La industria catalana necesita 9.500 millones de euros adicionales para completar su descarbonización, según el estudio del Institut Català d’Energia (Icaen) que el Govern tiene ya sobre la mesa. La cifra no es un titular de urgencia, sino una hoja de ruta a 25 años vista.
El documento, presentado por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, acota el sobrecoste asociado a la adopción de tecnologías y procesos de bajas emisiones: entre 350 y 450 millones anuales, el equivalente a un 1% del valor añadido bruto del sector. La horquilla se queda, eso sí, en la parte estrictamente industrial. No incluye el refuerzo de la red eléctrica ni el resto de inversiones que exige la neutralidad climática.
De dónde salen los 9.500 millones y quién los pone
Del total, cerca de 4.900 millones tendrían que proceder de financiación pública a lo largo de los próximos 25 años. Traducido a ejercicio presupuestario: algo menos de 200 millones al año, una cantidad que ninguna conselleria tiene hoy consignada.
La letra pequeña incomoda. El propio estudio admite que no todas las inversiones salen a cuenta: unas generan ahorros a corto y medio plazo, otras seguirán siendo más caras que las tecnologías convencionales. El retorno llega tarde, muy tarde, con 1.200 millones anuales de ahorro en 2050 gracias a la alta penetración de las renovables y al encarecimiento progresivo de los combustibles fósiles.
Conviene recordar el punto de partida. La industria es el segundo sector más intensivo en energía de Catalunya, solo por detrás del transporte, y concentra el 30,6% del total de emisiones: 9,6 millones de toneladas de CO2 de combustión y 3,8 millones de toneladas de CO2 equivalente de proceso, con datos de 2023. En medio del diagnóstico aparece una buena noticia: las emisiones han caído por primera vez por debajo de los niveles de 1990.
Ninguna industria se descarboniza por decreto: lo hace cuando la factura eléctrica y la de los combustibles fósiles le dejan un margen que hoy no tiene.
El plan de medidas se concentra en autoconsumo solar fotovoltaico, eficiencia energética, y optimización de procesos, electrificación de procesos térmicos de baja, media y alta temperatura, diversificación energética, cambios en procesos y materiales y captura y almacenamiento de CO2.
Ninguna de esas palancas es barata por separado, y el estudio lo reconoce sin adornos: habrá proyectos que no cierren sus números hasta después de 2035. A eso se suma un detalle que suele quedarse fuera de las notas de prensa. El sobrecoste calculado no incluye el refuerzo de la red eléctrica. Si esa partida entra en la ecuación, la factura final superará los 9.500 millones.
Tarragona concentra el 37,5% del problema
El complejo químico de Tarragona es el sector más contaminante de Catalunya, con 6 millones de toneladas de CO2 equivalente, el 37,5% del total. Le siguen las industrias diversas y el cemento, con 2,8 y 2,6 millones de toneladas respectivamente. La inversión extranjera en el químico catalán suma 955 millones desde 2021, señal de que el tejido sigue atrayendo capital incluso en plena transición.
Con ese mapa delante, el Govern prevé abrir un proceso de diálogo con los agentes de los 20 principales subsectores industriales para pactar la transformación de sus procesos productivos. El calendario de ese diálogo, a fecha de hoy, no está cerrado.
Los 4.900 millones públicos y el precedente que pesa
La ley europea del clima obliga a reducir las emisiones netas al menos un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Ese es el suelo legal y no admite interpretaciones. El estudio, consultable a través de la web oficial del Icaen, describe un sobrecoste industrial, pero la palanca que lo mueve es pública.
El precedente inmediato son los PERTE de descarbonización industrial del Gobierno central, diseñados para repartir fondos entre proyectos que hoy no son rentables por sí solos. Catalunya tiene la mayor concentración industrial del país y, por tanto, la mayor factura: esos 4.900 millones competirán con los de otras comunidades en las mismas convocatorias.
La partida no está garantizada.
Lo que observamos es un problema de calendario más que de caja. Una planta química que decide hoy entre electrificar sus procesos térmicos o aguantar tres años más quemando gas no espera a que se cierre un trámite administrativo. Y el margen de 2030 no es retórico: es el que fija la ley europea. El concepto, para quien necesite el marco, está bien acotado en la entrada de Wikipedia sobre la descarbonización.
Tampoco ayuda el silencio sobre el coste energético. La industria catalana compite en un mercado eléctrico que no controla y con unos precios del gas que, en el peor escenario, seguirán subiendo. Cuanto más tarde la electrificación, más caro sale cada año de espera. El calendario no perdona.
El cierre del expediente no depende del Govern en solitario: depende de la Comisión Europea, de los fondos que reparta el Estado y de que la industria acepte un retorno a 25 años. El próximo hito es el arranque del diálogo con los 20 subsectores, previsto para las próximas semanas. Ahí se sabrá si los 9.500 millones son un plan o un titular.
