El MITECO ha elevado a la Audiencia Nacional un informe que detecta filtraciones y fallos en las obras de Fertiberia para tapar los fosfoyesos de Huelva: 120 millones de toneladas de residuo tóxico con el sellado en entredicho.
Vamos a los datos. El Sexto Informe de Seguimiento y Control del proyecto de clausura de las balsas de fosfoyesos de Huelva, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, documenta filtraciones en el agua y otras deficiencias en las obras ejecutadas. El documento ya está en manos de la Audiencia Nacional.
El diagnóstico no es menor. El informe señala que las irregularidades detectadas comprometen la estabilidad y durabilidad de la estructura de sellado y añade que no se pueden descartar problemas de disolución a medio o largo plazo en el interior de la balsa. Traducido al terreno: el tapado podría seguir liberando agua tóxica hacia acuíferos, y aguas limpias durante décadas.
El tapado que debía cerrar la balsa y hoy genera dudas
La balsa de fosfoyeso rodea la ciudad de Huelva desde hace varias décadas. Son 120 millones de toneladas de vertido tóxico: el residuo que deja la producción de ácido fosfórico para fertilizantes, acumulado en superficie y a la intemperie. Cualquier fallo en la cubierta no es un problema estético, es una vía directa de contaminación.
En 2023, tras un año de manifestaciones ciudadanas y la repulsa de la comunidad científica reflejada en varios informes, la Junta de Andalucía dio luz verde al proyecto Restore 20/30. Lo promovía Fertiberia, la misma compañía responsable de los vertidos, y las obras arrancaron en junio de 2023. Ecologistas y científicos lo calificaron entonces de parche, no de solución definitiva.
Un sellado que filtra no es un cierre: es una factura que se traslada, sin avisar, a la próxima generación.
Restore 20/30 y la letra pequeña del plan de Fertiberia
Hay que distinguir el compromiso de la acción. El compromiso era enterrar el residuo bajo capas de sellado y devolver el terreno a un estado seguro; la acción ejecutada desde mediados de 2023 arroja filtraciones que el propio ministerio documenta. La distancia entre ambos no es retórica: se mide en volumen de agua contaminada.
El informe remitido ante ante la Audiencia Nacional apunta además a un problema de diseño, no solo de ejecución. Si la estructura no está sellada de forma estanca, cada episodio de lluvia intensa añade presión sobre un sistema que ya pierde. Andalucía es una de las comunidades con mayor estrés hídrico del país, y ese detalle convierte cualquier filtración en un riesgo acumulativo.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Residuo acumulado: 120 millones de toneladas de fosfoyesos junto a la ciudad de Huelva, según el informe del MITECO.
- Estado del sellado: filtraciones en el agua y deficiencias que comprometen la estabilidad de la estructura.
- Exposición humana: un informe de 2022 con una veintena de expertas halló arsénico, zinc y uranio en las uñas de residentes cercanos.
- Inversión y calendario: no detallados en la información oficial remitida a la Audiencia Nacional.
Lo que ya se sabía del riesgo para la población
Ya en 2022, un informe firmado por una veintena de expertas había puesto el foco en la salud. Los habitantes de las zonas próximas a los residuos presentaban arsénico, zinc, y uranio en las uñas, un marcador de exposición constante. La comunidad científica lleva años advirtiendo de que cubrir la balsa no elimina la masa radiactiva: solo la esconde del aire.
A efectos de emisiones y de salud pública, el tapado no es una solución técnica cerrada. Es una medida de contención cuyo resultado depende íntegramente de que el sello aguante. Y según el documento del ministerio, ahora mismo no hay garantías de que aguante.
El caso onubense no es un episodio aislado. España arrastra otros pasivos industriales de gestión compleja, y el patrón se repite: se autoriza una solución de bajo coste, se ejecuta con retraso y la vigilancia acaba en manos de los tribunales. Cada año de retraso encarece la reparación final y reduce el margen de la empresa para afrontarla.
Quien contamina, paga: el marco que Fertiberia aún no ha cerrado
El marco europeo no deja mucho margen interpretativo. El principio de quien contamina paga, recogido en los tratados de la UE y desarrollado en la Directiva de Emisiones Industriales, obliga al operador a financiar la reparación completa del daño. España cuenta además con normativa específica sobre suelos contaminados y con la vigilancia del MITECO y de la Junta de Andalucía.
La letra pequeña, aquí, es la palabra definitiva. Un plan que se presenta como cierre definitivo y que el propio ministerio pone en cuestión no está cerrado: está en obra. Mientras la Audiencia Nacional analiza el documento, el reloj corre en contra de los vecinos, no de la empresa.
Para el inversor y el analista ESG, el caso tiene lectura directa. Un pasivo ambiental sin fecha de cierre, sin presupuesto público asignado y con litigio abierto es riesgo material: en el marco de la CSRD, este tipo de contingencias debe reportarse con cifras, no con declaraciones de intenciones. La sostenibilidad que no se puede medir acaba apareciendo en los tribunales antes que en la memoria anual.
Lo razonable, y lo que reclaman los colectivos onubenses, es un calendario público de reparación con hitos verificables y un organismo independiente que certifique el sellado. Sin eso, el tapado seguirá siendo lo que la ciencia lleva años diciendo: un parche caro sobre 120 millones de toneladas de residuo.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: un sellado verificado reduciría la filtración de aguas tóxicas hacia los acuíferos y eliminaría la exposición de los vecinos a arsénico, zinc y uranio.
- Modelo que cambia: el tapar y olvidar como forma de cerrar un pasivo industrial pierde validez cuando el propio regulador documenta fallos.
- Para las próximas generaciones: un cierre con controles independientes evita heredar 120 millones de toneladas de residuo sin garantías técnicas.
