El caso antimonopolio contra Google se cierra sin desmembración: la compañía conserva Chrome y su negocio publicitario.
Dos demandas, dos jueces y seis años de litigio antimonopolio
El origen está en octubre de 2020, cuando el Departamento de Justicia (el DOJ, la fiscalía federal de Estados Unidos) presentó ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, una demanda que acusaba a Google de violar la Ley Sherman, la norma de 1890 que prohíbe las prácticas monopolísticas. La acusación hablaba de monopolios mantenidos ilegalmente en las búsquedas generales, la publicidad de búsqueda y la publicidad de texto. Y lo que pedía no era una multa: la desmembración de la compañía estaba sobre la mesa.
El caso llegó a juicio a finales de 2023 con el juez Amit Mehta, designado por Barack Obama, al frente. En septiembre de 2025, Mehta dictó una resolución salomónica: Google no tendría que vender Chrome ni Android, pero quedaba declarada su responsabilidad por haber dañado a los clientes editoriales, al proceso competitivo y a los consumidores.
Las reparaciones impuestas fueron de conducta, no estructurales: poner fin a los contratos empaquetados con fabricantes de dispositivos, compartir el índice de búsqueda con rivales a cambio de una tarifa, permitir que alquilen durante cinco años resultados de búsqueda y mapas, licenciar la red de anuncios de búsqueda y aceptar un grupo de vigilancia de cinco miembros durante seis años.
La segunda demanda llegó a comienzos de 2023 y apuntaba al corazón publicitario. La acusación describía tres mercados monopolizados —el servidor de anuncios, la subasta de espacios o ad exchange y la red de anuncios para anunciantes— y una práctica de venta atada. La jueza Leonie Brinkema, designada por Bill Clinton, volvió a declarar culpable a la compañía.
Sobre la mesa llegaron a estar las medidas más duras: vender Google Ads, incluidas AdX y DoubleClick for Publishers; renunciar a la venta atada durante una década; depositar en una cuenta bloqueada la mitad de los beneficios de esas herramientas desde abril de 2025; y no usar datos de YouTube, Gmail, Search, Chrome o Android para excluir a rivales durante diez años.
Washington ha vuelto a elegir la vigilancia antes que el bisturí: prefiere corregir cómo compite Google antes que partir la compañía en pedazos.
Ese escenario se ha desvanecido. En septiembre de 2026, Brinkema ha resuelto que Google no tendrá que vender su negocio publicitario y que conserva intactos todos sus productos principales. La decisión mantiene la exigencia de cambios de conducta. El contenido exacto de esas obligaciones sigue bajo sello: el texto íntegro de la opinión judicial está previsto para finales de este mismo mes, así que el alcance real de las reparaciones todavía no es público.
Lo llamativo es la simetría. Dos jueces distintos y dos administraciones distintas —la primera demanda se presentó con Donald Trump en la Casa Blanca, el grueso del litigio se sustanció bajo Joe Biden y el cierre llega con Trump de vuelta en el Despacho Oval— han acabado dando la misma respuesta: reparaciones de conducta, supervisión externa y ninguna desmembración.
Qué cambia para los anunciantes, los medios y las empresas españolas
Para el mercado publicitario, la consecuencia inmediata es la continuidad. La integración vertical sigue en pie, ahora con reglas de conducta encima. El mismo actor que vende el servidor, organiza la subasta y compra el inventario mantiene esa posición, solo que sometido a obligaciones cuyo alcance no se conocerá hasta que se desclasifique la opinión de la jueza.
En España el efecto llega por tres vías. La primera afecta a los medios y editores digitales, que dependen de las herramientas de monetización de Google para vender su inventario: si las reparaciones obligan a abrir datos o a separar la subasta, ganan margen de negociación. La segunda toca a agencias y anunciantes que compran a través de Google Ads. La tercera es regulatoria: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vigila el mismo mercado desde Madrid, y sus expedientes no se archivan porque lo haga un tribunal de Washington.
Ahí está la clave que conviene no perder de vista. La decisión americana no desactiva el frente europeo. Bruselas aplica desde marzo de 2024 el Reglamento de Mercados Digitales, la norma que impone obligaciones a las plataformas consideradas guardianas de acceso, y ese marco no depende de cómo resuelva un juez federal en Columbia.
La Lógica de Washington
Entender por qué Washington deja a Google entera exige mirar el problema como lo mira un juez federal. Para el DOJ, el objetivo nunca fue castigar el tamaño, sino impedir que una posición dominante se use como palanca para cerrar el siguiente mercado. Esa doctrina viene de la Ley Sherman y se ha aplicado con altibajos desde los años setenta: el caso contra AT&T terminó en desmembración en 1984, mientras que el largo pulso con Microsoft se cerró en 2001 sin trocear la compañía.
Hay una segunda capa, política. El Partido Republicano no tiene una doctrina única sobre las grandes tecnológicas. Conviven quienes las ven como instrumento de censura y quieren someterlas a reglas de neutralidad, y quienes consideran que trocear a las empresas más valiosas del país debilita la posición americana frente a Pekín en la carrera por la inteligencia artificial.
En ese pulso, la desmembración es la opción que menos votos da y más ruido genera. El Partido Demócrata, que ha hecho de la competencia tecnológica una bandera, también está dividido entre quienes reclaman rupturas y quienes temen desmantelar campeones nacionales.
La lectura estratégica es, por tanto, la del pragmatismo. La reparación conductual es más rápida, menos lesiva para los inversores y más fácil de supervisar, aunque también más difícil de verificar y, por tanto, más reversible. Ese es el riesgo que queda abierto para España y para el resto de Europa: con el texto judicial todavía sellado, la incógnita no es si Google sale entera, sino cuánto tardará en discutirse si cumple de verdad lo que se le impone.
Ficha del Caso
- El caso: Dos demandas antimonopolio del Departamento de Justicia contra Google —búsqueda y publicidad digital— que llegaron a amenazar con la mayor desmembración empresarial en Estados Unidos desde AT&T en 1984.
- Datos clave: La primera demanda se presentó en octubre de 2020. El juez Mehta eximió a Google de vender Chrome y Android en septiembre de 2025. En septiembre de 2026, la jueza Brinkema ha descartado la venta del negocio publicitario. Las reparaciones definitivas siguen selladas hasta finales de mes.
- Para España: Los editores digitales y las agencias que operan con herramientas de Google mantienen el statu quo, con obligaciones de conducta aún por concretar. El contrapeso regulador llega desde Bruselas y desde la CNMC, no desde Washington.
