La UCO de la Guardia Civil ha descartado el ‘clientelismo político’ en la macrocausa de los cursos de formación andaluces.
La UCO (Unidad Central Operativa, la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en crimen organizado e investigación compleja) ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un atestado que desmonta una de las tesis centrales del procedimiento. El documento concluye que no existió una red clientelar orientada a favorecer fines políticos.
Lo que dice el atestado de la UCO
La causa, impulsada en 2014 por la entonces magistrada Mercedes Alaya, sitúa a 24 exaltos cargos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la condición de investigados, tanto de los servicios centrales como de las delegaciones provinciales. La hipótesis inicial apuntaba a un reparto arbitrario de subvenciones públicas para la formación y el empleo.
Los investigadores son tajantes en su informe más reciente: la tesis de una trama orientada a favorecer intereses políticos ‘jamás’ formó parte de sus atestados, ni siquiera como conjetura de trabajo. El término ‘red clientelar’ corresponde al ámbito judicial, no al policial, según el documento remitido al juzgado sevillano.
El trabajo de los agentes se centró en esclarecer las anomalías cometidas durante las fases de concesión, fiscalización y justificación de las partidas, para determinar si existían responsabilidades penales. La Policía Judicial nunca dirigió sus diligencias a identificar un grupo predeterminado de beneficiarios vinculado al partido que gobernaba la Junta.
La UCO acredita que su labor nunca persiguió una trama política, sino depurar responsabilidades penales con criterios exclusivamente técnicos y documentales.
La conclusión coincide con el criterio que la Fiscalía Anticorrupción sostiene desde hace casi una década. Ya en 2016, el fiscal delegado del caso, Fernando Soto, interesó el archivo de la causa al considerar que la instrucción no había aportado indicios de un grupo predeterminado de beneficiarios vinculado al partido del Gobierno.
El Ministerio Público sí reconoció, no obstante, que determinados empresarios y entidades próximas a la administración autonómica se beneficiaron de forma recurrente de dinero público. Entre los expedientes citados figuraron las ayudas vinculadas al exconsejero Ángel Ojeda y al exvicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco, si bien la Fiscalía precisó que esas actuaciones dieron lugar a investigaciones judiciales independientes y no a la causa general que afecta a la cúpula del SAE.
El mandato de la Audiencia y el futuro de la causa
El atestado responde al mandato dictado por la Audiencia de Sevilla en julio de 2019. El tribunal ordenó reabrir la investigación previamente archivada a petición de la Fiscalía y comisionó a la Guardia Civil para cotejar los expedientes físicos precintados en la sede del SAE con la información registrada en las aplicaciones informáticas.
A pesar de descartar el móvil político, el informe vuelve a poner de manifiesto serias deficiencias operativas en la Administración andaluza. Los investigadores señalan que la falta de un control riguroso facilitó la distribución continuada de dinero público a entidades y empresas que no habían justificado adecuadamente las partidas asignadas con anterioridad.
Según la UCO, ese fenómeno no obedeció a un plan coordinado para el desvío de fondos, sino a la incapacidad de la propia infraestructura administrativa para procesar el elevado volumen de expedientes. El examen detallado revela un patrón de actuación uniforme y numerosas irregularidades repetidas en todas las delegaciones provinciales.
Con el atestado ya en su poder, la decisión sobre el futuro de la macrocausa queda en manos del juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, quien deberá resolver si decreta el sobreseimiento definitivo que Anticorrupción plantea desde hace años o si mantiene las actuaciones contra los 24 investigados.
El contexto institucional
La instrucción de los cursos de formación se enmarca en el tipo de delito que más complejidad técnica exige a las unidades de Policía Judicial: el desvío de fondos públicos a través de estructuras administrativas. La UCO es la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en criminalidad organizada e investigación compleja, y su intervención en causas económicas se ha intensificado de forma sostenida en la última década.
Las operaciones contra la corrupción y el fraude a la Administración se han consolidado como una prioridad operativa para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La UCO y la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) son los dos referentes nacionales en la investigación de tramas de malversación y blanqueo de capitales.
La resolución del juez Vilaplana marcará el rumbo de un procedimiento que acumula más de una década de instrucción y 24 investigados. Si se confirma el sobreseimiento, se cerrará la vía abierta en 2014; si se mantiene, el caso seguirá su curso con las mismas personas afectadas por las diligencias.
El atestado deja una conclusión operativa clara: la investigación policial se sostuvo sobre el análisis documental y la verificación de expedientes, sin una hipótesis política de fondo.
