El caso Leire ha dejado de ser una máquina de desgaste contra el PSOE y amenaza con volverse contra Génova. La ofensiva del PP sobre las supuestas cloacas socialistas llega a la precampaña del 29-N con el foco puesto en quién pagó, cuánto y para qué.
Sobre el papel, el sumario prometía aflorar las cloacas del PSOE: maniobras para ‘desestabilizar de forma sistemática y continuada’ cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera afectar al partido o al Ejecutivo. La munición perfecta para la oposición.
Este jueves el relato ha cambiado de dirección. Desde la cárcel, Koldo García —el otrora todopoderoso asesor de José Luis Ábalos— ha situado al PP detrás de la operación: unos audios remitidos a la Cadena Ser en los que describe un pacto con el abogado de los populares para comprar sus declaraciones contra el Gobierno.
Las dos facturas que reventaron el calendario
El hilo arranca en la declaración como investigada de Leticia de la Hoz, la letrada que representó a García en el juicio del caso mascarillas ante el Tribunal Supremo. La fiscal Anticorrupción le preguntó sin rodeos quién pagaba sus servicios. Lo negó todo, ‘ni directa ni indirectamente, ni por persona interpuesta’, y dejó una frase que el instructor no tardó en perseguir: ‘Se llevaría una sorpresa muy grande’.
Santiago Pedraz, magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, reclamó nota de encargo, factura y justificante de pago. La respuesta es el eje de la tormenta: 242.000 euros —IVA incluido— abonados por Dos Mil Palabras SL, la editora de OkDiario, a IDBO Consultants, firma para la que trabaja la abogada, en concepto de asesoramiento jurídico del propio García.
Lo que incomoda es la cronología. El primer abono, de 181.500 euros, se formalizó el 27 de noviembre de 2025: el mismo día en que el digital empezó a publicar una extensa entrevista con el exasesor. El segundo, de 60.500 euros, llegó el 23 de enero de 2026, cuando García ya estaba en prisión preventiva. El problema no es solo el importe. Es el calendario.
La coincidencia entre la primera factura y la primera entrevista no prueba un delito, pero explica por qué el caso ha cambiado de bando.
El millón, el libro y el ‘remate final’
La versión que García ha hecho llegar desde prisión es minuciosa. Asegura que pactó con el abogado del PP ‘una rebaja de pena que supondría no entrar en la cárcel’, sacar a su familia del proceso, el pago de su defensa y un millón de euros a cambio de ‘declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno’. ‘Aún mintiendo’, apostilla. El reparto, siempre según su relato: 300.000 euros por una entrevista que luego se aportaría a los tribunales como denuncia y 700.000 justificados con los derechos de un libro.
El nombre que señala es el de Eduardo Inda, director de OkDiario, al que describe como ‘el pagador del PP’. El circuito se cerraría con la publicidad institucional de administraciones populares: en 2025, solo el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid abonó 435.547 euros por ese concepto, y en lo que va de 2026 la editora suma contratos conservadores por más de 150.000 euros, según la Plataforma de Contratación del Estado.
Tanto el PP como su abogado, Alberto Durán —apartado en septiembre de las causas más mediáticas— responden que todo es ‘absolutamente falso’. García dice tener pruebas: una grabación demostraría que Génova puso el dinero sobre la mesa. De ese audio se habla mucho. Nadie lo ha escuchado.
El marco tampoco es neutro. El artículo 213 del Código Penal castiga las calumnias o injurias cometidas ‘mediante precio, recompensa o promesa’. Aun así, la Audiencia Nacional rechaza por ahora tirar de ese hilo: fuentes judiciales consideran la relación comercial entre García, su letrada y el digital ajena a la causa que instruye el caso Leire.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz no hay celebración. La pauta, según fuentes de la dirección federal, es la de siempre: no comentar actuaciones judiciales y dejar que los documentos hablen. Es una disciplina que el PSOE ha interiorizado a golpe de sumario y que hoy le sirve mejor que cualquier réplica. En el Grupo Parlamentario Socialista tampoco hay intención de convertir el asunto en una ofensiva de la Cámara.
El aterrizaje territorial es otro. La precampaña del 29-N se juega en clave de gestión —sanidad, vivienda, dependencia, financiación autonómica— y los presidentes socialistas llegan a esa cita con el argumento del Estado del bienestar. Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra o Cataluña no necesitan una campaña centrada en un exasesor condenado. Génova, en cambio, había construido buena parte de su relato de oposición sobre la corrupción del adversario. Y ese relato pierde voltaje cuando el rastro del dinero apunta al lado que denunciaba.
Hay precedente. La operación Kitchen, el espionaje del PP al extesorero Luis Bárcenas, dejó una lección que la política española repite cada década: las guerras sucias rara vez terminan donde se ordenan. El desgaste no es simétrico. Un caso que no acaba de cerrarse desgasta más a quien lo invoca como bandera que a quien lo resiste.
Queda el riesgo real, que existe. Nada de esto convierte a García en un testigo fiable: arrastra una condena de más de 19 años por organización criminal, cohecho, malversación, y tráfico de influencias. Su palabra vale lo que valga una grabación que aún no ha visto la luz, y el PP tiene derecho a defenderse en los tribunales. Pero en el debate público la carga de la prueba ha cambiado de lado. Y en precampaña, eso pesa más que un mitin.
La próxima estación es el 29-N. Antes, Pedraz tiene sobre la mesa dos facturas, un ofrecimiento de levantar el secreto profesional y una promesa de ‘remate final’ que nadie ha podido escuchar todavía. Si el audio aparece, el caso Leire dejará de ser un problema para el PSOE. Si no aparece, la campaña seguirá hablando de él. No en el sentido que Génova quería.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Frente al ruido, documentos: las cloacas atribuidas al PSOE no se acreditan y el relato del PP se agota en sí mismo.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), que mantiene la pauta de no comentar actuaciones judiciales y deja que el caso se dirima en los tribunales.
- Próximo hito: La cita electoral del 29-N y la eventual aportación del audio prometido por Koldo García ante la Audiencia Nacional.
