Teresa Ribera hace el trabajo sucio en el Gobierno de Pedro Sánchez, que pone el objetivo en el juez Manuel García-Castellón al seguir al pie de la letra el manual independentista para señalar y perseguir a los juzgadores. Los independentistas de ERC y Junts han hecho suyas estas prácticas escandalosas a jueces, mientras los más extremistas han atacado directamente las viviendas, como le ha ocurrido al juez Pablo Llarena durante el ‘procés’.
Tras los ataques e intentos de recusación contra Llarena por parte de los irredentos separatistas, el Gobierno se pone del lado de Junts, Sumar y ERC apuntando directamente al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien instruye la causa por terrorismo, usurpación de funciones y malversación contra los prófugos Carles Puigdemont y Marta Rovira, dirigentes de Junts y ERC, respectivamente.
García-Castellón se ha convertido en una auténtica pesadilla contra la ley de amnistía. Y es que, sus autos para citar como investigados a Puigdemont y Rovira se basan en supuestos delitos de terrorismo, pero siguiendo el derecho comunitario. Esta fórmula impide cambios de leyes, como ha ocurrido con la sedición y la malversación, para tratar de rebajar las condenas de los independentistas procesados.
Así, el juez considera que en los altercados, alentados desde Tsunami Democràtic, se pusieron vidas humanas en riesgo ante la imposibilidad de realizar los cambios de turno en la torre de control de Enaire en el aeropuerto de El Prat el 19 octubre de 2019. Además, ha pedido informes para conocer si la muerte de un ciudadano francés está vinculada con el bloqueo de la carretera a la infraestructura crítica al impedir la entrada de la ambulancia.
EL JUEGO AL LÍMITE DEL PSOE DE PEDRO SÁNCHEZ
El auto de García-Castellón pone de manifiesto, además, el nerviosismo de Puigdemont y del propio Gobierno, que deberá aprobar la amnistía antes de los Presupuestos y permitir así que el líder de Junts pueda presentarse con todas las garantías y exonerado de toda culpa a las próximas elecciones europeas, como espera también Oriol Junqueras, líder de ERC, condenado a nueve años de inhabilitación.
Por su parte, el Ejecutivo se juega mantenerse en La Moncloa toda la legislatura. Sin el apoyo de Junts, el PSOE tendría prácticamente imposible mantener la negociación de cada decreto y ley hasta el último minuto, como está haciendo Puigdemont. Y es que, cada vez se sube el precio de cada apuesta y el referéndum es una petición a la que no están dispuestos a renunciar desde el bloque separatista.
Hasta ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado entrar en este terreno, hasta el punto de tildar hace solo un mes de «intolerable» cualquier ataque a los jueces, como aseguró el ministro de Justicia, Félix Bolaños. No obstante, los cambios de opinión en el PSOE son una constante, como ha pasado con la amnistía -de ser inconstitucional antes del 23-J a entrar dentro de los márgenes de la Carta Magna tres días después-. Como no podía ser de otra forma, lo que antes no se toleró ahora se practica.
La primera minitra en señalar directamente a un juez no ha venido ni de Sumar ni de Podemos, sino en el bloque del PSOE. Teresa Ribera, ministra de la Transición Ecológica, se ha hecho con este triste galardón y sobre un asunto que no es de su competencia.
Hay algunas personas… que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno
La vicepresidenta tercera del Gobierno ha señalado en horario de máxima audiencia y desde los micrófonos de la televisión pública estatal a García-Castellón, a quien acusa de «inclinar» sus fallos «siempre en la misma dirección». Asimismo, ha acusado veladamente al magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional de dar a conocer sus autos en «momentos oportunos, con implicación política importante».
TERESA RIBERA CALCA A PUIGDEMONT
«Tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles… Hay algunas personas… que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial». Estas son las palabras exactas de la ministra de Transición Ecológica.
«La hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de estas fechas», ha afirmado. Así considera que la decisión del juez se da a conocer en plena negociación del PSOE con Junts. Quizá García-Castellón debiera paralizar su instrucción de terrorismo contra Puigdemont cuando le venga bien al PSOE, con la amnistía ya pactada y aprobada.
Esta nueva intromisión del Gobierno en el Poder Judicial muestra, además, las prisas que tiene el PSOE para cerrar el capítulo de la amnistía, más cuando las bases socialistas, las mismas que ensalzaron a Pedro Sánchez, muestran un rotundo rechazo y las críticas comienzan a llegar a las cúpulas. Y es que, el ruido generado es ensordecedor a pesar de las cortinas de humo lanzadas por el propio bloque separatista para poner el foco en el PP y la operación Cataluña.
