El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución que sitúa la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez entre los factores que, a juicio de la mayoría de los eurodiputados, pudieron contribuir a la llegada masiva de personas en situación irregular a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El texto, que no tiene carácter vinculante, reclama medidas urgentes a las autoridades españolas y europeas para reforzar el control de las fronteras exteriores y hacer frente a la instrumentalización de la migración.
La votación se ha saldado con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones. El documento fue promovido por el Partido Popular Europeo y contó con el respaldo de los liberales de Renew y de los tres grupos de la derecha radical: Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos y Europa de las Naciones Soberanas. En este último bloque se integra Vox.
La resolución no ha recibido el apoyo del grupo de Socialistas y Demócratas, de Izquierda Europea ni de los Verdes. También se ha opuesto parte de Renew, entre ellos la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia. La líder de los socialistas europeos, la española Iratxe García, había establecido como condición que el texto no señalara directamente al Gobierno español.
El debate europeo se produce después de la crisis migratoria que vivió Ceuta a finales de julio, cuando miles de personas intentaron acceder a la ciudad autónoma desde Marruecos. La resolución respalda una carta suscrita por 22 líderes europeos que ya había advertido de que las regularizaciones extraordinarias podían generar un efecto de atracción para nuevos desplazamientos irregulares.
El documento aprobado en Estrasburgo reproduce esa preocupación y sostiene que las entradas masivas no controladas no deben crear la percepción de que acceder ilegalmente a la Unión Europea puede convertirse en una estancia legal. Según los eurodiputados, esa percepción puede alentar nuevos intentos de entrada y debilitar la confianza en la política migratoria común.
Una advertencia sobre las regularizaciones y el espacio Schengen
La resolución aprobada por la Eurocámara introduce una crítica a las decisiones migratorias que los Estados miembros adoptan de forma unilateral. El texto afirma que las políticas nacionales, incluidas las regularizaciones masivas, deben tener en cuenta sus repercusiones sobre los demás países del espacio Schengen y sobre el conjunto de la Unión Europea.
El debate se ha reforzado con una enmienda de ERC que expresa una “profunda preocupación” por la política de regularización “a gran escalada aplicada por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez”. La enmienda sostiene que esa política “genera un efecto llamada y transmite el mensaje equivocado a los posibles migrantes y a las redes delictivas de tráfico ilícito de migrantes”.
La mención a la regularización constituye uno de los elementos políticos más relevantes del texto, aunque el informe no establece una relación causal demostrada entre esa medida y la crisis de Ceuta. La resolución recoge una posición parlamentaria mayoritaria, no una investigación independiente que determine qué factores provocaron los cruces masivos.
La Eurocámara también ha respaldado una referencia a las advertencias previas que, según el Partido Popular, habían transmitido las autoridades locales y los servicios de seguridad e inteligencia al Gobierno español. Los populares han destacado que el informe recoge “advertencias ignoradas, peticiones no atendidas, retrasos en la solicitud de ayuda europea y decisiones políticas del Gobierno español que han agravado la crisis”.
En paralelo, los eurodiputados han reiterado que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas cuya soberanía e integridad territorial están fuera de toda duda. El texto reconoce la responsabilidad y la resiliencia demostradas por los ciudadanos y las autoridades de Ceuta durante una crisis que el documento califica de sin precedentes.
Frontex, retornos y una presión renovada sobre Marruecos
La resolución europea reclama que España utilice plenamente el Pacto sobre Migración y Asilo, que entró en aplicación el pasado mes de junio, y que se agilicen los procedimientos de retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión. Los eurodiputados incluyen expresamente a los menores no acompañados, aunque recuerdan que cualquier devolución debe respetar el Derecho europeo e internacional.
La cuestión de los retornos resulta especialmente sensible en Ceuta. La llegada masiva de finales de julio dejó a la ciudad autónoma ante el desafío de gestionar a miles de personas, mientras las autoridades españolas deben determinar qué procedimientos son aplicables a cada caso. El Parlamento Europeo reclama que las devoluciones sean rápidas y efectivas, pero también que se desarrollen dentro de las garantías legales.
