El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reclama a la Junta competencias para limitar los apartamentos turísticos en la ciudad: «No cabe ni uno más».
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de Sevilla trasladará a la Junta de Andalucía una propuesta para poder limitar los apartamentos turísticos, una figura que la ley autonómica deja fuera del control municipal.
- ¿Dónde y quién? La petición la formula el gobierno municipal de José Luis Sanz y tiene como destinataria la Consejería de Turismo, competente en la ordenación de estos establecimientos.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? El consistorio calcula que la regulación vigente ha frenado 1.200 pisos turísticos nuevos en zonas saturadas y negocia con Vox bajar del 10% al 5% el límite por barrio.
La ley autonómica que ata las manos al Ayuntamiento de Sevilla
Sevilla fue, en octubre de 2024, la primera capital andaluza que cerró la concesión de nuevas licencias de viviendas de uso turístico en las zonas saturadas. Lo hizo aplicando el decreto autonómico disponible en la sede oficial de la Junta de Andalucía, que fijó en el 10% el porcentaje máximo de estos alojamientos en cada barrio frente a los de tipología residencial. La regulación salió adelante con el voto favorable de Vox y con un objetivo confeso: frenar la pérdida de vecinos que castigaba al Centro y al casco histórico de Triana.
Dos años después, el balance que exhibe el gobierno municipal mezcla satisfacción y aviso. La norma ha permitido decir no a 1.200 pisos turísticos nuevos, pero también ha generado un efecto llamada hacia otra fórmula de alojamiento: los apartamentos turísticos, edificios que se destinan íntegramente a acoger visitantes. Y ahí, el Ayuntamiento no manda.
La diferencia es competencial. Los consistorios pueden denegar licencias de viviendas de uso turístico, es decir, de pisos de particulares que cambian su régimen para alojar visitantes. No ocurre lo mismo con los apartamentos turísticos, que dependen de una legislación superior, en este caso autonómica, y por tanto de la Consejería de Turismo. El regidor lo resumió sin rodeos: «Yo sigo pensando que en esta ciudad no cabe ni un apartamento turístico más, pero el problema es que hay una ley autonómica que cumplir, que nos deja regular las viviendas de uso turístico y que no nos deja hacer nada con los apartamentos turísticos».
Por eso, el anuncio central de la semana fue una petición formal. «Les adelanto que haremos una propuesta referente a los apartamentos turísticos a la Junta de Andalucía», dijo Sanz, de modo que «sigamos trabajando en limitarlos hasta donde nos permita la ley». El alcalde quiso además reivindicar el papel pionero de la ciudad: «Fuimos la única ciudad que puso en marcha una regulación de las viviendas de uso turístico» y, sin aquella norma, «hoy tendríamos 1.200 más» en las zonas saturadas.
Sevilla ha dicho no a 1.200 pisos turísticos en dos años, pero cada licencia cerrada ha abierto la puerta a un edificio entero dedicado a visitantes.
Del 10% al 5%: el siguiente paso que se negocia con Vox
En paralelo, el gobierno municipal ultima un nuevo acuerdo con el grupo municipal de Vox para restringir todavía más el porcentaje de viviendas de uso turístico. La propuesta, adelantada el pasado mes de julio, persigue rebajar el techo del 10% al 5 % de estos pisos frente a los de carácter residencial, aunque con algunas excepciones. De salir adelante, la ciudad contaría con una norma más dura que la actual.
Los números de la regulación vigente ayudan a medir el fenómeno. De las 791 solicitudes presentadas, el Ayuntamiento ha denegado 353, casi el 50% de las peticiones. La presión se ha extendido a distritos como Macarena y Nervión, que no figuraban en el mapa inicial de la saturación.
También a San Pablo-Santa Justa, donde conviven bloques residenciales y alojamientos con registro turístico. Para el vecino de a pie, el debate se traduce en tres cuestiones concretas: quién puede vivir en su bloque, cuánto cuesta el alquiler en su barrio y cuántas comunidades de propietarios conviven con un recibidor lleno de maletas. La propuesta municipal deberá ser ahora analizada por la Consejería de Turismo y encajada después en el marco normativo andaluz, algo que no ocurrirá de un día para otro.
La Lectura Andaluza
Lo que está en juego es un reparto de competencias que afecta a toda Andalucía. Sevilla se convirtió en octubre de 2024 en la primera capital de la comunidad que aplicó el decreto autonómico, y su experiencia sirve de referencia para ciudades con una presión turística igual o mayor. El debate ya se reconoce en cascos históricos como los de Málaga, Cádiz o Granada, donde el precio de la vivienda y la convivencia vecinal comparten diagnóstico. La diferencia es que, hasta ahora, ningún ayuntamiento había pedido por escrito que se le transfieran atribuciones sobre los apartamentos turísticos, la figura que más crece y la que ninguna ordenanza municipal alcanza.
La proximidad importa aquí más que en ningún otro asunto. Andalucía es una potencia turística y el sector sostiene miles de empleos en Sevilla, pero el equilibrio entre actividad económica y derecho a vivir en el barrio se ha roto en varias zonas. El 10% fijado por barrio fue un primer dique; el 5% que se negocia con Vox sería el segundo. Ninguna de las dos cifras resuelve, por sí sola, el problema de los edificios completos que se dedican a visitantes y que escapan al control del consistorio.
El paso decisivo está ahora en el tejado autonómico. Cualquier cambio en la regulación de los apartamentos turísticos exige una modificación normativa que debe publicarse en el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y que afectaría por igual a todas las ciudades de la región. El calendario pasa por la negociación con Vox en el Ayuntamiento, la tramitación de la nueva ordenanza en el pleno y el estudio posterior de la propuesta en la Consejería de Turismo. Ningún vecino de Sevilla verá cambios en su rellano antes de que esas tres piezas encajen.
Andalucía vive del turismo y lo sabe. La pregunta que Sevilla ha puesto encima de la mesa es si puede seguir viviendo de él sin quedarse, barrio a barrio, sin vecinos.
