El traspaso de las prestaciones por desempleo a Euskadi se retrasa hasta julio de 2027, seis meses después de la fecha prevista inicialmente.
Los Gobiernos central y vasco han acordado posponer la asunción de las políticas pasivas de empleo, que debía estar operativa el 1 de enero de 2027. El retraso se ha pactado entre el Ejecutivo autonómico y el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, tras constatar dificultades técnicas para dotar de personal al servicio y para completar la formación de quienes lo asumirán. Mejor retrasarlo y hacerlo bien’, señalan fuentes del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco.
Qué cambia con el traspaso de las prestaciones en Euskadi
Una vez materializada la transferencia, Euskadi será la única comunidad autónoma que gestione la prestación por desempleo. La función que hoy desempeña el SEPE, el antiguo INEM, se integrará en Lanbide, que sumará las prestaciones económicas por desempleo a las políticas activas que ya asume y a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), su principal prestación propia. El objetivo declarado es una ventanilla única para las personas sin empleo.
Hasta ahora, Lanbide gestiona las políticas activas —orientación, formación y programas de inserción— y sus prestaciones propias, mientras el SEPE se ocupa de las pasivas, esto es, del cobro de la prestación contributiva y de los subsidios. La transferencia alcanza a unas 51.000 personas y a un volumen de recursos de 822 millones de euros. En el momento de la firma se trasladó que Lanbide incorporaría 468 plazas públicas ocupadas por trabajadores del SEPE y la conversión de las 30 oficinas del organismo en Euskadi en oficinas del servicio vasco, además de las oficinas provinciales.
Las plazas sin cubrir del SEPE y el rechazo de parte de la plantilla
El problema principal es de personal. Las oficinas del SEPE en Euskadi no tienen cubiertas todas sus plazas, con vacantes que casi alcanzan el 40%, una situación que se repite en la mayor parte del Estado. A ello se suma que trabajadores de este organismo están rechazando su paso a Lanbide, según confirman fuentes de la plantilla.
Con ese escenario, solo 141 plazas estarían ocupadas si el traspaso se hubiera materializado el 1 de enero. ‘Una cantidad totalmente insuficiente, porque las solicitudes de prestaciones no van a esperar a que la Administración termine de organizarse’, apuntan desde la plantilla.
El traspaso se firmó el 16 de enero de 2026 con un plazo de un año para hacerlo operativo, y el nuevo calendario lo extiende hasta julio de 2027.
El precedente del traspaso firmado en enero de 2026 y el calendario pendiente
Antes del retraso, trabajadores del SEPE en Euskadi ya habían advertido por escrito del ‘colapso’ en el que entraría el servicio si la transferencia se ejecutaba el 1 de enero sin plantilla suficiente y sin la formación adecuada. La decisión de posponerla ha sido recibida con satisfacción por parte de la plantilla, según las fuentes consultadas, porque permite garantizar el servicio.
El motivo del rechazo al traslado es laboral. Pasar a Lanbide les cerraría la posibilidad de cambiar de comunidad autónoma en futuros concursos de traslados, de modo que quienes han querido moverse han optado por hacerlo de inmediato dentro del SEPE. Ese factor explica que el número de plazas disponibles quedara muy por debajo de las 468 previstas.
Durante los meses de espera, Lanbide iniciará la contratación de alrededor de un centenar de interinos, que se formarán en el propio puesto para desarrollar las competencias que ahora gestiona el SEPE. La transferencia se enmarca en la negociación abierta entre ambos Gobiernos para que Euskadi asuma la gestión de la Seguridad Social, cuyo segundo bloque, el vinculado a las pensiones, no se ha cerrado.
El nuevo calendario sitúa la puesta en marcha del traspaso en el tramo final de la legislatura, que concluye como máximo en julio de 2027. Ninguna otra comunidad autónoma ha asumido hasta ahora la gestión de las políticas pasivas, competencia que el SEPE mantiene en el resto del territorio. El modelo vasco concentraría así políticas activas y pasivas en un mismo servicio público.
