El pleno de Barcelona abre la puerta a prohibir la compra especulativa de vivienda a fondos y grandes tenedores. La proposición de BComú ha salido adelante con los votos del PSC, ERC y los propios comuns, mientras Junts, el PP y Vox votaban en contra. El encargo al gobierno de Jaume Collboni es inequívoco: estudiar una modificación del planeamiento urbanístico que convierta a la capital catalana en la primera ciudad de Catalunya en aplicar ese veto.
El texto no prohíbe nada por sí mismo. Obliga, eso sí, a activar la maquinaria. El Ayuntamiento deberá revisar la normativa urbanística para habilitar la prohibición de adquisiciones especulativas y, en paralelo, vigilar con lupa el cumplimiento del real decreto de medidas urgentes para proteger la vivienda asequible. Son dos vías distintas, la municipal y la estatal, que hasta ahora avanzaban cada una por su cuenta.
Qué obliga de verdad el acuerdo y qué queda en manos de Collboni
Hay un tercer mandato que suena a control político puro: el gobierno municipal deberá presentar un informe trimestral ante el resto de grupos detallando qué actuaciones ha ejecutado y con qué resultados. Traducido: BComú se asegura una herramienta de fiscalización cada tres meses sobre una de las competencias más sensibles del consistorio. Y se garantiza, de paso, que la promesa no se quede en un titular de viernes por la tarde.
La concejala de BComú Gemma Tarafa defendió en el pleno que Barcelona debe ‘empujar’ con sus propias competencias, pero también presionando a la Generalitat y al Estado, ambos del mismo color político que Collboni. Pidió ‘anticiparse’ y actuar con ‘valentía’. El marco en el que se mueve es estrecho: la ciudad ya opera bajo la contención de precios de alquiler que fija la normativa catalana, pero la palanca sobre la compraventa es otra cosa, y ahí el margen municipal choca de frente con el derecho de propiedad.
El reparto de votos dibuja el tablero con precisión. PSC, BComú y ERC sumaron; Junts, PP y Vox restaron. No es una grieta nueva, pero sí reveladora: los tres partidos que sostienen al Govern de Salvador Illa votaron a favor de una medida que ese mismo Govern no ha sido capaz de cerrar en el Parlament.
Barcelona vota lo que el Parlament no consigue aprobar. Ese desfase, más que la medida en sí, es la noticia.
La ley catalana que sigue encallada en el Parlament
La proposición aprobada también reclama al Ayuntamiento que respalde la futura ley catalana sobre compras especulativas, actualmente en tramitación parlamentaria. Apoyo institucional sin coste aparente. El problema está en el fondo: el Govern y los Comuns no han logrado cerrar un acuerdo sobre el texto y, tras semanas de negociaciones, han registrado enmiendas por separado. La norma sigue en el aire.
El calendario tampoco ayuda. Para sacar adelante la ley hacen falta 68 diputados y ERC resulta imprescindible en esa suma. Sin un texto consensuado, la proposición puede decaer y con ella la expectativa de una regla común para toda Catalunya. Barcelona legisla donde la Generalitat todavía negocia.
El aval del CGE y la contradicción del PSC
El Consell de Garanties Estatutàries cuestionó en agosto varios aspectos jurídicos de la proposición. Lo hizo tras sendos recursos de Junts y del PP. El dictamen apuntaba a una posible vulneración de derechos como la propiedad privada y la herencia, y ese pronunciamiento ha condicionado todo lo que vino después. Los Comuns sostienen que el texto original ya es constitucional; el PSC, en cambio, prefiere limitar el uso de las viviendas adquiridas para que se destinen a residencia habitual, sin vetar la compra.
Ahí está la contradicción que conviene subrayar. El mismo PSC que este jueves votaba en Barcelona a favor de estudiar la prohibición defiende en el Parlament una fórmula que no prohíbe. No es incoherencia gratuita: es cálculo. En la ciudad, el gobierno de Collboni necesita a los comuns para sostener el mandato. En la Cámara catalana, el PSC necesita a la vez a Junts y a ERC, y los primeros han convertido la seguridad jurídica en su bandera para este asunto.
Sobre el fondo, el debate jurídico es serio y no admite atajos. Vetar la compra a fondos sin distinguir la finalidad choca con la protección de la propiedad; limitar el destino a vivienda habitual es más defendible, pero también más fácil de esquivar con una sociedad interpuesta. Los controles de compraventa funcionan cuando van acompañados de suelo público, plazos y régimen sancionador, y se quedan en nada cuando solo son una declaración de intenciones.
Lo que observamos es un movimiento de piezas a tres bandas. BComú se coloca como la fuerza que marca la agenda de vivienda en Barcelona y presiona al Govern desde la institución que le queda. Collboni gana tiempo y se sitúa junto al electorado que más sufre el precio del alquiler. Y el Govern de Illa queda retratado en su punto más débil: tres socios que votan juntos en el consistorio y no logran pactar en el Parlament.
El primer hito es concreto. El primer informe trimestral sobre las actuaciones municipales debería llegar al consistorio en el primer trimestre de 2027, siempre que se respeten los plazos. Para entonces sabremos si la modificación del planeamiento es una revisión técnica real o un gesto de cara a la galería. En paralelo, la ley catalana aguarda su enésima ronda de negociación. Nadie en el Govern se atreve a ponerle fecha.
