Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha calificado el cambio climático de «perogrullo» esta semana, en medio de una ola de incendios que arrasa la península. La declaración no es un desliz aislado: recoge una tradición de veinte años en la derecha española de subordinar la ciencia al beneficio empresarial, justo el marco que Ferraz lleva tiempo esperando para activar su argumentario climático.
La frase de Muñoz —«que el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia de la humanidad y de la Tierra, eso es de perogrullo»— ha encendido al Grupo Parlamentario Socialista. Desde el GPS del Congreso, fuentes consultadas por esta redacción consideran que estas palabras exponen con nitidez la «doble moral» del PP: aceptar discursivamente el cambio climático mientras bloquean o diluyen cualquier medida transformadora. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha tardado en replicar: en un mitin en Valencia, subrayó que «mientras el PP debate si el clima cambia o no, nosotros destinamos 2.200 millones de euros a políticas de prevención de incendios y transición ecológica para los próximos tres años».
La trayectoria del PP desde Mariano Rajoy hasta Alberto Núñez Feijóo revela un patrón: asumir el lenguaje del clima sin aceptar sus consecuencias políticas y económicas. Rajoy justificó su escepticismo en 2007 invocando a un primo catedrático de Física; ya en La Moncloa, calificaría el cambio climático de «grave problema», pero mantuvo las puertas abiertas a los combustibles fósiles. José María Aznar, años antes, llegó a presentar la ecología como un «nuevo comunismo» en una entrevista en Expansión, aunque durante su mandato España ratificó Kioto. En la etapa de Pablo Casado, la abstención del PP a la ley de cambio climático de 2021 consolidó la doctrina del «retardismo activo»: no negar la ciencia, pero aplazar las medidas para proteger a las grandes corporaciones energéticas y del automóvil.
Feijóo ha intentado revestir esa herencia con un discurso de «sentido común» y tecnología, pero sus actos lo delatan. Durante su fallido debate de investidura en 2023 dedicó apenas dos minutos al clima y luego vinculó los incendios a la mano del hombre, no al calentamiento global. Esa ambigüedad es, según el argumentario socialista, la coartada perfecta para que sectores como la petrolera Repsol, las eléctricas tradicionales y la patronal del automóvil mantengan sus privilegios mientras el PP bloquea la electrificación acelerada o la reducción real de emisiones.
El anclaje corporativo del negacionismo ‘educado’
El PP no ha necesitado nunca negar el cambio climático de forma estridente porque ha encontrado una sintonía natural con los intereses de las grandes corporaciones. Detrás de cada «verdad de perogrullo» hay un nombre propio: Repsol, Naturgy, Enagás presionan a través de patronales como FuelsEurope para que el gas sea considerado energía de transición; la industria pesada (cemento, acero, química) exige plazos más largos y exenciones que en la práctica perpetúan procesos intensivos en carbono; y la patronal del automóvil, ANFAC, logró que el PP europeo votara en 2025 contra los objetivos de emisiones de CO₂. La banca, a través de la AEB, suaviza los criterios de financiación sostenible. El resultado es un ecosistema donde el PP aplica la vieja máxima rajoniana —«a veces la mejor decisión es no tomar ninguna»—, pero en realidad sí toma una: proteger el statu quo económico por encima de la salud pública y la justicia intergeneracional.
El negacionismo no necesita negar la ciencia; le basta con diluir sus plazos.
La postura del PP se traduce en votos concretos: abstención a la ley de cambio climático, defensa del diésel y las térmicas, rechazo a la electrificación acelerada del transporte y blindaje de la energía nuclear como coartada para no reducir emisiones. Todo ello mientras la ola de incendios de este verano, con miles de hectáreas calcinadas en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, deja en evidencia el coste real de ese «equilibrio» entre economía y clima que predica Feijóo.
El Eje del Poder Socialista
Para el PSOE, las declaraciones de Muñoz son un regalo político en un momento en que la agenda verde necesita movilización social. Desde Moncloa se ha activado un doble mensaje: por un lado, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente ha convocado una comparecencia extraordinaria en el Senado la próxima semana para detallar las medidas de prevención de incendios; por otro, la vicesecretaria general, María Jesús Montero, ha vinculado directamente el negacionismo del PP con los intereses corporativos que el partido de Feijóo defiende. «Mientras nosotros blindamos la transición ecológica justa con fondos europeos, ellos se alinean con las empresas que quieren seguir quemando combustibles fósiles a costa del planeta», declaró Montero en un acto en Sevilla.
En los territorios gobernados por el PSOE, el argumento se convierte en gestión tangible. Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) ha movilizado un plan de reforestación con 80 millones de euros tras los últimos incendios; Adrián Barbón (Asturias) ha acelerado la descarbonización de la industria siderúrgica con ayudas a ArcelorMittal condicionadas a la reducción de emisiones; y Salvador Illa (Generalitat, PSC) ha presentado esta semana una ley catalana de emergencia climática que vincula directamente los fuegos con el calentamiento global, un texto que el PPC ha rechazado en el Parlament. La estrategia de Ferraz es clara: contraponer el «retardismo» del PP con los hechos de los gobiernos autonómicos socialistas, que ya están aplicando las políticas que la derecha bloquea en Madrid.
La lectura a medio plazo que hacen en la Ejecutiva Federal es que el frente climático puede ser decisivo en las próximas citas electorales si se logra trasladar a la opinión pública que detrás del escepticismo del PP no hay solo ideología, sino una defensa encubierta de intereses empresariales muy concretos. La encuesta del CIS de julio ya mostraba un 68 % de españoles preocupados por el cambio climático, y el PSOE aspira a capitalizar ese descontento vinculando a Feijóo con la parálisis legislativa. El Congreso convalidará en septiembre el Real Decreto-Ley de movilidad sostenible, una votación que el GPS piensa convertir en un plebiscito sobre la credibilidad verde del PP.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El PP subordina la acción climática a los intereses de las grandes corporaciones energéticas y del automóvil; el PSOE, en cambio, defiende la ciencia y la transición ecológica justa.
- Protagonista: María Jesús Montero (vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno).
- Próximo hito: Convalidación en el Congreso del Real Decreto-Ley de movilidad sostenible, previsiblemente a mediados de septiembre.