GARCÍA-CASTELLÓN FRENA A LA FISCALÍA
En su último auto, García-Castellón apuntala los indicios de terrorismo contra Puigdemont y los líderes de Tsunami Democràtic. El revés para el PSOE y Junts también lo recibió la Fiscalía, cuyo recurso de oposición a enviar las diligencias al Tribunal Supremo fue rechazado. La Fiscalía considera ahora que la cuestión responde a un supuesto delito de desórdenes públicos.
El Ministerio Público, siguiendo la lección del PSOE, también se ha apuntado a la estrategia de los cambios de opinión al ver serios indicios de terrorismo en el caso tres días antes de las elecciones generales y cambiar el criterio a desórdenes públicos tres días después de los comicios, cuando se conoció la necesidad de tener a Junts para formar Gobierno. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.
En vez de ponerse del lado de la Justicia, el Gobierno ha preferido pactar con un prófugo, al que se le negó la palabra en el Congreso durante la pasada legislatura por su xenofobia y su participación en el ‘procés’. Un cordón sanitario levantado después por la necesidad y la aritmética parlamentaria.
TERESA RIBERA SIEMBRA LA DESCONFIANZA EN LA JUSTICIA
El ataque de Ribera ha tenido una contundente respuesta desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los dieciséis miembros han puesto de manifiesto su respeto a la libertad de expresión de la también vicepresidenta tercera del Gobierno, pero se han reafirmado en su defensa de una «institución esencial en toda sociedad democrática», cuya competencia es el cumplimiento de la ley en todo momento y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
Así, ha considerado que Ribera ha roto el principio de lealtad institucional, al deber «general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea», uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, «porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho».
Así, han destacado que las declaraciones de Ribera «merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional». De esta forma, muestra su más rotundo rechazo a las palabras de la ministra, «máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos».
EL CGPJ DESLIZA EL SECTARISMO DE TERESA RIBERA
Tras el enfrentamiento del Gobierno en esta legislatura contra el CGPJ, la comisión permanente del órgano de los jueces exige «moderación, mesura y prudencia» a los miembros del Ejecutivo, al tiempo que apelan a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial.
Las asociaciones de jueces, además, muestran unanimidad a la hora de censurar las palabras de la ministra de la Transición Ecológica, un duro varapalo más propio a formaciones separatistas y comunistas, como Podemos y Sumar, que al PSOE.
De hecho, el PSOE pierde en todos los relatos a la hora de hablar de la amnistía. Es una medida injustificable, más cuando los letrados del Congreso han dado a conocer esta misma semana un demoledor informe contra esta medida de gracia. Y es que, el Gobierno no tiene un informe jurídico válido para dar luz verde a esta medida. Más allá de la constitucionalidad o no de la medida para borrar el ‘procés’ y exonerar a los líderes separatistas, los socialistas aún no han explicado el para qué y por qué se aprueba la medida. La única respuesta es hacer de la necesidad virtud, es decir, como pago de los siete apoyos de Junts.
TERESA RIBERA ENTREGA MUNICIÓN AL PP DE FEIJÓO
Las declaraciones de Ribera, además, han tenido un ‘efecto boomerang‘. La oposición liderada por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha salido con todo en este asunto al tildar, como ha hecho más tarde el CGPJ, las palabras de la ministra del PSOE de «extrema gravedad».
La acusación de Ribera a García-Castellón implicaría un delito de prevaricación y la existencia del lawfare, la acusación más grave que se puede arrojar sobre la Justicia en una democracia. Este peligroso mensaje de Ribera había salido hasta ahora únicamente de Junts y ERC y podría formar parte de la estrategia del PSC para arrancar votos al independentismo para tratar de alcanzar la mayoría absoluta en Cataluña.
El PP, además, pedirá la comparecencia de la vicepresidenta tercera en el Senado, donde los ‘populares’ gozan de mayoría absoluta. «Una vicepresidenta acusando a un magistrado de prevaricación. El ataque del Gobierno a la división de poderes y a la defensa de los políticos indepes a costa de nuestro Estado de derecho sigue su escalada», ha afirmado Borja Sémper. De hecho, el propio juez García-Castellón ha investigado casos también contra el PP, como Púnica, Lezo o Kitchen, pero el PSOE nunca puso pegas contra él. De hecho, este mismo viernes ha imputado a dos personas más en el caso Bárcenas.
