EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Las eurodiputadas españolas Rosa Estarás (PP) e Idoia Mendia (PSOE) han advertido de que la Eurocámara podría negar su consentimiento al Marco Financiero Plurianual 2028-2034 si el Fondo Social Europeo pierde identidad y financiación propias.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Europea, que quiere cerrar el acuerdo antes de que termine el año; el Consejo, que vota por unanimidad; y el Parlamento Europeo, cuyo consentimiento es imprescindible según el artículo 312 del TFUE.
- ¿Qué impacto tiene? España figura entre los principales perceptores de los fondos de cohesión y del FSE+, que sostiene programas de empleo del Tercer Sector y de las comunidades autónomas.
El veto del Parlamento Europeo al MFP no es una hipótesis: las eurodiputadas españolas lo dejan sobre la mesa. Rosa Estarás (PP) e Idoia Mendia (PSOE) coincidieron, en un diálogo organizado por Servimedia y el Cermi, en que la Eurocámara puede negar su consentimiento al nuevo marco presupuestario 2028-2034 si el Fondo Social Europeo pierde identidad propia.
Por qué el veto de la Eurocámara no es una amenaza retórica
El Marco Financiero Plurianual es el presupuesto de la UE a siete años. Fija los techos de gasto por política —cohesión, agricultura, investigación, defensa— y se negocia una vez por legislatura. Su aprobación necesita dos llaves: la unanimidad de los Veintisiete en el Consejo y el consentimiento del Parlamento Europeo. Sin la segunda, no hay presupuesto.
La diferencia con un parlamento nacional es sustancial. La Eurocámara no puede enmendar el reglamento que fija el marco: solo puede decir sí o no. Es un arma de un solo disparo, y por eso se anuncia mucho y se usa poco. Pero se ha usado. En 2020, el Parlamento retrasó su visto bueno al paquete presupuestario hasta que el Consejo aceptó el mecanismo de condicionalidad (la herramienta que permite congelar fondos a un Estado miembro que vulnera el Estado de Derecho), y el pulso se cerró en el último pleno de diciembre. Aquella vez, la palanca funcionó.
Del Fondo Social Europeo a una partida ‘difusa’: qué hay realmente sobre la mesa
La propuesta de la Comisión Europea reserva el 40% del presupuesto comunitario a materias sociales. Sobre el papel, suena a blindaje. En la práctica, no lo es: el texto no acota qué partidas corresponden a cada área ni garantiza que el Fondo Social Europeo (FSE) mantenga una línea propia. De ahí el adjetivo que repitieron las dos eurodiputadas. ‘Es un poco difusa’, resumió Estarás, que reclama ‘un fondo nítido e identificable’. Mendia fue más dura: la propuesta ‘lo deja al albur de los Gobiernos nacionales’, que pueden tener otras prioridades.
Los números del Tercer Sector explican por qué la discusión no es cosmética. En los últimos 25 años, Cáritas, Cruz Roja, la Fundación Secretariado Gitano y la Fundación ONCE han atendido a más de 1,3 millones de personas y han contribuido a crear más de 470.000 empleos, según los datos que aportó el secretario general del Cermi, Alberto Durán. Su cálculo de rentabilidad es el argumento central: ‘por cada euro invertido del Fondo Social Europeo se recuperan entre tres y cuatro mediante salarios e impuestos’.
La Comisión Europea sostiene que la propuesta no rompe esos objetivos. Daniel Calleja, director de la Representación en España del Ejecutivo comunitario, defendió en el mismo acto que el presupuesto a largo plazo pasa del 1% al 1,26%, y recordó que el texto sigue en la mesa de negociación: la palabra final corresponde a los Estados miembros y al Parlamento, con decisión antes de que termine el año. Traducido: nadie ha cerrado nada todavía.
El FSE no se juega solo en euros: se juega el método. Un fondo sin partida propia acaba diluido en la prioridad de cada Gobierno.
El aterrizaje español depende de quién ejecuta. El FSE+ en España se reparte entre las comunidades autónomas, el Servicio Público de Empleo Estatal y las entidades del Tercer Sector que trabajan con los colectivos más alejados del mercado laboral. Durán lo advirtió con una frase que incomoda a cualquier gestor: un cuadro de indicadores que premie la rapidez en el gasto ‘no tiene sentido’ cuando el objetivo es la transformación social de quien lleva años fuera. Si la partida se diluye en un fondo único gestionado por los Estados, el reparto se decidirá en cada consejo de gobierno autonómico y no en Bruselas.
El Eje del Poder Europeo
La negociación del MFP es la foto más nítida del pulso entre bloques. Los frugales del norte —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia— llegan con la cantinela de cada ciclo: techo de gasto más bajo, más condicionalidad y menos transferencias. El eje franco-alemán, roto en casi todo lo demás, coincide en una cosa: el dinero nuevo debe ir a defensa y a competitividad. Y los países del sur, con España e Italia a la cabeza, responden que la cohesión no es caridad, sino el mecanismo que sostiene el mercado único. Polonia, primer beneficiario neto de la política de cohesión, juega en una posición incómoda: defiende los fondos y a la vez exige más gasto militar en su frontera este.
España llega a diciembre con un margen estrecho. Puede exhibir alineamiento con Roma y Atenas en la defensa de la cohesión, pero su calendario presupuestario y la exigencia de cuadrar las cuentas públicas limitan su capacidad de amenaza. Y hay una paradoja que conviene subrayar: en Madrid, el PP y el PSOE libran una guerra total; en Bruselas, Estarás y Mendia defienden lo mismo con el mismo énfasis. La cohesión es uno de los pocos asuntos en los que el eje español no se rompe.
A cinco o diez años, la lectura es otra. Si el MFP 2028-2034 se cierra con el FSE diluido en un fondo único, el cambio no será contable: será de doctrina. La UE llevará inscrito en su presupuesto que las políticas sociales son un objetivo transversal y no una política con instrumentos propios. Ya ocurrió con el giro de 2020, cuando Next Generation EU trasladó el centro de gravedad de la cohesión a los planes nacionales de recuperación: los Gobiernos ganaron discrecionalidad, y el Parlamento perdió control sobre el destino final del dinero. Repetir el patrón ahora consolidaría el modelo para la próxima década.
Quedan semanas. El Consejo Europeo de diciembre debe pronunciarse por unanimidad; después, la Eurocámara tendrá que dar o negar su consentimiento, previsiblemente en el pleno de Estrasburgo de finales de año. Ahí se sabrá si el veto es una amenaza de salón o una realidad. Durán lo dijo sin rodeos: ‘hay un derecho de veto del Parlamento Europeo que yo espero que no haga falta ejercitarlo’. La distancia entre esperar y necesitar es exactamente lo que se negocia en Bruselas este diciembre.
