El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto una subida del SMI del 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros mensuales. Son 65 euros más al mes que los 1.221 actuales, 18.004 euros anuales en 14 pagas. La cifra supera el 4,9% que recomendó el panel de expertos y queda por debajo del 7% que reclaman CCOO y UGT.
Detrás del decimal hay más que una corrección técnica. Es el último movimiento de Yolanda Díaz al frente del ministerio de Trabajo antes de los comicios del 29 de noviembre, y todo lo que se remueve dentro de Sumar cuando el calendario aprieta. El borrador de Real Decreto ha entrado en audiencia y participación pública hasta el 16 de noviembre. Diez días para alegaciones. Trece para la cita con las urnas.
La propuesta: 1.286 euros y cuatro décimas que son cálculo político
El documento del departamento que dirige Díaz no se limita a aplicar la recomendación del comité. La eleva cuatro décimas. El motivo que figura en el texto es compensar el desfase de 0,4 puntos entre la inflación media de enero a octubre de 2026 —un 3,5%— y la subida del 3,1% que se aplicó ese mismo año. Traducido: el Ejecutivo asume que los salarios mínimos perdieron poder de compra en 2026 y lo corrige ahora, con el ejercicio ya cerrado.
El margen elegido revela una jerarquía de prioridades. Por encima del panel, por debajo de los sindicatos. No es una cifra arbitraria: el 5,3% permite sostener a la vez que se escucha a los técnicos y que se atiende a la calle, sin llegar al 7% que las centrales llevan meses reclamando para recuperar el poder adquisitivo perdido. La pregunta que queda abierta es si esa cesión parcial bastará para que CCOO y UGT firmen o si el desencuentro se estira hasta el 16 de noviembre.
El flanco sindical, la CEOE y el factor interno de Sumar
Desde los sindicatos, la lectura es otra. Sostienen que los salarios mínimos deberían subir al menos un 7% y que los beneficios empresariales —que describen como disparados— tendrían que repartirse mejor entre la clase trabajadora. Con la nueva propuesta sobre la mesa, falta por ver si ceden. La negociación del SMI no es un trámite: es el termómetro de la relación entre el Gobierno y el mundo sindical a las puertas de una cita electoral.
En la otra esquina, la patronal no discute tanto la cuantía como el momento. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, lleva semanas arremetiendo contra la ministra y contra el comité de expertos, al que acusó de «no haber tenido un empleo en la vida» por plantear una subida con la fecha electoral a la vuelta de la esquina. Es la única voz discordante documentada en este debate.
La subida del SMI es el último gesto de autoridad de Díaz antes de las urnas: una cifra calibrada para no romper nada.
Dentro de Sumar, el asunto tiene una arista que no aparece en los titulares. En el espacio conviven formaciones con vínculos históricos con el sindicalismo de clase, y ese hilo pesa cuando la cifra sobre la mesa se queda a medio camino entre el informe técnico y la reivindicación sindical. No hay constancia pública de que ningún socio haya cuestionado el 5,3%, pero tampoco de un respaldo entusiasta. El silencio, en política, también es una posición.
La Dinámica de Coalición
El equilibrio interno de Sumar descansa sobre una paradoja conocida. El SMI es la política más identificable de la marca Díaz, la que mejor resiste el escrutinio electoral y la que menos fisuras ha generado entre las confluentes. La formación llega al tramo final con esa bandera en la mano y con las cuentas a medio cerrar: 1.286 euros frente a los 1.221 vigentes, un 5,3% que se queda a 1,7 puntos del 7% sindical. Ese hueco es el que tendrán que explicar los cuadros del espacio en cada mitin.
La dimensión de coalición es igual de sensible. La subida se aprueba por Real Decreto en el Consejo de Ministros, lo que obliga a que el ala socialista del Ejecutivo avale la cifra en la redacción final. El 5,3% tiene la virtud de ser digerible para un PSOE que no quiere aparecer como freno de los salarios en plena precampaña, y esa compatibilidad explica el decimal tanto como el informe del comité. El SMI se ha revalorizado en cada ejercicio de la legislatura; romper esa serie a semanas de las urnas sería un coste político que nadie en la coalición quiere asumir.
Queda la proyección. El plazo de alegaciones vence el 16 de noviembre y la intención declarada es cerrar la norma antes del 29 de noviembre. Después, la incógnita: qué ocurre con el SMI si a partir de 2027 la cartera de Trabajo cae en manos del PP o de Vox, formaciones que han votado en contra de las subidas en los últimos años. Para Sumar, esa es la verdadera campaña: convertir 65 euros al mes en un argumento sobre quién protege el salario y quién no.
Ficha del Caso
- El caso: El ministerio que dirige Yolanda Díaz propone una subida del SMI del 5,3% para 2027, hasta 1.286 euros mensuales, por encima del panel de expertos y por debajo de la reclamación sindical.
- Datos importantes: 1.286 euros al mes y 18.004 euros anuales en 14 pagas, frente a los 1.221 vigentes. El panel recomendó el 4,9% y CCOO y UGT exigen al menos el 7%. Alegaciones hasta el 16 de noviembre; comicios el 29 de noviembre.
- Resumen: La cifra busca el equilibrio entre técnicos, sindicatos y el ala socialista del Gobierno de coalición. Su encaje antes del 29-N mide la capacidad de Sumar para convertir la bandera salarial en capital electoral.
