EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Correos ha trasladado a la Junta Electoral Central un plan de contingencia para el voto postal del 29-N con videovigilancia las 24 horas, 4.000 balizas GPS y los sufragios separados del efectivo en las cajas fuertes.
- ¿Quién está detrás? La compañía pública responde así a las peticiones que el PP viene formulando desde junio de 2025; la custodia policial directa de los votos sigue sin atender.
- ¿Qué impacto tiene? Génova lee el refuerzo como un reconocimiento implícito de las carencias y anuncia que vigilará su cumplimiento hasta la cita con las urnas del 29 de noviembre.
Correos refuerza el voto postal del 29-N con vigilancia las 24 horas y 4.000 balizas GPS, pero el PP mantiene su exigencia de custodia policial. El plan de contingencia remitido por la compañía pública a la Junta Electoral Central incorpora buena parte de las garantías que los populares reclaman desde junio de 2025 y deja fuera, sin embargo, la que consideran irrenunciable.
Los dos informes enviados a la JEC el 7 y el 29 de octubre, adelantados por El Español, sitúan el robo de 124 votos en Fuente de Cantos, en diciembre de 2025, en el origen del dispositivo. La compañía defiende el carácter garantista de su procedimiento y admite, a la vez, que la protección era incompleta.
Videovigilancia, GPS y precintos: lo que Correos ya ha aceptado
El nuevo esquema separa los sufragios del dinero en las cajas fuertes. La empresa sostiene que el efectivo era el objetivo de los intrusos de Fuente de Cantos y quiere evitar que otro asalto arrastre la documentación electoral. Los votos quedan ahora bajo llave, con videovigilancia permanente supervisada desde el Centro Operativo de Seguridad, y 4.000 balizas seguirán los transportes entre centros de tratamiento y hacia el millar de unidades custodiadoras durante los días más críticos.
Se añaden bandejas precintadas y flejadas con relación individualizada de votos, además de un plan autorizado por la JEC que permite emitir duplicados cuando un envío desaparezca bajo custodia, previa denuncia. El elector puede consultar el recorrido de su sobre y recibir confirmación voluntaria de la entrega en la mesa.
El paquete no satisface a Génova. El PP reclama custodia policial directa de las papeletas en dependencias públicas hasta su traslado a los colegios, numeración de los precintos con constancia de cada cierre y apertura, identificación de los centros de custodia, publicación de los votos que llegan fuera de plazo y datos periódicos por provincias y municipios. Exige también que la información diaria que recibe el Ministerio del Interior llegue de forma simultánea a la JEC y, por su conducto, a todas las candidaturas.
La formación de Alberto Núñez Feijóo sostiene que el refuerzo constituye un reconocimiento implícito de que faltaban garantías. Tenemos toda la confianza en los trabajadores públicos, pero no la tenemos en sus jefes políticos’, ha reiterado el líder popular en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del partido lo resumen sin diplomacia: ‘Si se reconoce la necesidad de reforzar la protección, no tiene sentido quedarse a medio camino’.
Correos ha aceptado el diagnóstico del PP y ha rechazado su solución: entre una caja fuerte con GPS y un furgón policial hay una diferencia estrictamente política.
La compañía descarta la custodia policial durante las 24 horas, aunque se compromete a contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para reforzar las rondas de vigilancia sobre las instalaciones. Para el PP esa respuesta es insuficiente: entiende que un sufragio no puede protegerse con la misma lógica que un envío comercial.
El precedente de Fuente de Cantos y la grieta del censo exterior
El robo de Extremadura marcó un antes y un después en la política de custodia de la compañía pública. Tras aquellas elecciones autonómicas, Correos redujo las unidades de custodia, seleccionó las más adecuadas con criterios de su Dirección de Seguridad y reorganizó el operativo para poder entregar los votos en todas las mesas el mismo día. Un dispositivo especial permitió volver a votar a 122 de los 124 afectados; los otros dos estaban fuera de España.
Las unidades deben cotejar los votos recibidos y levantar acta si falta alguno. Ese seguimiento individual, sin embargo, no sustituye la información agregada que reclama el PP, que quiere el balance territorial completo para todas las candidaturas y no un simple localizador de sobres.
Al debate se suma la disputa por la identificación digital: las instrucciones de Correos prohíben usar las aplicaciones MiDNI y MiDGT para acreditar la identidad en el voto postal, conforme a el acuerdo de la JEC del 26 de marzo. En paralelo, la llamada ley de nietos ha abierto un flanco sobre el censo exterior en el que también está en juego la trazabilidad del sufragio por correo.
El Eje del Poder Popular
El PP ha construido esta batalla con paciencia de ingeniero. Primero llegó la solicitud de junio de 2025; después, la reiteración tras el robo extremeño; el 7 de octubre, Feijóo volvió a la carga ante la JEC con un paquete detallado de demandas. Cada documento de Correos ha ido incorporando, por goteo, apartados que los populares ya habían puesto por escrito meses antes. La lectura interna en Génova es clara: la presión sostenida funciona, y en ese terreno el partido se mueve cómodo, porque le permite hablar de igualdad de los españoles ante las urnas y no de siglas.
El aterrizaje territorial es evidente. Extremadura, gobernada por el PP, sufrió en sus propias elecciones autonómicas el episodio de Fuente de Cantos, y las federaciones de Madrid, Andalucía y Castilla y León han convertido la trazabilidad del voto postal en asunto de sus juntas provinciales. La consigna que se repite en los gabinetes autonómicos populares es la misma: once comunidades autónomas exigen un estándar de seguridad homologable en todas las provincias, sin diferencias entre territorios gobernados por unos y por otros.
El riesgo inmediato no está en el fondo, sino en el calendario. La cita del 29-N deja poco margen para que la JEC imponga nuevas exigencias y el PP se juega que su reclamación no se interprete como un cuestionamiento del voto por correo —herramienta decisiva para miles de españoles en el exterior y en el medio rural— sino como una exigencia de rigor. Ahí el partido juega con una ventaja acreditada: la propia JEC ya ha corregido al Ejecutivo este año, al cerrar la puerta a la identificación con el DNI móvil en el voto postal. Génova tiene además un precedente histórico en el Senado, donde su mayoría ha bloqueado leyes del Gobierno cuando el texto llegaba con garantías discutidas.
Queda por ver si el Ministerio del Interior acepta compartir con todas las candidaturas el parte diario de incidencias. Ese es, en realidad, el nudo de la próxima semana.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Frente a un Gobierno que no es imparcial, el PP exige igualdad de garantías para todos los votos y para todas las candidaturas.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular), con el respaldo de los gabinetes autonómicos populares.
- Próximo hito: Respuesta del Ministerio del Interior sobre el parte diario de incidencias y jornada electoral del 29 de noviembre.
