Jorge Buxadé ha avisado este jueves de que la dimisión de Óscar Puente y el cese del presidente de Adif no saldan las responsabilidades políticas y penales por Adamuz y Urda. El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha llevado ese mensaje a Llucmajor, en Mallorca, en plena precampaña de los comicios del 29 de noviembre.
Qué exige Vox y con qué argumentos
El eurodiputado fue explícito ante los medios: ‘Ninguna de las víctimas de Adamuz y Urda se da por pagada con la dimisión de Puente y el cese del presidente de Adif’. La frase condensa la posición que Vox mantiene desde que ambos casos saltaron a la actualidad y que este jueves ha vuelto a colocar en el centro del debate público.
La exigencia se ordena en tres frentes. El primero, que continúen todos los procedimientos judiciales abiertos. El segundo, que la investigación de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) sobre contratos en la sede de Adif llegue hasta el final. El tercero, que la Comisión Europea aclare el uso que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado a los fondos comunitarios que debían financiar la red ferroviaria.
El hilo argumental es siempre el mismo: la responsabilidad no se extingue con la firma de un cese. ‘Han robado a manos llenas a los españoles, y la responsabilidad política y penal no termina con una dimisión’, ha subrayado el dirigente ante los periodistas, en referencia al PSOE.
En el terreno europeo, la formación ha exigido formalmente a Bruselas que abra esa investigación sobre el destino de los fondos europeos. El argumento no es menor. Si el dinero comunitario acabó financiando una red ferroviaria gestionada con contratos bajo sospecha, la institución que los aprobó tiene competencia para reclamar explicaciones y para revisar los mecanismos de control aplicados.
La comparecencia sirvió además para contraponer dos usos del dinero público. Mientras Hacienda cobra este jueves a cientos de miles de españoles el segundo plazo del IRPF, el Ejecutivo mantiene millones de euros comprometidos con Marruecos y con terceros países, según la denuncia del partido. ‘Los españoles llevan ocho años soportando mordidas, adjudicaciones ilegales y una mafia socialista convertida en una gran agencia de colocación’, ha añadido Buxadé.
Una dimisión cierra una crisis de Gobierno, no un expediente: Vox traslada el pulso por Adamuz y Urda al terreno judicial y al europeo.
Qué recorrido tiene la exigencia y quién puede sostenerla
El margen parlamentario es el que es. Vox cuenta con 33 diputados en el Congreso de los Diputados, tercera fuerza de la Cámara, y una comisión de investigación (el instrumento con el que el Parlamento fiscaliza la actuación del Ejecutivo) requiere una mayoría que el grupo no reúne por sí solo.
De ahí que el partido haya desplazado buena parte del pulso al terreno judicial y al europeo, donde no depende de los votos de otros grupos. La causa sigue en manos de la UCO y los procedimientos continúan su curso, sin que por ahora exista un horizonte cerrado sobre sus conclusiones. En ese escenario, la dirección sostiene que la responsabilidad es exigible con independencia de lo que ocurra en el hemiciclo.
La pelota queda también en el tejado del PP. Cualquier iniciativa que fuerce comparecencias, auditorías o una comisión de investigación necesitará sus votos, y el partido de Santiago Abascal ya ha anticipado que piensa reclamarlos. Está por ver si los populares acompañan esa exigencia o si, por el contrario, dejan que el asunto se diluya en el calendario procesal.
La lectura estratégica: Baleares, vivienda y el 29-N
El escenario elegido no es casual. Llucmajor, en Mallorca, y la precampaña del 29 de noviembre sitúan el discurso en clave balear, con tres asuntos cargados de peso: vivienda, fiscalidad e inmigración ilegal.
En el primer bloque, Buxadé defendió la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública y a las ayudas sociales, junto a una rebaja de impuestos, la eliminación de trabas burocráticas y el impulso de la construcción de vivienda asequible. ‘Los autónomos y comerciantes locales llevan décadas trabajando y cotizando mientras ven cómo sus impuestos no les garantizan un futuro’, ha señalado.
En inmigración, el mensaje fue el de la expulsión de quienes cometan delitos. ‘Los que trabajan, cotizan y contribuyen deben poder seguir aquí’, ha precisado, antes de añadir que ‘los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a quienes sostienen nuestro Estado social’. El planteamiento enlaza con el discurso que el partido viene repitiendo en cada cita autonómica.
El precedente es conocido. En cada convocatoria territorial, Vox ha colocado a un dirigente de peso nacional en el arranque de la campaña para fijar tres o cuatro prioridades y dejar que el candidato local las traduzca en propuestas concretas. La diferencia, esta vez, es el calendario: la cita balear llega con el caso de Adif todavía abierto y con el segundo plazo del IRPF recién cobrado, dos datos que el partido piensa explotar hasta la jornada de votación. La pregunta que sobrevuela la precampaña es si el desgaste del Ejecutivo en materia de gestión ferroviaria alcanza para mover votos en un territorio donde la vivienda manda. El 29 de noviembre responderá.
