El Ayuntamiento de Madrid pierde siete de cada diez sentencias por multas ZBE, y el patrón se repite desde enero de 2025. Entre ese mes y agosto de 2026, los tribunales han dado la razón a los conductores en 1.835 resoluciones frente a Dvuelta, la entidad que asume estos recursos. De todas ellas, 1.333, el 72,6%, tienen que ver con el control de acceso a la Zona de Bajas Emisiones.
El resto del mapa sancionador queda muy atrás. Las multas por exceso de velocidad suman 445 fallos desfavorables para el Consistorio, un 24,25% del total. Estacionamiento, 31 sentencias. Semáforo, 9. Otros epígrafes, 17. Casi todo lo que se cae en los juzgados sale de las cámaras que leen matrículas, no de los agentes de movilidad.
Conviene retener otro número. En 1.158 resoluciones, el 63,11%, el juez condenó al Ayuntamiento a pagar las costas procesales. Es dinero público, y lo pagan los madrileños.
Por qué el juez anula la multa: la señalización que nadie acredita
El argumento que sostiene las anulaciones es siempre el mismo. La normativa obliga a que el conductor vea, antes de entrar en en la zona restringida, carteles que le adviertan de que se están captando datos e imágenes para controlar el acceso. Según Dvuelta, en la práctica totalidad de los procedimientos el Ayuntamiento no ha aportado un solo documento que demuestre que esos carteles existían, dónde estaban colocados y cómo eran. Sin esa prueba, la sanción cae por vulneración del derecho a la información y a la defensa.
A eso se suma una ausencia que incomoda a los jueces: el Consistorio no comparece en buena parte de las vistas, de modo que el tribunal resuelve sin contradicción, con el expediente administrativo como única versión de los hechos. Las costas de esas incomparecencias también salen de las arcas municipales.
Un sistema que produce expedientes a escala industrial no puede defenderse con la misma diligencia, y quien paga esa asimetría es el contribuyente.
Las cámaras multiplican los expedientes que ningún agente podría levantar
ZBE y velocidad comparten método: control automatizado por cámaras de lectura de matrícula. Dvuelta sostiene que esa maquinaria genera expedientes en una escala que ninguna plantilla de agentes alcanzaría, y que la proporción de sentencias perdidas reproduce, más o menos, el reparto real de las multas emitidas. En veinte meses, 1.778 sanciones de esos dos epígrafes han sido anuladas por los tribunales.
La foto del dinero completa el cuadro. En 2025 el Ayuntamiento reconoció 283.220.606 euros de ingresos por multas, 74,7 millones por encima de lo presupuestado, un desfase del 35,8% que Dvuelta sitúa como el mayor entre las grandes ciudades que analiza. El presupuesto de 2026 rebajó la previsión a 194,5 millones.
Para el conductor, el trámite sigue un camino conocido. El boletín de denuncia abre un plazo de veinte días naturales para presentar alegaciones; si la sanción se confirma, quedan el recurso de reposición ante el propio Ayuntamiento y, después, la vía contencioso-administrativa. El argumento que más está funcionando es precisamente el que el Consistorio no acredita: la señalización informativa. Conviene adjuntar fotografías fechadas del punto de acceso, con o sin cartel, porque es el elemento que los jueces están valorando.
Madrid Central, siete años después: el mismo defecto y la misma factura
No es la primera vez que la Zona de Bajas Emisiones tropieza con un defecto formal. La ordenanza que creó Madrid Central fue anulada en 2019 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid porque faltaba la memoria económica que exige la ley. El Ayuntamiento tardó meses en rehacer el expediente y dar cobertura normativa al área restringida. Entonces el problema era un papel; ahora es la cartelería.
La diferencia es que el defecto actual está identificado, documentado y repetido en más de mil sentencias. Corregirlo no exige una norma nueva. Exige un inventario fotográfico de las señales, un plano de la ruta informativa y personarse en las vistas. Es justo lo contrario de lo que ha hecho el Consistorio, que ha mantenido el sistema sancionador y ha dejado que los juzgados lo desmonten una y otra vez.
Dvuelta sostiene que esta insistencia solo se explica por la recaudación y acusa al Ayuntamiento de anteponer el dinero a la legalidad de sus propios procedimientos. Es su valoración, no la nuestra, pero los números de 2025 no ayudan a rebatirla: 74,7 millones de euros más de lo previsto en un solo ejercicio. Cada condena en costas que se repite engorda esa factura con el dinero de todos.
Las ordenanzas fiscales y el proyecto de presupuesto de 2027 empezarán a tramitarse en las próximas semanas. Ahí se verá si Madrid arregla la señalización o se limita a ajustar otra vez la previsión de ingresos.
