánchez resolvería los problemas del país, y el colapso ferroviario desmiente esa promesa mejor que cualquier discurso.
Sales añadió dos elementos de fricción institucional. El primero, que el Parlament ha reprobado dos veces a la consellera Paneque sin que el president haya movido ninguna pieza. El segundo, que coger un tren en Catalunya se ha convertido en ‘una lotería’. ‘Lo que está en juego no es llegar cinco minutos tarde, sino jugarse horas de vida’, sostuvo, desplazando el debate de la puntualidad a la seguridad de usuarios y trabajadores.
En materia de modelo, Junts rechaza la empresa mixta pactada para el traspaso de Rodalies porque, sostiene, Catalunya no tendría ni la mitad de la capacidad de decisión. La alternativa que defiende es el traspaso integral con el ejemplo de Ferrocarrils de la Generalitat, que el partido presenta como prueba de que la gestión desde el país funciona. Rodalies de Catalunya sigue operando con Renfe como operador principal, una arquitectura que Junts da por agotada.
Nogueras traslada el pulso a Madrid y al 29N
La candidata a las elecciones generales del 29 de noviembre, Míriam Nogueras, colocó el foco en el Estado. Sostiene que la crisis ferroviaria ha dejado en segundo plano cualquier discurso de campaña y que los partidos deberían priorizar decisiones de gestión. ‘Debemos dejar de mirar qué le conviene al PSOE, al PP o a Pedro Sánchez o Feijóo. Toca mirar qué le conviene a Catalunya’, dijo.
Su argumento de fondo es una acusación de modelo: años de desinversión y centralismo, con el Estado priorizando líneas de alta velocidad nuevas por delante del mantenimiento de lo que ya existe. Citó datos de la Comisión Europea según los cuales España solo habría destinado el 16% del gasto ferroviario a mantenimiento, frente a más del 30% en otros países. La responsabilidad, añadió, es compartida por PP y PSOE.
En clave estatal, Nogueras calificó de ‘inaplazable’ la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la dio por hecha. Reclamó además la comparecencia de Pedro Sánchez y expresó su sorpresa por las dudas que, según ella, mantienen los partidos que sostienen al Gobierno sobre cerrar la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid.
Quién está ya personado en Vilafranca
La querella de Junts no abre la causa: la engorda. El caso se instruye en el juzgado número 3 de Vilafranca del Penedès, diligencias previas 30/2026. La primera denuncia la presentó la asociación Acció Cassandra el 30 de enero contra responsables técnicos y directivos de Renfe y Adif, así como cargos políticos del Ministerio de Transportes. Fue admitida como acusación popular en marzo, tras depositar una fianza de 8.000 euros. En la misma causa se han personado el sindicato de maquinistas SEMAF y Alternativa Ferroviària, y Vox ha impulsado diligencias para reclamar documentación sobre el mantenimiento.
La respuesta del PSC llegó por la vía política: calificó la denuncia de ‘partidista’ y avaló a Puente. Es la misma línea que mantiene el Govern desde el accidente, la de que la seguridad ferroviaria se dirime en los tribunales y en los informes técnicos, no en las ruedas de prensa de la oposición. El coste de esa contención es visible: dos reprobaciones parlamentarias a la consellera y ninguna decisión posterior.
Lo que observamos es un patrón conocido. Junts convierte cada promesa incumplida del PSOE o de la Generalitat en material judicial y electoral a la vez, y lo hace con nombres y apellidos. La querella tiene recorrido técnico limitado —las acusaciones populares rara vez sostienen solas una imputación— pero un rendimiento político notable a tres semanas del 29N. El riesgo para el partido es simétrico: si el juzgado archiva o diluye las imputaciones, el relato de la ‘lotería’ se quedará sin respaldo documental.
El precedente inmediato es el propio Parlament: una moción aprobada en febrero, dos reprobaciones a Paneque y ninguna medida ejecutada, según la versión de Junts. Esa brecha entre lo votado y lo hecho es el material con el que el partido construye campaña. La legislatura ha entrado en una dinámica en la que el Palau responde a los tribunales en lugar de anticiparse a ellos.
Quedan tres semanas para el 29N y una causa abierta en Vilafranca que avanza a su ritmo. Si el juzgado admite a Junts como acusación popular, el partido se sentará en la misma sala que Acció Cassandra, SEMAF y Alternativa Ferroviària, con Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes al otro lado. Ahí se verá si la querella era una pieza de gestión o un cartel de campaña.
