EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Servicio Postal ha paralizado la verificación del voto por correo que exigía la orden ejecutiva de Donald Trump, tras mantener el Tribunal Supremo la cautelar que bloquea su aplicación.
- ¿Quién está detrás? La orden la firmó el presidente de Estados Unidos; el director general del organismo, David Steiner, confirmó la paralización a la agencia AP; los demócratas del Capitolio exigían explicaciones desde la denuncia de un informante anónimo.
- ¿Qué impacto tiene? Alabama y Carolina del Norte ya votan por correo sin adaptar sobres ni censos; para España, el Congreso que salga del 3 de noviembre de 2026 condiciona aranceles, defensa y relación transatlántica.
El Servicio Postal detiene la verificación del voto por correo de Donald Trump tras el aval del Tribunal Supremo. La confirmación la puso el propio director general de la agencia, David Steiner, en una entrevista concedida el jueves a la agencia AP: ‘no estamos haciendo nada’.
La agencia envió además un mensaje a toda su plantilla, todavía más explícito: el Servicio Postal ‘no aplicará ninguna de estas reglas nuevas en las elecciones federales de 2026’. Washington cierra así un capítulo que llevaba semanas en los tribunales.
Qué ordenaba exactamente la orden ejecutiva que el Supremo ha dejado en suspenso
Tres exigencias fijaba la orden ejecutiva, un decreto presidencial que no necesita el visto bueno del Congreso. Un modelo único de sobre con códigos de barras para rastrear cada papeleta. La entrega de listas depuradas de votantes aptos, volcadas en un portal digital. Y la tercera daba fuerza a las demás: en los estados que no se adaptaran al al nuevo modelo, la agencia podría negarse a repartir el voto por correo.
El argumento de la Casa Blanca es que el voto postal funciona con estándares distintos en cada estado y que esa dispersión abre la puerta al fraude. La respuesta judicial llegó antes que la política. El Tribunal Supremo rechazó la petición de emergencia del presidente y dejó en pie la cautelar. Un informante anónimo reveló después que la agencia seguía trabajando en el sistema pese al bloqueo, y los demócratas del Capitolio exigieron explicaciones.
Dos meses de calendario electoral y estados que ya están votando
Alabama y Carolina del Norte han abierto el voto por correo anticipado y, a menos de dos meses de la cita del 3 de noviembre, montar un sistema nuevo era una tarea titánica para cualquier administración estatal. Ese detalle, más que el jurídico, explica la decisión de Steiner.
El Servicio Postal no ha entrado en el fondo del debate: ha parado porque un tribunal se lo ordena, no porque le convenza el argumento.
El director general del organismo fue explícito. ‘No me corresponde decidir qué reglas acepto y cuáles no’, declaró a AP, antes de insistir en que su mirada es la de la ejecución y no la del debate político.
Lo que viene es litigio. La cautelar no es una sentencia: mantiene el statu quo mientras se decide el fondo, y la Administración puede volver al Supremo o reformular la orden para salvar los escollos. Los estados imprimen papeletas con plazos que vencen en octubre.
En Bruselas y en Madrid el asunto se mira con otra lente. No hay exposición comercial directa a un sobre con código de barras, pero sí interés en cómo llegará el Congreso al 6 de enero de 2027, tras unas midterms que se votan el 3 de noviembre. Un Capitolio distinto cambia el calendario de los aranceles, del gasto en defensa y del apoyo a Ucrania.
La Lógica de Washington
Hay que entender primero qué problema cree estar resolviendo la Casa Blanca. El voto por correo pasó de excepción a fenómeno masivo en 2020, con la pandemia, y arrastra desde entonces una desconfianza que el Partido Republicano no ha soltado. La coalición que sostiene a Donald Trump tiene en la integridad electoral una de sus banderas más movilizadoras: la orden ejecutiva era su traducción técnica, con sobre único, censo de electores verificable y poder de veto en manos del cartero.
El precedente americano ayuda a leerlo. Tras el desastre del recuento de Florida en 2000, el Congreso aprobó la ley HAVA de 2002, que inyectó dinero federal para homogeneizar máquinas y registros electorales. En 2020 la pelea se trasladó al propio Servicio Postal: su entonces director general, Louis DeJoy, recortó turnos y máquinas de clasificación a semanas de la cita electoral, y varios jueces le obligaron a dar marcha atrás.
Detrás de todo late un obstáculo constitucional que conviene tener claro: la Cláusula Electoral reserva a los estados la organización de sus comicios y solo permite al Congreso —no al presidente— imponer reglas uniformes. Eso explica que una orden ambiciosa acabara chocando con un juez.
Para España la lección es doble. La institucional: el voto por correo lo gestiona Correos, sociedad estatal de la que depende el Gobierno de turno, y en las generales de julio de 2023 tramitó más de dos millones de solicitudes. Las investigaciones por compra de votos por correo en Melilla o Mojácar dejaron claro que la cadena de custodia importa tanto como la urna.
La estratégica: el Congreso que salga de noviembre condiciona los aranceles que golpean a las exportaciones españolas y la regulación que afecta a grupos como Santander o Iberdrola.
Queda la misma incógnita que en 2020: si la pelea por el voto postal se resolverá en los tribunales o en las urnas. La próxima ventana no es judicial, sino material: ningún juez mueve las fechas de impresión de las papeletas.
Ficha del Caso
- El caso: El Servicio Postal paraliza el sistema de verificación del voto por correo que exigía la orden ejecutiva de Trump, tras mantener el Supremo la cautelar que bloquea su aplicación.
- Datos clave: Confirmación de David Steiner a AP el jueves; Alabama y Carolina del Norte ya votan por correo; legislativas el 3 de noviembre de 2026; certificación en el Congreso el 6 de enero de 2027.
- Para España: Sin impacto comercial directo, pero sí político: el nuevo Congreso decidirá sobre aranceles, defensa y relación transatlántica.