El informe pide a Bruselas que evalúe las consecuencias transfronterizas de los desplazamientos secundarios derivados de una entrada masiva irregular. Se trata de una preocupación vinculada al funcionamiento del espacio Schengen, donde la circulación sin controles fronterizos interiores hace que una crisis localizada pueda tener efectos sobre otros Estados miembros.
La resolución considera que la protección de las fronteras exteriores es una responsabilidad compartida. Por ello, solicita reforzar la capacidad de Frontex, la agencia europea de fronteras, para responder ante situaciones de crisis y aumentar la financiación destinada tanto a las operaciones de control como a las infraestructuras fronterizas.
La posición adoptada por la Eurocámara también refuerza el debate sobre la necesidad de coordinación entre Madrid y las instituciones europeas. La crisis de Ceuta ha servido para poner sobre la mesa las dificultades de una política migratoria común cuando las decisiones nacionales tienen repercusiones en otros países de la Unión.
El texto no establece nuevas obligaciones jurídicas de aplicación inmediata, pero sí fija una posición política mayoritaria que presiona a los gobiernos para reforzar sus mecanismos de prevención y respuesta.
Marruecos, socio clave bajo la vigilancia de Bruselas
El papel de Marruecos ocupa otro de los apartados centrales de la resolución. Los eurodiputados reclaman a Rabat que asuma sus responsabilidades como socio clave de la Unión Europea y cumpla sus compromisos en materia de control migratorio y cooperación para la devolución de quienes cruzan irregularmente las fronteras.
La Eurocámara vincula esa cooperación con el respeto a la integridad territorial de los Estados miembros. El documento considera que cualquier declaración que cuestione la soberanía española resulta “inaceptable e incompatible con las obligaciones” de un país que mantiene una asociación con la Unión Europea.
La formulación supone una advertencia política a Marruecos, aunque el informe evita atribuir directamente a sus autoridades la organización o el impulso de los cruces masivos de finales de julio. Sí denuncia la instrumentalización de la migración como “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”.
El texto expresa además su pesar por la muerte de 141 migrantes durante el intento de entrada a nado desde Marruecos y sostiene que esas muertes podrían haberse evitado. La referencia introduce una dimensión humanitaria en un debate dominado por la seguridad fronteriza, pero no desarrolla una investigación sobre las circunstancias concretas de cada fallecimiento.
La resolución reclama a Marruecos que agilice los retornos de los migrantes llegados durante la crisis. También insiste en que la relación entre Bruselas y Rabat debe asentarse en compromisos claros, especialmente cuando la cooperación migratoria afecta a la seguridad de una frontera exterior de la Unión.
Durante la votación, Vox no consiguió que se incluyera su propuesta para exigir la suspensión inmediata de toda la financiación europea a Marruecos hasta que se resolviera la situación en Ceuta y Rabat ofreciera garantías suficientes de cooperación. Sí prosperó otra enmienda que reclama un marco más estricto y transparente para conceder y supervisar fondos a terceros países.
Esa modificación contempla mecanismos para suspender y recuperar íntegramente los fondos europeos cuando exista falta de cooperación del país receptor o estén en juego los intereses de la Unión o de cualquiera de sus Estados miembros. La medida introduce un elemento de condicionalidad en la política exterior europea, aunque su aprobación no implica la suspensión automática de las ayudas a Marruecos.
El resultado de Estrasburgo deja así una doble señal. Por un lado, el Parlamento Europeo cuestiona las políticas nacionales de regularización y pide una respuesta más coordinada a la migración irregular. Por otro, refuerza la exigencia de que Marruecos cumpla sus compromisos como socio de la Unión y respete la soberanía española.
Para Ceuta, la resolución supone el reconocimiento de que su crisis migratoria tuvo una dimensión europea. Para el Gobierno español, abre un nuevo frente político sobre la gestión de la regularización extraordinaria, el control fronterizo y la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo. Y para Bruselas, plantea la necesidad de que la protección de sus fronteras exteriores no dependa únicamente de la capacidad de respuesta de cada Estado miembro.
